El portavoz del PP andaluz, Toni Martín, ha señalado este martes que el actual colapso en el programa de cribado del cáncer de mama tiene su origen en un cambio de protocolo realizado en 2011, bajo el mandato de la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, entonces consejera de Salud de la Junta de Andalucía.

“Este Gobierno ha pedido disculpas, ha puesto en marcha un plan de choque y ha iniciado una auditoría. Estamos actuando y resolviendo el problema”, declaró Martín ante los medios. Aun así, consideró importante recordar “cómo se ha llegado hasta aquí”, y atribuyó el diseño actual del circuito asistencial a una reforma impulsada por Montero hace más de una década.

Las declaraciones se producen tras la activación de un plan de choque dotado con 12 millones de euros, anunciado por la Junta para revisar antes del 30 de noviembre las pruebas pendientes a más de 1.800 mujeres. La mayoría de los casos se concentran en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde se ha detectado un cuello de botella en la derivación de pruebas complementarias.

Críticas y responsabilidades asumidas

Martín insistió en que el Ejecutivo de Juanma Moreno ha actuado con transparencia desde que se detectó el problema: “No se trata de mirar hacia atrás para quitarse responsabilidades, que las asumimos, sino de conocer cómo se ha llegado hasta aquí”. En esa línea, defendió que el plan de choque y la auditoría en marcha evidencian la voluntad de corregir los errores.

El portavoz popular también reivindicó que el nuevo modelo permitirá que “las más de 1.800 mujeres afectadas tengan respuesta antes del 30 de noviembre”, según el calendario presentado por la Junta. Además, se modificarán los protocolos para eliminar pasos intermedios y evitar que un diagnóstico no concluyente quede sin seguimiento durante meses.

La oposición cuestiona la gestión

Las críticas al Gobierno andaluz se han intensificado en los últimos días, tras las denuncias de la asociación Amama y la presentación de una denuncia penal por parte de Izquierda Unida ante la Fiscalía General del Estado. IU ha señalado a los tres últimos consejeros de Salud por presuntos delitos de omisión del deber de socorro y lesiones imprudentes, mientras que Amama ha asegurado que ya se han producido fallecimientos por diagnósticos tardíos.

Frente a estas acusaciones, el PP andaluz sostiene que el Ejecutivo ha actuado con rapidez, ha asumido sus errores y ha desplegado todos los medios disponibles para normalizar el sistema. En paralelo, el partido pide contextualizar el problema y revisar decisiones estructurales heredadas de etapas anteriores, como el diseño del protocolo de cribado vigente desde 2011.