Récord de 529 agresiones a funcionarios en la prisión de Morón durante 2025

La prisión de Morón de la Frontera (Sevilla) ha alcanzado un máximo histórico de 529 agresiones a funcionarios durante 2025, la cota más elevada de toda la serie estadística que arrancó en 2017 con 305 casos. Los datos figuran en una respuesta del Gobierno de España a una pregunta escrita formulada por miembros del grupo Vox en el Congreso de los Diputados, donde se detalla tanto la evolución interanual de estos incidentes como las medidas adoptadas para contenerlos.

El salto cuantitativo se vincula, en parte, con un cambio metodológico: a partir de 2022, el registro comenzó a incluir empujones, lanzamiento de líquidos o escupitajos, "por lo que a partir de este año se muestra un incremento", reconoce el Ejecutivo en su respuesta. El efecto fue inmediato: las agresiones pasaron de 159 en 2021 a 453 en 2022, se elevaron a 508 en 2023, descendieron ligeramente a 505 en 2024 y han repuntado hasta las 529 de 2025.

Antes del cambio de criterio, la curva seguía una trayectoria descendente. Tras los 305 incidentes de 2017, se registraron 223 en 2018 y otros 223 en 2019. La cifra cayó a 176 en 2020 -año marcado por las restricciones de la pandemia- y tocó su mínimo con 159 en 2021. El propio Gobierno matiza que los datos son susceptibles de ser modificados conforme a la documentación que se pueda recibir con posterioridad a la fecha de emisión de la respuesta.

Medidas de prevención y protocolo de actuación

El Ejecutivo enumera en su respuesta las acciones que se llevan a cabo "para prevenir, evitar, minimizar o canalizar las agresiones a profesionales penitenciarios". Entre ellas destaca el análisis de cada incidente con el fin de "detectar las causas o diseñar estrategias preventivas", así como el traslado de pautas a los consejos de dirección de cada centro para que "actualicen la normativa y procesos de actuación según los aspectos de mejora detectados".

Además, la Administración penitenciaria pone "a disposición de los profesionales penitenciarios de los elementos de protección personal e intervención adecuados" y exige a cada centro "poner especial énfasis en la importancia de la observación y el conocimiento de la población reclusa".

Investigación tras cada agresión y formación continua

El Protocolo específico de actuación frente a agresiones establece que "cuando se produce una agresión, las personas titulares de las Subdirecciones de Seguridad inician una investigación para determinar las causas asociadas a este incidente y para adoptar medidas preventivas, al objeto de intentar las causas e intentar que no se reproduzcan las circunstancias que han dado lugar a la agresión".

A esta labor reactiva se suma la formación continuada. Cada año se "imparten cursos de formación dirigidos a profesionales que desempeñan su labor en el área de vigilancia en el que son instruidos sobre aquellos aspectos que deben tener en cuenta para una adecuada canalización y resolución de incidentes regimentales", detalla el Gobierno en su respuesta parlamentaria.