
La Administración autonómica prosigue con las mediciones ambientales en la barriada Guadalquivir tras los persistentes hedores que afectan a los residentes. La nueva unidad de análisis adquirida proporciona resultados más precisos, aunque todavía no se ha completado el informe definitivo que los vecinos reclaman.
El Juzgado de Instrucción número 20 de Sevilla ha ordenado la apertura de diligencias previas contra varios responsables públicos. Entre los investigados figuran la exconsejera de Salud Rocío Hernández, su antecesora y actual titular de Medio Ambiente Catalina García, la exdelegada territorial Regina Serrano y otros cargos del Servicio Andaluz de Salud (SAS). "Nos tienen a su disposición", manifestó la consejera en comisión parlamentaria este martes, asegurando colaboración tanto con afectados como con autoridades judiciales.
El diputado socialista Rafael Recio trasladó las inquietudes vecinales durante la sesión parlamentaria. Los residentes desean conocer el plazo de entrega del informe y si el grupo de trabajo contempla reubicar a población vulnerable como niños o personas con patologías crónicas. "Por supuesto, todas las partes del grupo de trabajo tendrán información directa, incluidos los vecinos", garantizó García sobre los resultados finales.
La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias impulsa un protocolo de investigación de exposiciones medioambientales sin precedentes en España. Esta iniciativa se centra en vigilancia epidemiológica, formación profesional y promoción de la salud, según informaron a la asociación vecinal en una reunión del grupo de trabajo coordinado por la delegada territorial Inmaculada Gallardo.
Desde 2020, el Distrito Sanitario mantiene una comisión de participación ciudadana con encuentros periódicos para atender demandas asistenciales. El área sanitaria ha incrementado el número de médicos en el centro de salud y establecido un sistema de consultas en el Servicio de Medicina Interna del Hospital Virgen del Rocío. Además, Salud Pública ha remitido a la asociación dos estudios epidemiológicos retrospectivos sobre pacientes atendidos en 2017.
La consejera sostuvo que la Junta será "la primera en tomar medidas correctoras" si los análisis lo requieren. El grupo de trabajo integra representantes de las delegaciones territoriales de Salud y Consumo, Industria, Energía y Minas, Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, junto con la Secretaría General de Medio Ambiente y Cambio Climático y la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica.