El escándalo que rodea la ampliación del Puente del Centenario en Sevilla revela las entrañas de una trama de corrupción que conecta las más altas esferas del PSOE con la adjudicación irregular de obra pública. La investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil expone cómo Servinabar, empresa vinculada al exdirigente socialista Santos Cerdán, se embolsó casi dos millones de euros por servicios prácticamente inexistentes en uno de los proyectos de infraestructura más controvertidos de la capital andaluza.

El entramado societario: una red diseñada para el saqueo

La relación entre Acciona y Servinabar no surge de la casualidad empresarial, sino de una arquitectura premeditada para el desvío de fondos públicos. El 27 de noviembre de 2018, ambas compañías firmaron un Memorándum de Entendimiento que establecía las bases de su colaboración en la "oportunidad de negocio" del Puente del Centenario. Este documento, redactado incluso antes de que el Gobierno anunciara oficialmente el proyecto, evidencia el conocimiento privilegiado del que disponía la trama.

El acuerdo estipulaba que Servinabar recibiría automáticamente, "sin proceso de licitación", el 2% de todos los cobros netos que Acciona percibiera del Estado. Esta cláusula, aparentemente técnica, escondía el mecanismo perfecto para el cobro de mordidas: una empresa con capacidad operativa mínima que facturaba millones por servicios difusos.

Santos Cerdán, quien poseía el 45% de las acciones de Servinabar según documentación de 2016, no aparecía formalmente en las operaciones, pero los mensajes interceptados por la UCO revelan su papel director. "Sevilla?" preguntaba insistentemente a Koldo García, el asesor de José Luis Ábalos, ejerciendo una presión constante para que la adjudicación saliera adelante. Esta obsesión, documentada en conversaciones de WhatsApp de abril de 2019, demuestra el interés personal del entonces número tres del PSOE en el éxito de la operación.

La anatomía del fraude: facturas sin contenido real

El análisis forense de la documentación incautada por la Guardia Civil revela un patrón sistemático de irregularidades. Entre septiembre de 2019 y octubre de 2020, Servinabar emitió 21 facturas a Acciona Construcción por valor de 171.916 euros. Los conceptos reflejados en estos documentos -"ayudas servicios varios, topografía, señalización, seguridad y salud"- presentan tal grado de imprecisión que resulta imposible determinar qué trabajos concretos se realizaron.

Esta opacidad no es accidental. Las facturas, emitidas con meses de retraso respecto a los supuestos servicios prestados, funcionaban como un mecanismo de blanqueo de las comisiones ilegales. Los investigadores han identificado además cuatro contratos adicionales, tres de ellos sin firmar, que amplían el alcance de esta relación comercial ficticia.

La realidad operativa de Servinabar en el Puente del Centenario contrasta brutalmente con las cifras millonarias facturadas. La empresa destinó un único trabajador a la obra: Antonio Muñoz Cano, cuñado de Santos Cerdán, contratado como peón especialista desde septiembre de 2019 hasta diciembre de 2022. Este dato demoledor expone la desproporción entre los servicios supuestamente prestados y las cantidades cobradas.

El coste para las arcas públicas: de 71 a 130 millones

El proyecto de ampliación del Puente del Centenario ejemplifica la espiral de sobrecostes que caracteriza a las obras públicas marcadas por la corrupción. La adjudicación inicial, formalizada el 17 de mayo de 2021 por 71,4 millones de euros, ha experimentado un incremento presupuestario que supera ya los 130 millones, un desfase del 83% respecto al coste original.

Esta explosión presupuestaria no puede desligarse del contexto de irregularidades que rodea el proyecto. Javier Herrero, entonces director General de Carreteras y también investigado en la trama, comunicó a Koldo García que Acciona había resultado adjudicataria por ser "la más barata sin caer en baja temeraria". Sin embargo, los sobrecostes posteriores cuestionan la veracidad de esta afirmación y sugieren que el presupuesto inicial podría haber sido artificialmente bajo para facilitar la adjudicación.

El proyecto acumula además más de dos años de retraso sobre el cronograma previsto, lo que multiplica el impacto económico y social de una infraestructura crítica para la movilidad en el área metropolitana de Sevilla. Cada mes de demora no solo incrementa los costes directos de la obra, sino que perpetúa los problemas de congestión y seguridad vial que la ampliación pretendía resolver.

El modus operandi: anticipación y coordinación

La cronología de los hechos revela un nivel de coordinación que trasciende la mera coincidencia temporal. El Memorándum de Entendimiento entre Acciona y Servinabar se firmó diez meses antes de la adjudicación de emergencia de las obras de las carreteras de acceso al Puerto, lo que sugiere un conocimiento anticipado de las decisiones gubernamentales.

Los mensajes interceptados muestran cómo Santos Cerdán ejercía una presión constante sobre la estructura del Ministerio de Fomento. El 2 de abril de 2019, ordenó a Koldo que se cerrase "Sevilla", recibiendo confirmación de que se le daría trámite. La insistencia del dirigente socialista, calificada por el propio Koldo como una "obsesión", evidencia la importancia económica que el proyecto tenía para los intereses de la trama.

La división del proyecto en dos fases -los trabajos previos para la sustitución de tirantes y la mejora de accesos al Puerto- facilitó la adjudicación por vía de emergencia, un procedimiento que permite sortear los controles habituales de la contratación pública. Fomento adjudicó a Acciona el enlace del Puerto de Sevilla con la SE-40 por 6,5 millones de euros mediante este procedimiento excepcional en julio de 2019.

Las ramificaciones políticas: una trama que alcanza la cúpula del PSOE

La investigación del Tribunal Supremo ha puesto al descubierto una red de corrupción que involucra a figuras clave del aparato socialista. Santos Cerdán, actualmente en prisión, ocupaba el cargo de secretario de Organización del PSOE, el número tres del partido y mano derecha de Pedro Sánchez. José Luis Ábalos dirigía el Ministerio de Fomento, cartera desde la que se gestionaban las adjudicaciones investigadas.

El informe de la UCO menciona una supuesta mordida de 450.000 euros gestionada por Cerdán para el exministro Ábalos, lo que amplía el alcance de la trama más allá del enriquecimiento personal del dirigente navarro. Esta cantidad representaría una comisión adicional al margen del 2% estipulado en el acuerdo entre Acciona y Servinabar.

La utilización sistemática de empresas interpuestas, la emisión de facturas por servicios inexistentes y el uso de información privilegiada configuran un patrón delictivo que los investigadores consideran podría extenderse a otras adjudicaciones públicas. El Supremo investiga distintos contratos de obra pública que habrían seguido el mismo esquema, con Servinabar como beneficiaria y porcentajes de comisión similares.

Mirando al futuro: consecuencias y escenarios pendientes

La comparecencia prevista para el 3 de diciembre de tres directivos de Acciona ante el magistrado Leopoldo Puente marcará un hito en la investigación. Su testimonio podría arrojar luz sobre el grado de conocimiento y participación de la multinacional en el entramado corrupto, así como revelar nuevos detalles sobre el funcionamiento interno de la trama.

El caso del Puente del Centenario plantea interrogantes sobre la supervisión y control de la obra pública en España. La facilidad con la que una empresa sin capacidad operativa real pudo facturar millones por servicios ficticios expone las vulnerabilidades del sistema de contratación pública y la necesidad de reforzar los mecanismos de vigilancia.

Para Sevilla, más allá del escándalo político, persiste el problema de una infraestructura crítica inacabada, con sobrecostes millonarios y retrasos que afectan directamente a la calidad de vida de miles de ciudadanos. La resolución judicial del caso no resolverá los problemas de movilidad que el puente ampliado debería haber solucionado hace años, ni devolverá a las arcas públicas los millones desviados a través de esta trama de corrupción que conecta los despachos del poder político con las obras públicas más emblemáticas de la ciudad.