
La protesta ha tenido lugar en la mañana de este jueves ante la sede del consistorio hispalense. Las familias afectadas residen en un inmueble de la calle Verdad que ahora gestiona un banco tras su adquisición. La entidad financiera ha solicitado el lanzamiento para el próximo 5 de diciembre, fecha que marca el límite para los inquilinos.
Los vecinos mantienen contratos en vigor con alquiler y opción a compra, según explican las organizaciones sociales en un comunicado. Sin embargo, el banco ha exigido el desalojo inmediato sin considerar esta circunstancia. La situación afecta directamente a nueve menores que residen en el bloque, mantenido y cuidado por los propios inquilinos, señalan las entidades.
Las plataformas ciudadanas denuncian que no se han tenido en cuenta los informes de Servicios Sociales. Estos documentos acreditan la "situación regular y compromiso continuo de pago" de las familias. Barrios Hartos asegura que hay vecinos dispuestos a abonar un alquiler justo de acuerdo a sus condiciones sociales, pero la entidad bancaria "está ignorando" esta disposición.
Las organizaciones sociales han criticado la actuación del Ayuntamiento, Emvisesa y el Defensor del Pueblo. Estas instituciones han calificado a las familias como "daños colaterales", indica Barrios Hartos. La plataforma exige a las administraciones que "cambien de postura" y obliguen al banco a respetar las condiciones de los inquilinos.
Los colectivos rechazan las "posibles" soluciones temporales que proponen las instituciones, ya que consideran que solo agravan la precariedad. Reclaman medidas definitivas que garanticen la permanencia de las familias en sus viviendas actuales. El delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha defendido en el Pleno de este jueves la política municipal en materia de vivienda. El responsable ha asegurado que Emvisesa está "dando respuesta a las personas con mayor vulnerabilidad social" y que "se estudian todos los casos de forma pormenorizada".