La Junta destina 41 millones al Bono Social Térmico andaluz
La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad ha invertido 40,97 millones de euros en el pago del Bono Social Térmico para más de 277.440 personas en Andalucía. Esta ayuda económica directa complementa el Bono Social Eléctrico y compensa gastos de calefacción, agua caliente y cocina en hogares vulnerables.
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La Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (ASSDA) gestiona esta prestación con personal específico destinado a agilizar la tramitación. El organismo ha enviado cartas informativas a todos los beneficiarios con el importe que les corresponde, los pasos para el cobro y los plazos establecidos para realizar la gestión.
Cuantías según vulnerabilidad y zona climática
La cantidad a percibir depende de dos factores principales: el grado de vulnerabilidad definido en el Bono Social Eléctrico y la zona climática donde se ubique la vivienda habitual del beneficiario. La Dirección General de Protección Social y Barriadas de Actuación Preferente ha ordenado el pago habilitando diferentes vías de gestión, tanto telefónica como telemática a través de la página web de la ASSDA.
Diversas entidades han contribuido a la difusión y tramitación de esta ayuda para garantizar que llegue a todas las personas con derecho a percibirla. Destaca la participación de la red de Servicios Sociales Comunitarios de las entidades locales andaluzas, el conjunto de centros Vuela-Guadalinfo y los recursos coordinados por la Dirección General de Consumo: consumoresponde.es, servicios provinciales de consumo y Oficinas Municipales de Información al Consumidor.
Regulación para el ejercicio 2025
La Orden de 13 de julio de 2023 de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad regula la concesión, gestión y pago del Bono Social Térmico en Andalucía. Durante 2025 se ha tramitado la prestación correspondiente al año 2024, destinada a quienes eran beneficiarios del bono social de electricidad a 31 de diciembre de 2023.
Esta ayuda económica directa está orientada específicamente a compensar los gastos derivados del uso de calefacción, agua caliente o cocina en hogares en situación de vulnerabilidad económica.