Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil irrumpieron este martes en las dependencias municipales del Ayuntamiento de Dos Hermanas. No era una visita de cortesía. El objetivo: incautar toda la documentación relacionada con Francisco Salazar, el hasta hace poco todopoderoso asesor del presidente Pedro Sánchez, quien según la investigación judicial habría cobrado del consistorio nazareno durante cinco años sin pisar su puesto de trabajo.
La operación responde a una orden del Juzgado de Instancia e Instrucción de Dos Hermanas, que el pasado julio abrió diligencias tras la denuncia presentada por Vox. Según esta formación política, Salazar habría percibido 2.000 euros mensuales entre 2012 y 2017 como técnico municipal, lo que sumaría aproximadamente 120.000 euros en total, mientras desarrollaba sus funciones en la sede federal del PSOE en Madrid o en el Palacio de la Moncloa.
El registro se centra específicamente en localizar los contratos y toda la documentación administrativa que acredite la relación laboral durante el mandato del exalcalde socialista Francisco Toscano. Los investigadores buscan pruebas que clarifiquen si efectivamente existió una contratación irregular y si Salazar cumplió con sus obligaciones laborales en el municipio sevillano.
La caída de Paco Salazar ha sido tan vertiginosa como su ascenso. Hasta julio de este año, el exdirigente socialista gozaba de la máxima confianza de Pedro Sánchez, acumulando responsabilidades tanto en Ferraz como en Moncloa. Estaba a punto de sumar a su cartera el cargo de adjunto a la Secretaría de Organización del PSOE cuando su carrera política se desmoronó abruptamente.
Las denuncias por presunto acoso a varias mujeres precipitaron su salida de todos los cargos. Pero lo que parecía el final de su trayectoria política se ha convertido en el principio de sus problemas judiciales. La investigación sobre su etapa en Dos Hermanas amenaza ahora con empañar aún más su reputación y podría tener ramificaciones que alcancen a otros responsables políticos.
La magistrada María del Valle Rivera ordenó el pasado 29 de julio la apertura de diligencias previas y dio luz verde a la Guardia Civil para recabar toda la documentación necesaria del Ayuntamiento. La investigación contempla posibles delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y prevaricación administrativa.
Según la denuncia de Vox, presentada por su portavoz municipal Adrián Trashorras, el entonces alcalde Francisco Toscano habría contratado a Salazar "a sabiendas de que no iba a trabajar para el Ayuntamiento de Dos Hermanas". De confirmarse estos extremos, ambos podrían enfrentarse a penas de prisión y a la inhabilitación para cargo público.
La causa ha sido declarada secreta, lo que impide conocer más detalles sobre las líneas de investigación y las pruebas recabadas hasta el momento. Esta medida es habitual en las fases iniciales de investigaciones complejas que involucran a cargos públicos.
Los investigadores de la Guardia Civil se han centrado en varios aspectos clave durante el registro. Por un lado, buscan el expediente completo de contratación de Salazar: desde la convocatoria del puesto hasta su nombramiento, pasando por los informes técnicos que avalaron su incorporación. También rastrean cualquier documento que acredite su actividad laboral: informes realizados, asistencia a reuniones, comunicaciones internas o registros de entrada y salida.
Especial interés tienen las nóminas y transferencias bancarias que demuestren los pagos efectuados durante esos cinco años. Los investigadores también examinarán las comunicaciones entre el Ayuntamiento y Salazar, especialmente aquellas que pudieran justificar sus ausencias o explicar cómo compatibilizaba su trabajo municipal con sus responsabilidades en Madrid.
Dos Hermanas, con sus más de 135.000 habitantes, es el municipio más poblado de la provincia tras la capital. Ha sido un feudo socialista histórico, gobernado ininterrumpidamente por el PSOE desde la restauración democrática. Francisco Toscano, alcalde entre 1983 y 2023, ostenta el récord de permanencia en una alcaldía española con 40 años consecutivos en el cargo.
Esta hegemonía política podría haber facilitado, según sugiere la investigación, prácticas irregulares en la contratación de personal. El caso Salazar no sería el primer escándalo que salpica al consistorio nazareno, aunque sí el que más repercusión mediática está teniendo por la relevancia del investigado y su conexión directa con la Presidencia del Gobierno.
El registro del Ayuntamiento de Dos Hermanas llega en un momento delicado para el PSOE. La formación socialista intenta pasar página de los escándalos que han salpicado a varios de sus dirigentes en los últimos meses. El caso Salazar, por su cercanía a Pedro Sánchez y por la gravedad de los delitos investigados, amenaza con reabrir heridas que el partido daba por cerradas.
Fuentes del PSOE sevillano mantienen un prudente silencio mientras se desarrolla la investigación. El actual alcalde de Dos Hermanas, Francisco Rodríguez, que sucedió a Toscano tras su jubilación, ha declinado hacer declaraciones sobre el registro, limitándose a señalar que el Ayuntamiento colaborará plenamente con la justicia.
Tras el registro, la UCO deberá analizar toda la documentación incautada y elaborar un informe detallado para la jueza instructora. Este proceso puede llevar varias semanas o incluso meses, dependiendo del volumen de información recabada. Una vez completado el análisis, la magistrada decidirá si existen indicios suficientes para citar a declarar como investigados a Salazar y Toscano.
Si la investigación prospera, ambos podrían enfrentarse a un juicio por delitos que conllevan penas significativas. La malversación de caudales públicos puede acarrear hasta ocho años de prisión en sus modalidades más graves, mientras que la prevaricación administrativa se castiga con inhabilitación especial para empleo o cargo público.
El caso Salazar deja numerosos interrogantes en el aire. ¿Cómo es posible que durante cinco años nadie en el Ayuntamiento de Dos Hermanas detectara o denunciara la supuesta ausencia de un trabajador municipal? ¿Existían mecanismos de control sobre el cumplimiento de las obligaciones laborales de los empleados públicos?
También surge la cuestión de si este caso es un hecho aislado o podría formar parte de una práctica más extendida. ¿Cuántos contratos similares podrían existir en administraciones locales gobernadas durante décadas por el mismo partido? La investigación en Dos Hermanas podría abrir la caja de Pandora de las contrataciones irregulares en los ayuntamientos.
Lo que comenzó como un escándalo personal por denuncias de acoso se ha transformado en una investigación judicial que amenaza con salpicar a todo el entramado socialista sevillano. El registro de este martes en el Ayuntamiento de Dos Hermanas marca solo el principio de un proceso que promete ser largo y que podría tener consecuencias políticas impredecibles. Mientras tanto, los ciudadanos nazarenos observan con preocupación cómo su ayuntamiento vuelve a estar en el centro de la polémica, esta vez por un caso que conecta directamente con las más altas esferas del poder en España.