El PSOE denuncia que el Ayuntamiento ha devuelto 885.000 euros en ayudas a familias vulnerables
El consistorio hispalense retornó a la administración autonómica la mayor parte de los fondos destinados a protección social, tras ejecutar únicamente una cuarta parte de la dotación recibida.
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El consistorio sevillano ha devuelto 885.000 euros, más los intereses correspondientes, a la Junta de Andalucía por no haber ejecutado las Ayudas Económicas Familiares destinadas a hogares vulnerables. El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Antonio Muñoz, denunció este lunes que el gobierno local "ha demostrado una grave incapacidad" para gestionar estos fondos dirigidos a familias con menores en situación de necesidad.
El Ayuntamiento recibió más de 1,2 millones de euros procedentes tanto del presupuesto autonómico andaluz como del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Sin embargo, la corporación municipal solo logró aplicar 317.000 euros, dejando sin justificar la mayor parte de la dotación económica. Los fondos no utilizados han tenido que ser retornados a la administración autonómica junto con los correspondientes intereses de demora.
Muñoz subrayó que la ciudad "tiene hoy miles de familias con menores que no llegan a fin de mes y que necesitan apoyo inmediato, mientras el Gobierno de Sanz es incapaz de ejecutar un programa básico de protección social, aun teniendo el dinero disponible". El portavoz socialista enfatizó la paradoja de contar con recursos disponibles mientras persisten situaciones de vulnerabilidad social sin atender.
Naturaleza finalista de los fondos
El representante de la oposición recordó que "todo el dinero era finalista, con un único objetivo: llegar a las familias sevillanas que más lo necesitan. Sin embargo, el Gobierno municipal del PP solo fue capaz de ejecutar unos 317.000 euros, dejando sin aplicar y sin justificar la mayor parte de los fondos recibidos". La devolución supone el retorno de aproximadamente el 73% de la cantidad inicialmente transferida para protección social.
Una parte significativa de estos recursos provenía del ejecutivo estatal, con fondos específicamente destinados a reforzar la protección social de los menores en situaciones de vulnerabilidad. La administración autonómica canalizó estas ayudas hacia los ayuntamientos para su gestión directa con las familias beneficiarias.
Crítica a las prioridades políticas
Antonio Muñoz rechazó que la situación responda a dificultades técnicas, al afirmar que "no se trata de un problema técnico ni administrativo". El portavoz socialista señaló que "cuando otras administraciones ponen los recursos y un Ayuntamiento los deja perder, lo que falla no es la burocracia, sino las prioridades políticas", responsabilizando directamente al gobierno municipal de una falta de voluntad para ejecutar los programas sociales.
La controversia se produce en un contexto donde múltiples hogares con menores a cargo enfrentan dificultades económicas para cubrir sus necesidades básicas, mientras los fondos específicamente diseñados para paliar estas situaciones han quedado sin aplicar por parte del consistorio.