Vox pide responsabilidad al Gobierno y al Ayuntamiento ante los conflictos vecinales en Su Eminencia y El Cerezo

La portavoz del Grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez, ha recordado este miércoles al Gobierno de España y al consistorio que los problemas de convivencia en algunos barrios son "responsabilidad de ambas administraciones". La dirigente ha hecho estas declaraciones tras visitar el distrito de Su Eminencia, donde se ha reunido con colectivos vecinales, de pensionistas y de la tercera edad, además de visitar numerosos comercios de la calle Ingeniero la Cierva.

Durante su intervención, Peláez ha manifestado su preocupación "por el creciente ambiente de tension vecinal y problemas de convivencia que se viene produciendo desde hace años, al igual que en otros barrios como El Cerezo". La portavoz municipal ha señalado que "los problemas son distintos, pero tienen un denominador común: la inmigración illegal".

Críticas al subdelegado del Gobierno

La representante de Vox ha lamentado la actitud del subdelegado del Gobierno en Sevilla, reprochándole "sus intentos por eludir sus responsabilidades" y "el uso del estallido social para la confrontación política". Según ha denunciado Peláez, el responsable gubernamental "no ha dudado en aprovechar la situación en El Cerezo para eludir sus responsabilidades y entrar en confrontación con el Ayuntamiento de Sevilla".

En este sentido, la portavoz ha subrayado que la seguridad ciudadana es competencia directa del Gobierno, "de la misma manera que es responsabilidad del Ayuntamiento la ordenación del tráfico, la venta illegal o la limpieza".

Llamamiento a ambas instituciones

Desde la formación han hecho un llamamiento a la colaboración institucional. "Hacemos un llamamiento a ambas instituciones para que pongan en primer lugar a los ciudadanos y lleguen a un entendimiento. No es momento de enfrentamiento entre administraciones, y sí de la responsabilidad", ha declarado Peláez.

La portavoz de Vox ha detallado las medidas que considera necesarias por parte de cada administración. "El Gobierno debe cerrar las puertas a la inmigración ilegal, deportando a sus países de origen a los que se encuentran en situación irregular en nuestro país y poniendo más policías en estas calles", ha afirmado. Por su parte, ha añadido que "es responsabilidad también del Ayuntamiento reforzar la vigilancia policial, controlando la venta ilegal y manteniendo estas calles limpias y saneadas".

Advertencia sobre la extensión del conflicto

La portavoz municipal ha advertido que "de no actuar con rapidez, el estallido social se extenderá por el resto de barrios de Sevilla que comparten problemas de seguridad y de convivencia".

Según fuentes consultadas, en los primeros seis meses de 2024 se produjeron 22.270 delitos en Sevilla, mientras que en el mismo periodo de 2023 se registraron 23.955, según datos del Ministerio del Interior. Los barrios del Polígono Sur, Los Pajaritos y Torreblanca presentan tasas de robos y delitos significativamente más altas en comparación con otras zonas de la ciudad.

Situación en la calle Ingeniero la Cierva

Peláez ha subrayado que la calle Ingeniero la Cierva y su zona de influencia es "de las más afectadas por la inmigración ilegal, llegada de otros países y culturas muy distintas". La portavoz municipal ha descrito con crudeza la realidad del entorno: "Aquí, los problemas de convivencia son diarios: desde la venta ilegal en sus calles, a las peleas, los asaltos y las agresiones. En toda esta zona malviven cientos de inmigrantes en condiciones lamentables sin que nadie haga nada".

En el contexto demográfico, en enero de 2025 residían en la provincia de Sevilla 102.984 ciudadanos extranjeros, 5.405 más que en el mismo periodo del año anterior. La provincia ganó 35.000 habitantes en 2024 gracias a la inmigración, compensando la disminución de la población nativa.

Cabe recordar que más de 50 entidades sociales de Sevilla han expresado su preocupación por el deterioro de la convivencia en el barrio de la Macarena, señalando que la situación tiene su origen en las políticas municipales y el recorte de plazas en albergues.