El Consejo de Gobierno ha aprobado el Proyecto de Ley para el Avance de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (Activa), una ambiciosa reforma legislativa que transformará el ecosistema investigador andaluz. La norma, que sustituirá al marco legal vigente desde 2007, introducirá cambios estructurales para posicionar a la comunidad autónoma en la vanguardia científica nacional e internacional.

Sistema pionero de excelencia investigadora

El eje central de la reforma será la creación del Sistema Andaluz de Investigación de Excelencia (Saiex), un mecanismo de certificación oficial que distinguirá a los agentes más destacados del panorama científico regional. Esta estructura evaluará a las entidades mediante indicadores objetivos y homologables internacionalmente, otorgando un sello de calidad que facilitará su proyección exterior y acceso a financiación específica.

El nuevo ecosistema integrará las unidades de Excelencia de Andalucía, diseñadas para potenciar la colaboración interdisciplinar entre investigadores y su vinculación con el tejido productivo. Estas estructuras contarán con recursos exclusivos para desarrollar planes estratégicos que consoliden su liderazgo científico. "El objetivo es crear núcleos de investigación competitivos a nivel mundial", según fuentes de la Consejería de Universidad.

La arquitectura institucional se completará con el Instituto Andaluz de Investigación Avanzada (I2A2), una entidad sin precedentes en España concebida para atraer y retener el mejor talento científico global. Este organismo, que funcionará dentro de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria (Accua), prestará apoyo técnico a las unidades de excelencia y asesorará al Gobierno autonómico en políticas de I+D+I.

Apuesta estratégica por la biomedicina

La futura normativa otorgará protagonismo especial a la investigación biomédica, consolidando el Sistema de Investigación e Innovación en Salud del sistema sanitario público andaluz. Esta red incluye tres centros de referencia que ejemplifican la colaboración público-privada: el Centro de Genómica e Investigación Oncológica (GENyO) en Granada, el Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa (Cabimer) en Sevilla, y el Centro Andaluz de Investigación en Zoonosis y Enfermedades Emergentes (Caizem) en Córdoba.

El texto legislativo también modernizará la gestión del capital humano investigador, incorporando la figura del personal tecnólogo especializado en tecnología aplicada. Esta nueva categoría profesional responde a las demandas del sector productivo, que requiere perfiles híbridos capaces de traducir el conocimiento científico en aplicaciones comerciales. La regulación establecerá criterios transparentes para la selección, evaluación y movilidad de estos profesionales.

Para mejorar la gobernanza del sistema, se crearán nuevos órganos de coordinación. La Comisión Interdepartamental de Investigación, presidida por el presidente de la Junta, garantizará la transversalidad de las políticas científicas. El Consejo Asesor actuará como think tank estratégico, mientras que el Comité para la Integridad Científica velará por la ética en la investigación. "Necesitamos estructuras ágiles que respondan a los retos del siglo XXI", explican desde el Ejecutivo regional.

Conexión universidad-empresa e internacionalización

La ley introducirá las unidades de Innovación Abierta, espacios de colaboración entre universidades, organismos públicos y empresas para desarrollar líneas de investigación aplicada. Estas estructuras facilitarán la transferencia tecnológica y acelerarán la llegada al mercado de las innovaciones surgidas en los laboratorios andaluces. Paralelamente, se fomentarán las unidades I+D+I empresariales, centradas en el desarrollo experimental para satisfacer necesidades corporativas específicas.

La dimensión internacional ocupará un lugar destacado en la nueva arquitectura científica. El Gobierno andaluz establecerá mecanismos de coordinación con programas estatales y europeos, potenciando la presencia de investigadores andaluces en los órganos decisorios de Bruselas. La creación de la Comunidad del personal investigador andaluz en el exterior permitirá mantener vínculos con el talento emigrado y facilitar colaboraciones internacionales.

La transparencia y la divulgación científica serán pilares fundamentales del nuevo modelo. La regulación de la ciencia abierta garantizará el acceso público a publicaciones y datos de investigación financiados con fondos públicos. Destaca la creación de la Oficina de la Ciencia en el Parlamento andaluz (OCTI), que asesorará a los diputados con evidencia científica para la toma de decisiones. El Consejo del Mecenazgo promoverá la participación privada en la financiación de proyectos mediante incentivos fiscales y reconocimiento social.