La sanidad pública andaluza atraviesa un momento decisivo. Los nuevos presupuestos de la Junta para 2025 reflejan una apuesta sin precedentes por el sistema sanitario, con un incremento del 6,97% que sitúa a la comunidad a la cabeza del crecimiento presupuestario en toda España. Un compromiso que contrasta con el retroceso de regiones como Castilla-La Mancha, Cataluña o Murcia, aunque la partida de salida coloca aún a Andalucía en una posición intermedia del ranking nacional de gasto por habitante.

Los datos actualizados del Ministerio de Sanidad, recogidos en su informe sobre Recursos Económicos del Sistema Nacional de Salud, revelan una realidad compleja. Andalucía destina 10.400 millones de euros a sanidad en 2025, convirtiéndose en la tercera comunidad con mayor presupuesto absoluto, solo por detrás de Madrid (15.200 millones) y Cataluña (11.700 millones). Sin embargo, la lectura cambia al analizar el gasto per cápita: 1.764 euros por andaluz, apenas 7 euros por encima de la media nacional de 1.757 euros, pero todavía lejos de los 2.436 euros de Asturias o los 2.305 del País Vasco.

El incremento del 6,97% supera ampliamente el registrado en el resto de comunidades y marca una clara diferencia con territorios que han optado por reducir su inversión sanitaria. Castilla-La Mancha encabeza los recortes con una disminución del 4,61%, seguida de Cataluña (-1,3%) y Murcia (-1,18%). Este contraste evidencia políticas sanitarias divergentes en un momento crítico para el sistema público de salud.

Una paradoja andaluza: mayor esfuerzo presupuestario, posición intermedia en el ranking

La situación de Andalucía ejemplifica las complejidades del sistema de financiación autonómica. A pesar de liderar el crecimiento presupuestario, la comunidad ocupa la posición 13 de 17 en el ranking nacional de gasto per cápita, con 1.764 euros por habitante. Solo Cataluña (1.442 euros), Madrid (1.468), Murcia (1.580), Comunidad Valenciana (1.595) y Castilla-La Mancha (1.777) destinan menos recursos por habitante.

Esta aparente contradicción se explica por varios factores estructurales. La población andaluza, con más de 8,5 millones de habitantes, requiere un volumen presupuestario considerable para alcanzar ratios per cápita similares a comunidades menos pobladas. Además, el punto de partida históricamente bajo hace que incluso incrementos significativos como el actual resulten insuficientes para cerrar la brecha con regiones tradicionalmente mejor financiadas.

El mapa sanitario de España: desigualdades persistentes

El informe ministerial dibuja un panorama de tres Españas sanitarias claramente diferenciadas. En el primer grupo, las comunidades del norte como Asturias (2.436 euros), País Vasco (2.305) y Extremadura (2.259) mantienen inversiones superiores a los 2.200 euros por habitante. Un segundo bloque intermedio, donde se sitúa Andalucía tras este incremento, oscila entre los 1.700 y los 2.100 euros. El tercer grupo, encabezado por las grandes comunidades mediterráneas y Madrid, no alcanza los 1.600 euros per cápita.

La diferencia entre la comunidad que más invierte (Asturias) y la que menos (Cataluña) se acerca al 69%, evidenciando una brecha territorial persistente en la financiación sanitaria que ningún gobierno ha conseguido resolver.

Baleares representa un caso particular en este análisis. La comunidad insular ha visto ajustada su cifra de 2.436 a 1.995 euros por habitante tras la aprobación definitiva de sus presupuestos, un cambio que ilustra la volatilidad de las proyecciones iniciales y la importancia de trabajar con datos consolidados.

¿Qué significa este incremento para los sevillanos?

Para la provincia de Sevilla, con cerca de dos millones de habitantes, este aumento presupuestario se traduce en aproximadamente 280 millones de euros adicionales respecto a 2024. Recursos que, según fuentes de la Consejería de Salud, se destinarán prioritariamente a reducir listas de espera, mejorar la atención primaria y modernizar infraestructuras hospitalarias.

Los grandes hospitales sevillanos como el Virgen del Rocío, Virgen Macarena o Valme podrían beneficiarse de inversiones en tecnología diagnóstica y ampliación de servicios. Sin embargo, el verdadero impacto dependerá de cómo se distribuyan estos fondos entre las ocho provincias andaluzas y qué peso específico tenga Sevilla en el reparto.

El contexto político del aumento presupuestario

Este incremento presupuestario no puede entenderse sin considerar el contexto político andaluz. La Junta de Andalucía ha hecho de la mejora sanitaria uno de sus ejes programáticos, especialmente tras las críticas recibidas durante los años más duros de la pandemia. El aumento del 6,97% responde tanto a necesidades objetivas del sistema como a compromisos electorales adquiridos.

La comparación con otras comunidades gobernadas por diferentes partidos añade una dimensión política al debate. Mientras Andalucía lidera el crecimiento, regiones como Castilla-La Mancha o Cataluña optan por contener o reducir el gasto sanitario, decisiones que reflejan prioridades presupuestarias divergentes y modelos de gestión distintos.

Los retos pendientes: personal, infraestructuras y equidad territorial

A pesar del incremento presupuestario, Andalucía enfrenta desafíos estructurales que requieren algo más que inyecciones puntuales de recursos. La falta de profesionales sanitarios, especialmente en especialidades críticas y zonas rurales, no se resuelve únicamente con más presupuesto. La comunidad necesita entre 3.000 y 5.000 médicos adicionales según estimaciones de los colegios profesionales, una carencia que comparte con el resto de España.

Las infraestructuras sanitarias presentan otro frente de actuación prioritario. Hospitales construidos hace décadas requieren renovaciones integrales, mientras que el crecimiento poblacional en áreas metropolitanas como Sevilla demanda nuevos centros de salud y ampliaciones hospitalarias. El incremento presupuestario permitirá abordar algunas de estas necesidades, pero el déficit acumulado durante años requerirá un esfuerzo sostenido en el tiempo.

Las expectativas: de la ciudadanía y del sector sanitario

Las expectativas ciudadanas se centran en mejoras tangibles y rápidas. Reducción de las listas de espera quirúrgicas, que afectan a más de 200.000 andaluces; disminución de los tiempos para pruebas diagnósticas; refuerzo de la atención primaria con más médicos de familia y pediatras; y modernización tecnológica que permita una gestión más eficiente.

El sector sanitario, por su parte, demanda que el incremento se traduzca en mejoras laborales y estabilización de plantillas. Los sindicatos médicos y de enfermería han advertido que sin abordar las condiciones laborales y la temporalidad, el aumento presupuestario tendrá un impacto limitado en la calidad asistencial.

El horizonte 2026: ¿consolidación o espejismo?

La sostenibilidad de este esfuerzo presupuestario emerge como la cuestión clave. Mientras Andalucía marca el camino del crecimiento en 2025, otras comunidades como Castilla-La Mancha, Cantabria y La Rioja ya planean incrementos superiores al 7% para 2026. La competencia por recursos en un contexto de restricciones presupuestarias generales plantea dudas sobre la capacidad de mantener estos ritmos de crecimiento.

El debate sobre la financiación autonómica vuelve a situarse en el centro del tablero político. Andalucía reclama históricamente una revisión del sistema que compense su elevada población y dispersión territorial. Sin una reforma profunda del modelo de financiación, los esfuerzos presupuestarios propios tienen un recorrido limitado para cerrar la brecha con comunidades mejor financiadas.

La sanidad andaluza afronta 2025 con el mayor incremento presupuestario de su historia reciente. Un esfuerzo notable que sitúa a la comunidad ligeramente por encima de la media nacional en gasto per cápita, aunque en una posición intermedia del ranking. Los próximos meses determinarán si este impulso presupuestario se traduce en mejoras palpables para los ciudadanos o si las carencias estructurales del sistema requieren algo más que incrementos anuales del gasto. La apuesta está hecha, pero el resultado final dependerá tanto de la gestión eficiente de estos recursos como de la capacidad para abordar los problemas de fondo que lastran la sanidad pública andaluza.