Andalucía lidera la reclamación al Ministerio para que envíe alegaciones de Costas a Bruselas
Seis comunidades autónomas han exigido este jueves al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que haga llegar a la Comisión Europea las alegaciones que han presentado al proyecto de modificación del Reglamento General de Costas. Andalucía ha liderado esta reclamación conjunta en un contexto de relación institucional y competencial abiertamente conflictiva con el Gobierno central, que ostenta la potestad de trasladar esos documentos a Bruselas mientras las autonomías son las que ejercen competencias directas sobre el litoral.
La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Fina Martínez, ha articulado este frente común mediante una carta dirigida a la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagensen. La misiva lleva también la firma del vicepresidente tercero valenciano, Vicente Martínez Mus; la consejera gallega Ángeles Vázquez; el consejero murciano Jorge García; el consejero balear Juan Manuel Lafuente y el consejero cántabro Roberto Media.
Fina Martínez ha subrayado que "es fundamental que la Comisión conozca el posicionamiento de la mayoría de las administraciones autonómicas que ostentan competencias en materia de litoral", y ha añadido que "nos preocupa que las instituciones europeas cuenten con toda la información antes de adoptar decisiones en el proceso de infracción abierto a España".
Críticas a la estrategia del Gobierno central
En el escrito remitido a la ministra, las autonomías firmantes recuerdan que el procedimiento europeo discute la compatibilidad con el Derecho de la Unión de diversos aspectos de la normativa española de costas, en concreto la Ley 22/1988, la Ley 2/2013 y el propio Reglamento de Costas. Pese a ello, cuestionan que el Ejecutivo haya optado por modificar únicamente el Reglamento, según ha señalado Martínez, "aplazando la reforma de las normas con rango de ley que precisamente la Comisión Europea considera afectadas, lo que generaría una falta de seguridad jurídica".
Las seis comunidades advierten de que las administraciones autonómicas de la costa tienen competencias directas en materia de litoral, ordenación del territorio, medio ambiente, puertos, pesca o acuicultura. Por ello, la consejera andaluza ha alertado de que "avanzar en una modificación reglamentaria sin atender al hecho de que las modificaciones propuestas inciden directamente en competencias autonómicas, actividades económicas estratégicas y modelos de gestión territorial muy diversos generará inseguridad jurídica, un marco normativo provisional y una mayor conflictividad competencial, afectando tanto a la protección del litoral como al desarrollo de actividades económicas vinculadas a la costa y al mar".
Petición de paralización y revisión integral
Las comunidades autónomas reclaman la paralización de la tramitación del Reglamento hasta que se acometa una revisión integral de la Ley de Costas. La consejera Fina Martínez ha sido contundente al respecto: "Ya es especialmente grave que el Ejecutivo central haya optado por ignorar la posición ampliamente compartida entre las comunidades, que reclaman la paralización de la tramitación del Reglamento hasta que se acometa una revisión integral de la Ley de Costas, por lo que entendemos que debe ser innegociable que este posicionamiento sea tenido en cuenta en el seno de la Comisión Europea".