La suerte llamó este lunes a las puertas del Centro Comercial Los Arcos de Sevilla de la mano de Mario Ordóñez, vendedor de la ONCE desde 2007. Su punto de venta repartió diez cupones premiados con 35.000 euros cada uno en el sorteo del 25 de noviembre, jornada dedicada al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En total, 350.000 euros que llegarán a manos de los afortunados justo cuando arranca la recta final hacia la Navidad.
El vendedor no ha ocultado su satisfacción por haber sido el canal de esta fortuna inesperada. "Es una buena noticia para mí y para las familias que les haya tocado y más en vísperas de Navidad. Es una sorpresa enorme para los afortunados. Se va a montar un jaleo gordo", comentaba Ordóñez mientras el establecimiento comenzaba a recibir a sus primeros visitantes de la mañana. La alegría del vendedor se mezcla con la expectación de conocer quiénes serán los beneficiarios de estos premios que pueden cambiar el final de año de varias familias sevillanas.
El impacto del sorteo del pasado lunes trascendió los límites de la capital hispalense. La fortuna se distribuyó por tres puntos de la geografía andaluza, con Sevilla como uno de los protagonistas destacados. Andújar, en la provincia de Jaén, acaparó la mayor parte del botín con 815.000 euros, mientras que Jerez de la Frontera sumó otros 175.000 euros a la cuenta de premios. Entre las tres localidades, el monto total ascendió a 1.340.000 euros que quedarán en territorio andaluz.
Esta distribución geográfica del premio evidencia el alcance de la red de ventas de la organización y cómo la suerte puede tocar simultáneamente en distintos rincones de la comunidad autónoma. Los vendedores de estas tres ciudades comparten ahora la satisfacción de haber sido intermediarios de una fortuna que, en muchos casos, puede resolver apuros económicos o permitir proyectos postergados.
El Cupón Diario de la ONCE presenta una estructura de premios escalonada que ofrece múltiples oportunidades. El galardón principal alcanza los 500.000 euros para el número y serie exactos, pero la organización amplía las posibilidades con 49 premios de 35.000 euros destinados a quienes coincidan en las cinco cifras del número premiado, independientemente de la serie. Esta modalidad explica los diez cupones agraciados en Los Arcos.
La estructura continúa con 450 premios de 250 euros para quienes acierten las cuatro primeras cifras y otros tantos para las cuatro últimas. En un escalón inferior, 9.000 cupones reciben 25 euros por acertar tres cifras, ya sean las primeras o las últimas. Los premios de 6 euros para dos cifras y los reintegros de 2 euros por una cifra completan un sistema diseñado para multiplicar las opciones de los participantes, aunque con cuantías decrecientes según la dificultad del acierto.
La actividad de sorteos no se detiene tras el premio repartido en Sevilla. Este viernes 28 de noviembre, el Eurojackpot pondrá en juego un bote de 17 millones de euros. Este sorteo europeo, comercializado por la ONCE junto a otras 18 loterías de países del espacio económico europeo, representa una nueva oportunidad para los jugadores españoles de acceder a premios de envergadura continental.
El Eurojackpot funciona con un sistema transnacional que eleva las cifras de los botes al sumar las apuestas de millones de participantes de distintos países. Esta modalidad convierte cada sorteo en un evento de escala europea, donde los premios pueden alcanzar cifras millonarias que superan con creces los botes habituales de las loterías nacionales.
La ONCE integra en todos sus productos de lotería controles específicos para garantizar un consumo responsable. Desde el diseño de los cupones hasta su comercialización a través de los cerca de 21.000 vendedores distribuidos por toda España, la organización implementa mecanismos de prevención contra consumos descontrolados. Entre las medidas más visibles figuran la prohibición expresa de venta a menores de edad y la imposibilidad de adquirir cupones mediante crédito o pago aplazado.
Estas políticas han recibido el reconocimiento de organismos internacionales como la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías, que evalúan periódicamente el compromiso de la entidad con prácticas seguras. Los cupones se comercializan tanto en la red física de vendedores como en la página web oficial y en establecimientos colaboradores autorizados, todos ellos sujetos a los mismos protocolos de juego responsable que caracterizan el modelo de la organización.
Para Mario Ordóñez y los diez afortunados de Los Arcos, este 25 de noviembre quedará marcado en el calendario como una fecha doblemente significativa: por su simbolismo en la lucha contra la violencia machista y por la alegría inesperada de un premio que llega cuando el año comienza su cuenta atrás.
La cuenta atrás termina este viernes. Antes de que noviembre expire, las 2.317 mujeres andaluzas que aguardaban pruebas complementarias tras detectarse hallazgos probablemente benignos en sus mamografías de cribado habrán completado el proceso diagnóstico. La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias cierra así el círculo abierto hace dos meses, cuando se detectó que centenares de pacientes permanecían sin información sobre su situación clínica tras participar en el programa de detección precoz del cáncer de mama.
El consejero Antonio Sanz ha presidido la tercera sesión de la Comisión de Seguimiento del Plan de Acción del Cribado de Cáncer de Mama, donde se ha confirmado el cumplimiento del calendario establecido. La excepción la marcan únicamente dos casos en el Hospital Universitario Virgen del Rocío: ambas mujeres han solicitado expresamente posponer su cita hasta diciembre por motivos personales.
El operativo puesto en marcha a principios de octubre ha permitido rescatar del limbo asistencial a más de dos mil pacientes cuyas mamografías mostraban hallazgos categorizados como BI-RADS 3, una clasificación radiológica que identifica lesiones con más del 98% de probabilidades de resultar benignas pero que requieren seguimiento para confirmar su naturaleza. Entre el 6 y el 10 de octubre, todas estas mujeres recibieron llamadas telefónicas en las que se les explicó su situación, se les informó sobre las pruebas necesarias y se les facilitó cita en las Unidades de Mama de sus hospitales de referencia.
La regularización del retraso acumulado no es el único avance. La Comisión ha trasladado que actualmente todas las mujeres derivadas desde el programa de cribado -ya sea por hallazgos BI-RADS 0, 3, 4 o 5- están siendo informadas conforme a la Instrucción que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) emitió el 8 de octubre. Cada paciente recibe ahora información completa sobre su diagnóstico, conoce la ruta asistencial que debe seguir y obtiene cita para las pruebas solicitadas dentro de los plazos clínicos recomendados según la categoría del hallazgo.
Este protocolo marca un punto de inflexión respecto a la situación previa, cuando muchas mujeres recibían únicamente notificaciones automáticas sin explicaciones claras sobre qué significaban los resultados ni cuáles serían los siguientes pasos. La clasificación BI-RADS -acrónimo de Breast Imaging Reporting and Data System- es un sistema estandarizado que categoriza los hallazgos mamográficos del 0 al 6, donde el 0 indica necesidad de pruebas adicionales, el 3 señala hallazgos probablemente benignos, y las categorías 4 y 5 alertan sobre sospechas de malignidad con distintos grados de probabilidad.
Paralelamente a la resolución de casos pendientes, un grupo de trabajo específico está revisando el circuito completo del programa de detección precoz. El análisis abarca desde el primer contacto -la invitación que reciben las mujeres en edad de participar- hasta el seguimiento hospitalario en los casos que requieren derivación. La Comisión ha recibido un informe detallado sobre este proceso, que incluye cita, realización de la mamografía, lectura radiológica, comunicación de resultados y derivaciones a especialistas.
Las propuestas consensuadas apuntan a simplificar radicalmente la comunicación con las usuarias. El objetivo es eliminar tecnicismos médicos de las cartas, mensajes SMS y notificaciones a través de ClicSalud+, la aplicación de la sanidad andaluza, garantizando que la información sea coherente independientemente del canal utilizado. La intención es que cualquier mujer comprenda inmediatamente qué significa su resultado sin necesidad de consultar términos técnicos.
También se ha identificado la necesidad de reforzar la trazabilidad en los casos que requieren atención hospitalaria. El sistema debe permitir detectar automáticamente cualquier retraso en el seguimiento y asegurar que ninguna paciente quede fuera del radar asistencial. Para ello, se plantean mejoras organizativas en el sistema de información que eviten duplicidades en los historiales clínicos, faciliten la consulta de antecedentes mamográficos previos y agilicen la comunicación entre las unidades de cribado, los distritos sanitarios y los hospitales.
La homogeneización en la presentación de resultados constituye otra de las líneas de trabajo prioritarias. El nuevo modelo contempla dos itinerarios bien diferenciados: resultado normal -con indicación de cuándo acudir a la próxima mamografía de control- y resultado que requiere continuar estudio. Esta dicotomía busca evitar la confusión que generaban comunicaciones anteriores, donde elementos técnicos innecesarios dificultaban la comprensión.
Además, se está trabajando en la implementación de alarmas y controles automáticos dentro del sistema informático para aquellas categorías que exigen atención más rápida. Estos mecanismos permitirían identificar de forma inmediata cualquier caso de BI-RADS 4 o 5 que no haya sido derivado o citado en los plazos establecidos, evitando así que vuelvan a producirse situaciones como la detectada en septiembre.
La Comisión de Seguimiento reúne a representantes de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, del Servicio Andaluz de Salud, de sociedades científicas relacionadas con el diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama, profesionales sanitarios de las ocho provincias andaluzas y asociaciones de pacientes. Este órgano se constituyó precisamente para supervisar la implementación del plan de acción y garantizar que las deficiencias detectadas en el programa de cribado no vuelvan a repetirse.
El programa de detección precoz del cáncer de mama invita periódicamente a todas las mujeres andaluzas de entre 50 y 69 años a realizarse mamografías de control cada dos años. Se trata de una de las herramientas fundamentales de salud pública para identificar tumores en estadios iniciales, cuando las posibilidades de curación superan el 90%. La efectividad del sistema depende tanto de la participación de las mujeres como de la agilidad en el seguimiento de aquellos casos que requieren pruebas adicionales o tratamiento especializado.
El humo de los megaincendios que arrasaron la Península Ibérica el pasado verano aún flota sobre el debate científico. Más de 500 especialistas de universidades, centros de investigación, administraciones públicas y organizaciones no gubernamentales han firmado una declaración que cuestiona de raíz la estrategia contra el fuego en España y Portugal. El texto, impulsado desde la Universidad de Sevilla, plantea una transformación completa: dejar de concentrar los recursos en apagar llamas y empezar a gestionar el territorio antes de que estas aparezcan.
La iniciativa nace de la Red Temática Internacional sobre Incendios Forestales (Fuegored), que trabaja desde 2007 conectando ciencia, gestión y educación ambiental. Entre los promotores figura Antonio Jordán, profesor del Departamento de Cristalografía, Mineralogía y Química Agrícola de la US y antiguo coordinador de la red, junto a su compañera Lorena Martínez Zavala. Ambos insisten en la urgencia de integrar el conocimiento científico en las decisiones políticas ante lo que ya consideran "una amenaza estructural y global".
Las cifras justifican la alarma. Según datos del Sistema Copernicus, durante los últimos meses las llamas han devorado más de 640.000 hectáreas entre ambos países: 380.000 en territorio español y 260.000 en el portugués. La devastación alcanzó espacios protegidos, obligó a evacuar a decenas de miles de personas y provocó pérdidas ecológicas sin precedentes en ecosistemas que tardarán décadas en recuperarse.
El documento identifica una confluencia de factores que han convertido los bosques ibéricos en polvorines. El cambio climático encabeza la lista, pero no actúa solo. La despoblación rural ha vaciado comarcas enteras, dejando montes sin vigilancia ni mantenimiento. El abandono de actividades tradicionales como la ganadería extensiva o la recogida de leña ha permitido una acumulación masiva de biomasa combustible. Y aunque el texto recuerda que el 90 por ciento de los incendios cuyo origen se conoce tienen causa humana, subraya que el verdadero problema es estructural: "El abandono del territorio es el combustible que alimenta las llamas".
Esa combinación explosiva ha provocado que los incendios actuales poco tengan que ver con los de hace tres décadas. Ya no se trata de fuegos localizados que pueden controlarse con medios aéreos y brigadas terrestres. Los megaincendios de nueva generación superan la capacidad de extinción, avanzan a velocidades impredecibles y generan columnas de humo que crean su propio clima. Jordán lo resume con contundencia: "Como apagar un incendio así ya es prácticamente imposible, la gestión del fuego comienza a exigir estrategias y toma de decisiones anticipadas y dinámicas".
La declaración de Fuegored propone un cambio de paradigma que combina prevención, ordenación territorial, gestión forestal adaptativa y educación ambiental. Las recomendaciones concretas incluyen gestionar anualmente al menos el uno por ciento de la superficie forestal mediante técnicas de selvicultura adaptativa. Puede parecer poco, pero supone intervenir activamente en miles de hectáreas cada año: aclarar espesuras, crear cortafuegos naturales, eliminar material muerto y diseñar mosaicos de vegetación que frenen la propagación.
Otro eje central pasa por revitalizar el medio rural. Los expertos defienden apoyar la ganadería extensiva y los productos locales como herramientas de prevención. Las cabras, ovejas y vacas que pastan en el monte reducen la carga de combustible vegetal de forma natural y económica, además de fijar población en zonas en riesgo de abandono. También plantean planificar con rigor la interfaz urbano-forestal, esa franja cada vez más amplia donde viviendas y bosque se tocan. Allí reclaman incorporar infraestructuras de autoprotección y sistemas de detección temprana como sensores, drones o satélites que alerten antes de que un conato se convierta en catástrofe.
El documento incluye una exigencia de transparencia: crear un sistema de información nacional o ibérico que garantice el acceso a datos actualizados sobre incendios, medidas de prevención y costes reales. Y añade una dimensión cultural: fomentar una nueva relación con el fuego que reconozca su papel ecológico en determinados ecosistemas mediterráneos y promueva la corresponsabilidad ciudadana.
La Universidad de Sevilla lleva años investigando el comportamiento del fuego y sus efectos sobre el suelo. Los trabajos de Jordán y su equipo analizan cómo las altas temperaturas modifican las propiedades físicas y químicas del terreno, dificultando la regeneración posterior. Esa experiencia sitúa a la institución hispalense en primera línea de un debate que trasciende lo académico y exige respuestas políticas urgentes.
El investigador sevillano defiende concentrar el esfuerzo "en la gestión activa del territorio y en un cambio profundo en las políticas de ordenación del paisaje y de los sistemas de extinción". No se trata de desmantelar los dispositivos de emergencia, sino de reconocer que llegar tarde con autobombas y helicópteros resulta insuficiente cuando el paisaje mismo se ha convertido en una trampa de fuego. La prevención, insisten los firmantes, debe dejar de ser un apéndice presupuestario para convertirse en el eje vertebrador de toda la estrategia.
Con más de 500 firmas respaldando el texto, la declaración de Fuegored representa el consenso más amplio alcanzado hasta ahora entre la comunidad científica ibérica sobre incendios forestales. Ahora corresponde a las administraciones decidir si integran estas recomendaciones o esperan a que el próximo verano vuelva a teñir de naranja los mapas satelitales de la Península.
La Avenida Expo 92 registró este miércoles un aparatoso accidente de tráfico que se saldó con un motorista herido tras colisionar con dos vehículos. El siniestro tuvo lugar en torno a las 13:40 horas en el sentido de circulación hacia la SE-30, una de las arterias principales que conecta el oeste de la capital con la autovía de circunvalación.
Según han confirmado fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias 112, el conductor de la motocicleta resultó herido en el impacto. Los servicios sanitarios del 061 se desplazaron inmediatamente al lugar para atender al accidentado, mientras que la Policía Local se hizo cargo de la gestión del tráfico y el levantamiento del atestado.
La colisión, cuyas causas aún se investigan, provocó una respuesta coordinada de los servicios de emergencia que acudieron a la zona de forma inmediata. El dispositivo desplegado incluyó tanto unidades sanitarias como de seguridad vial para garantizar la asistencia al herido y minimizar el impacto sobre la circulación en una vía tan transitada.
El Ayuntamiento de Sevilla activó un dispositivo de desvíos en la zona afectada para facilitar el trabajo de los servicios de emergencia y evitar retenciones mayores. La Policía Local habilitó itinerarios alternativos en la Avenida Expo 92, aunque no logró evitar las puntuales retenciones que se produjeron durante la tarde del miércoles.
El consistorio informó de la incidencia a través de sus canales oficiales en redes sociales, alertando a los conductores de las complicaciones circulatorias en la zona. La imagen difundida mostraba el despliegue policial y los desvíos establecidos para canalizar el tráfico hacia rutas alternativas mientras se retiraban los vehículos accidentados.
La franja horaria en la que se produjo el siniestro, coincidente con las horas posteriores al mediodía, supuso un factor agravante para la movilidad en una avenida que soporta un flujo vehicular considerable, especialmente de quienes se dirigen hacia la SE-30 en dirección a otras zonas de la provincia o hacia Huelva.
La Avenida Expo 92 constituye una de las principales vías de comunicación entre el casco urbano sevillano y la red de autovías que rodean la capital. Su trazado, heredado de las infraestructuras construidas para la Exposición Universal de 1992, canaliza diariamente miles de vehículos que se desplazan tanto por motivos laborales como de ocio.
Este tramo, que discurre junto a la Isla de la Cartuja y conecta con la SE-30, experimenta habitualmente episodios de congestión, especialmente en las horas punta de entrada y salida del trabajo. La confluencia de tráfico procedente de diferentes barrios del oeste de la ciudad y de localidades del Aljarafe convierte esta arteria en un punto sensible para la movilidad metropolitana.
Accidentes como el registrado este miércoles ponen de relieve la importancia de extremar las precauciones en vías de alta capacidad donde circulan simultáneamente turismos, motocicletas, furgonetas y vehículos pesados. La coexistencia de diferentes tipos de vehículos requiere una atención especial por parte de los conductores para prevenir colisiones que puedan derivar en consecuencias graves.
El dispositivo activado tras el accidente incluyó la presencia de varias dotaciones. Los equipos sanitarios del 061 fueron los primeros en valorar el estado del motorista herido, cuya gravedad no ha trascendido oficialmente. La Policía Local, por su parte, asumió las labores de regulación del tráfico y de investigación de las circunstancias que rodearon la colisión triple.
Los protocolos de actuación ante accidentes de tráfico en vías urbanas principales contemplan una respuesta inmediata para garantizar la asistencia sanitaria y restablecer la normalidad circulatoria lo antes posible. En este caso, la complejidad derivada de la implicación de tres vehículos obligó a mantener los desvíos durante un tiempo prolongado hasta que se completaron las labores de retirada y limpieza de la calzada.
La Avenida Expo 92 recuperó gradualmente su funcionamiento habitual a medida que avanzaba la tarde, aunque las retenciones puntuales se mantuvieron hasta que finalizó por completo la intervención de los servicios de emergencia. Las autoridades municipales no han facilitado más detalles sobre el estado del motorista herido ni sobre las posibles responsabilidades en el siniestro, que formarán parte del atestado policial correspondiente.
La sesión plenaria de la Diputación de Sevilla celebrada este jueves 27 de noviembre marca un punto de inflexión en la materialización del proyecto Sevilla 2030. Sobre la mesa, una movilización económica que supera los 172 millones de euros destinados a inversiones provinciales, con especial atención a cuatro programas estratégicos: equipamientos municipales, infraestructuras teatrales, impulso turístico y acceso a la vivienda.
El grueso de los fondos se canalizará hacia actuaciones que afectan a decenas de municipios sevillanos, muchos de ellos de pequeño y mediano tamaño, que verán mejoradas sus infraestructuras y servicios públicos en los próximos meses. La dimensión de la partida convierte esta sesión en una de las más relevantes del ejercicio en términos presupuestarios.
Además del despliegue económico del Sevilla 2030, los diputados examinarán las intervenciones programadas en tres vías de titularidad provincial, incluidas en la segunda fase del Plan de Inversión Trienal que abarca desde 2025 hasta 2027. Las actuaciones contemplan mejoras estructurales y sistemas de drenaje que buscan garantizar la seguridad vial y la transitabilidad en tramos que actualmente presentan deficiencias.
Estas carreteras conectan núcleos rurales con cabeceras comarcales y resultan esenciales para el tránsito agrícola y turístico en zonas del interior provincial. La inversión responde a demandas reiteradas de alcaldes de diferentes formaciones políticas que han señalado el deterioro progresivo de estos ejes.
El orden del día reserva espacio para dos operaciones de cesión y traslado de sedes institucionales. Por un lado, la Diputación firmará un convenio con el Ayuntamiento de Brenes para establecer allí, mediante mutación demanial externa, la ubicación del Área Territorial de Servicios Sociales Sevilla Norte. Esta oficina centralizará la atención a ciudadanos de varios municipios de la comarca.
Por otro, el Consorcio de Aguas del Huesna trasladará su sede social a Utrera, un movimiento que requiere la aprobación del Acuerdo Marco por parte del Plenario. La decisión busca acercar la gestión administrativa del organismo a los municipios que abastece, facilitando trámites y reuniones técnicas.
En el apartado de proposiciones, destaca el inusual acuerdo alcanzado entre PSOE, PP y Con Andalucía para presentar una moción conjunta con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, conmemorado el pasado 25 de noviembre. El texto, negociado entre los tres grupos, refleja un compromiso institucional compartido en la lucha contra esta lacra social.
La unanimidad en esta materia contrasta con las divergencias que mostrarán los grupos en otras iniciativas. Los socialistas llevarán al debate una petición dirigida a la Junta de Andalucía para que reactive un Plan de Mejora de Caminos Públicos Rurales, poniendo el foco en la provincia de Sevilla. La propuesta subraya la necesidad de reforzar las infraestructuras que enlazan explotaciones agrarias, aldeas y enclaves de interés turístico y medioambiental, muchos de los cuales padecen un estado de abandono que dificulta la actividad económica.
El Grupo Popular plantea una moción que busca el posicionamiento formal de la Diputación a favor de los más de 120.200 trabajadores por cuenta propia que operan en la provincia. Los conservadores critican lo que consideran un trato fiscal perjudicial por parte del Gobierno central hacia este colectivo y reclaman que la institución provincial rechace públicamente las medidas impulsadas desde Madrid.
La iniciativa del PP sitúa a los autónomos en el centro del debate político provincial, un sector especialmente numeroso en comarcas como la Sierra Sur, la Campiña o el Aljarafe, donde pequeños negocios familiares y profesionales freelance constituyen el tejido productivo mayoritario.
Con Andalucía presentará una propuesta de respaldo al personal que trabaja en contacto directo con menores tutelados en centros de protección y de justicia juvenil gestionados por la Junta de Andalucía. El grupo denuncia las condiciones laborales de estos profesionales y reclama mejoras en ratios, formación y recursos materiales.
Por su parte, Vox centrará su intervención en las deficiencias del servicio de autobuses metropolitanos, solicitando al Consorcio de Transportes del Área de Sevilla que adopte medidas correctoras ante las quejas acumuladas por usuarios de diversas líneas. Las incidencias incluyen retrasos, supresiones de expediciones y problemas de información en paradas, según han trasladado asociaciones vecinales de municipios como Alcalá de Guadaíra, Dos Hermanas o Mairena del Aljarafe.
La sesión plenaria promete, por tanto, un debate intenso que abarcará desde la gestión de fondos millonarios hasta problemas cotidianos que afectan a miles de ciudadanos de la provincia.
La representación de las víctimas andaluzas del terrorismo viajó hasta Alcalá de Henares para asistir a una de las citas académicas más relevantes en materia de derechos humanos y lucha antiterrorista. Martina Vidal Gómez, gerente de la Asociación Andaluza de Víctimas del Terrorismo (AAVT), acudió al encuentro anual organizado por la Fundación Rodolfo Benito Samaniego, que este año centró su análisis en los escenarios actuales del terrorismo a escala planetaria y los desafíos jurídicos que plantea.
La cita académica, que se desarrolló durante dos jornadas consecutivas en la Sala de Conferencias Internacionales de la Universidad de Alcalá, reunió a especialistas de distintas procedencias para abordar desde perspectivas complementarias el fenómeno del terrorismo contemporáneo. Vidal Gómez trasladó el sentir y la solidaridad de las víctimas sevillanas y andaluzas a un foro donde la reflexión jurídica y el análisis político se entrelazan con el testimonio humano de quienes han padecido el horror.
Bajo el título "Terrorismo Global: Escenarios, Víctimas y Retos Internacionales", el curso desplegó un amplio abanico temático que abarcó desde los fundamentos del derecho internacional aplicable a las víctimas hasta las manifestaciones más recientes de violencia extremista. Los ponentes diseccionaron el estatuto jurídico internacional de quienes sufren crímenes de lesa humanidad, profundizando en la definición técnica del terrorismo internacional dentro del marco del Derecho Internacional Público.
Especial atención mereció el continente africano, identificado como el principal foco de actividad terrorista en la actualidad. Los expertos analizaron las particularidades de este escenario geopolítico, donde grupos armados aprovechan la fragilidad estatal y los conflictos étnicos para extender su radio de acción. Paralelamente, se abordó el ciclo histórico del terrorismo yihadista, trazando su evolución desde las primeras manifestaciones hasta las actuales amenazas transnacionales.
El encuentro no eludió la emergencia del terrorismo de extrema derecha, fenómeno en auge en sociedades occidentales que plantea retos específicos tanto para las fuerzas de seguridad como para los sistemas judiciales. Esta modalidad de violencia política, menos analizada tradicionalmente que el yihadismo, ocupa un espacio creciente en la preocupación de los organismos internacionales de seguridad.
El caso colombiano mereció una ponencia específica sobre la denominada "paz frustrada", examinando las dificultades del proceso de desarme y reinserción de las antiguas guerrillas y los desafíos que persisten en zonas rurales donde grupos armados mantienen control territorial. Este análisis permitió contrastar experiencias de países que han intentado transiciones desde conflictos armados prolongados hacia escenarios de convivencia democrática.
La conferencia de clausura estableció un recorrido histórico sobre la transformación de las amenazas terroristas, desde manifestaciones de carácter localista y objetivo político limitado hasta las actuales redes internacionales con capacidad operativa en múltiples continentes. El ponente trazó la evolución paralela de la cooperación antiterrorista, subrayando cómo los Estados han ido desarrollando mecanismos de coordinación policial, judicial e inteligencia para hacer frente a adversarios que operan sin fronteras.
Para la representante de la AAVT, la participación en este tipo de encuentros refuerza el trabajo de visibilización que desarrolla la asociación sevillana. Más allá de la asistencia inmediata a los afectados por atentados, la entidad considera fundamental que la perspectiva de las víctimas esté presente en los espacios donde se estudian las causas, consecuencias y respuestas al terrorismo. La formación continua en derechos humanos y en análisis de las amenazas actuales permite a las organizaciones de víctimas mantener un discurso actualizado y fundamentado.
El curso de la Fundación Rodolfo Benito Samaniego se ha consolidado como referencia anual para juristas, académicos, funcionarios y representantes de la sociedad civil interesados en los desafíos que plantea el terrorismo contemporáneo. La participación de la gerente de la asociación sevillana subraya el compromiso de las víctimas andaluzas con el conocimiento riguroso del fenómeno que truncó sus vidas, convirtiendo el dolor en compromiso cívico y la memoria en herramienta educativa para las generaciones futuras.
El calendario marcaba una fecha simbólica cuando los concejales del Ayuntamiento de Sevilla tomaron asiento en el pleno ordinario del pasado jueves. Exactamente cincuenta años después de la muerte del dictador Francisco Franco, el gobierno municipal del PP, con el apoyo de Vox, rechazó una propuesta de Podemos-IU para garantizar el cumplimiento de las leyes estatal y andaluza de Memoria Democrática en la ciudad.
La sesión, que comenzó con normalidad a las nueve de la mañana, derivó en una jornada tensa cuando, tras más de tres horas de espera, llegó el turno de debatir la moción memorialista. Para entonces, apenas quedaba público en el salón de plenos, salvo un nutrido grupo de representantes del Consejo Sectorial de la Memoria y de la asamblea de la plaza de la Gavidia que ocupaba la bancada derecha del hemiciclo.
La propuesta de Podemos-IU era aparentemente técnica: solicitar el cumplimiento efectivo de la normativa vigente en materia de memoria democrática. Sin embargo, el debate evidenció las profundas divisiones que persisten en la sociedad sevillana sobre cómo abordar el pasado franquista.
Ismael Sánchez Castillo, concejal de Podemos-IU, fue contundente en su intervención: "Les recuerdo que las leyes de Memoria Democrática son de obligado cumplimiento. Aquí no vale la equidistancia". El edil de la coalición de izquierdas reprochó a PP y Vox que votaran en contra precisamente en una fecha tan señalada, interpretándolo como un posicionamiento "en el lado malo de la historia".
La respuesta del concejal de Vox, Gonzalo García Polavieja, adoptó un tono sarcástico al afirmar que era "mes impar, mes que Podemos-IU pide el cumplimiento de la ley". Defendió que la normativa ya se está aplicando e instó a la izquierda a dejar de "mirar para atrás" y centrarse en "resolver los problemas del presente".
La votación del pleno coincidió con la publicación de una reveladora encuesta del instituto 40dB sobre la percepción de la democracia y el franquismo en España. Los datos arrojan luz sobre las posiciones expresadas en el salón de plenos: mientras el 73,7% de los españoles prefiere la democracia a un régimen autoritario, este porcentaje cae al 48,9% entre los votantes de Vox.
Más preocupante resulta el desconocimiento histórico entre las generaciones jóvenes. Casi la mitad de la Generación Z y los millennials no saben situar temporalmente el régimen franquista, y un porcentaje similar desconoce que Federico García Lorca fue asesinado por el bando sublevado. Entre los simpatizantes de Vox, un 42,3% muestra simpatía hacia el régimen fascista, frente a solo un 17,3% que lo rechaza.
El momento más tenso de la sesión llegó cuando Rogelio Beltrán Pérez se levantó de su asiento. Hacía 89 años y un día que el bando franquista había asesinado a su abuelo. Sus gritos pidiendo justicia resonaron en el salón mientras mostraba fotografías en blanco y negro de familiares represaliados. La presidencia ordenó su desalojo junto al de otros miembros de asociaciones memorialistas.
Juan Morillo Lora, miembro del Consejo Sectorial de la Memoria, también fue expulsado tras intentar intervenir al finalizar el discurso del alcalde José Luis Sanz. Los micrófonos cerrados impidieron que la grabación oficial del pleno registrara las voces de protesta, pero en la sala resonaban las peticiones de exhumación de la fosa común Monumento, situada junto a la de Pico Reja.
El alcalde Sanz defendió que su gobierno está "dotando cosas que estaban pintadas pero que no eran verdad", poniendo como ejemplo la creación de la Oficina de Memoria Democrática. Aseguró avanzar en la exhumación de la fosa Monumento "en la forma y medida" que considera adecuadas.
Sin embargo, los hechos contradicen estas afirmaciones. El documento que compromete a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento a exhumar la fosa común se firmó en junio de 2024, hace año y medio. No incluye cifras concretas de inversión y establece un plazo de cuatro años. A día de hoy, la fosa permanece intacta y las exhumaciones ni han comenzado ni tienen fecha prevista.
La fosa Monumento podría albergar un número de víctimas superior incluso al de Pico Reja, donde inicialmente se esperaba encontrar 800 represaliados y finalmente aparecieron 1.786 restos humanos.
Miguel Guerrero, nieto del capataz de la Columna Minera asesinado en 1936, denuncia el funcionamiento irregular de las instituciones memorialistas municipales. El Consejo Sectorial de la Memoria, que debería reunirse trimestralmente, solo lo hace cada seis meses. Estuvo paralizado durante año y medio y solo fue reactivado en noviembre de 2023 tras las presiones de los colectivos.
La Oficina de Memoria Democrática, presentada como un logro del gobierno municipal, únicamente abre sus puertas dos veces al mes. Los proyectos relacionados con la memoria histórica carecen de presupuesto específico desde 2024, lo que en la práctica imposibilita cualquier actuación significativa.
"Están esperando a que nos muramos. Quieren que muramos sin justicia", lamenta Guerrero a la salida del pleno, resumiendo el sentimiento de frustración de los familiares de las víctimas del franquismo.
Juan Tomás Aragón Jiménez, portavoz socialista, aprovechó su turno para vincular el rechazo a la memoria democrática con el auge de posiciones antidemocráticas. "Hoy con esta moción que no se ha aprobado, no se está hablando de pasado como quieren los señores de Vox, se está hablando de futuro", advirtió.
El concejal socialista denunció que "la ultraderecha les marca la agenda" al PP y alertó sobre el peligro de "abrir la puerta al mismo odio que destruyó este país". Su intervención se produjo después de que el concejal de Vox Fernando Rodríguez Galisteo aprovechara un debate sobre inversiones en el barrio de La Negrilla para cargar contra la inmigración irregular, vinculándola con narcopisos e inseguridad.
Más allá de las fosas sin exhumar, Sevilla mantiene numerosos vestigios del régimen dictatorial en su espacio público. Morillo enumera al menos cinco colegios que conservan nombres vinculados al franquismo, además de placas, monumentos y otros elementos simbólicos que las leyes de memoria democrática ordenan retirar.
La pervivencia de estos símbolos en el paisaje urbano sevillano contrasta con el discurso oficial de cumplimiento de la normativa y evidencia la falta de voluntad política para abordar de manera integral la herencia del franquismo en la ciudad.
El rechazo de la moción deja en el aire numerosos interrogantes sobre el futuro de las políticas de memoria democrática en la capital andaluza. Con un gobierno municipal que cuenta con el apoyo de una formación que, según las encuestas, alberga más simpatizantes que detractores del franquismo, las perspectivas no son halagüeñas.
Los colectivos memorialistas anuncian que mantendrán la presión para conseguir la exhumación de las fosas comunes, especialmente la Monumento, y el cumplimiento íntegro de la legislación vigente. También reclaman un presupuesto específico para 2025 que permita acometer las actuaciones pendientes.
La cita de Terry Pratchett que recordaba uno de los asistentes al pleno resume el sentimiento de muchos familiares: "El mal empieza cuando se trata a las personas como cosas". Para ellos, cada día que pasa sin exhumar las fosas es un día más de injusticia. Y el reloj, como recordaba amargamente Miguel Guerrero, corre en contra de quienes esperan ver a sus familiares dignamente enterrados antes de que sea demasiado tarde.
Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil irrumpieron este martes en las dependencias municipales del Ayuntamiento de Dos Hermanas. No era una visita de cortesía. El objetivo: incautar toda la documentación relacionada con Francisco Salazar, el hasta hace poco todopoderoso asesor del presidente Pedro Sánchez, quien según la investigación judicial habría cobrado del consistorio nazareno durante cinco años sin pisar su puesto de trabajo.
La operación responde a una orden del Juzgado de Instancia e Instrucción de Dos Hermanas, que el pasado julio abrió diligencias tras la denuncia presentada por Vox. Según esta formación política, Salazar habría percibido 2.000 euros mensuales entre 2012 y 2017 como técnico municipal, lo que sumaría aproximadamente 120.000 euros en total, mientras desarrollaba sus funciones en la sede federal del PSOE en Madrid o en el Palacio de la Moncloa.
El registro se centra específicamente en localizar los contratos y toda la documentación administrativa que acredite la relación laboral durante el mandato del exalcalde socialista Francisco Toscano. Los investigadores buscan pruebas que clarifiquen si efectivamente existió una contratación irregular y si Salazar cumplió con sus obligaciones laborales en el municipio sevillano.
La caída de Paco Salazar ha sido tan vertiginosa como su ascenso. Hasta julio de este año, el exdirigente socialista gozaba de la máxima confianza de Pedro Sánchez, acumulando responsabilidades tanto en Ferraz como en Moncloa. Estaba a punto de sumar a su cartera el cargo de adjunto a la Secretaría de Organización del PSOE cuando su carrera política se desmoronó abruptamente.
Las denuncias por presunto acoso a varias mujeres precipitaron su salida de todos los cargos. Pero lo que parecía el final de su trayectoria política se ha convertido en el principio de sus problemas judiciales. La investigación sobre su etapa en Dos Hermanas amenaza ahora con empañar aún más su reputación y podría tener ramificaciones que alcancen a otros responsables políticos.
La magistrada María del Valle Rivera ordenó el pasado 29 de julio la apertura de diligencias previas y dio luz verde a la Guardia Civil para recabar toda la documentación necesaria del Ayuntamiento. La investigación contempla posibles delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y prevaricación administrativa.
Según la denuncia de Vox, presentada por su portavoz municipal Adrián Trashorras, el entonces alcalde Francisco Toscano habría contratado a Salazar "a sabiendas de que no iba a trabajar para el Ayuntamiento de Dos Hermanas". De confirmarse estos extremos, ambos podrían enfrentarse a penas de prisión y a la inhabilitación para cargo público.
La causa ha sido declarada secreta, lo que impide conocer más detalles sobre las líneas de investigación y las pruebas recabadas hasta el momento. Esta medida es habitual en las fases iniciales de investigaciones complejas que involucran a cargos públicos.
Los investigadores de la Guardia Civil se han centrado en varios aspectos clave durante el registro. Por un lado, buscan el expediente completo de contratación de Salazar: desde la convocatoria del puesto hasta su nombramiento, pasando por los informes técnicos que avalaron su incorporación. También rastrean cualquier documento que acredite su actividad laboral: informes realizados, asistencia a reuniones, comunicaciones internas o registros de entrada y salida.
Especial interés tienen las nóminas y transferencias bancarias que demuestren los pagos efectuados durante esos cinco años. Los investigadores también examinarán las comunicaciones entre el Ayuntamiento y Salazar, especialmente aquellas que pudieran justificar sus ausencias o explicar cómo compatibilizaba su trabajo municipal con sus responsabilidades en Madrid.
Dos Hermanas, con sus más de 135.000 habitantes, es el municipio más poblado de la provincia tras la capital. Ha sido un feudo socialista histórico, gobernado ininterrumpidamente por el PSOE desde la restauración democrática. Francisco Toscano, alcalde entre 1983 y 2023, ostenta el récord de permanencia en una alcaldía española con 40 años consecutivos en el cargo.
Esta hegemonía política podría haber facilitado, según sugiere la investigación, prácticas irregulares en la contratación de personal. El caso Salazar no sería el primer escándalo que salpica al consistorio nazareno, aunque sí el que más repercusión mediática está teniendo por la relevancia del investigado y su conexión directa con la Presidencia del Gobierno.
El registro del Ayuntamiento de Dos Hermanas llega en un momento delicado para el PSOE. La formación socialista intenta pasar página de los escándalos que han salpicado a varios de sus dirigentes en los últimos meses. El caso Salazar, por su cercanía a Pedro Sánchez y por la gravedad de los delitos investigados, amenaza con reabrir heridas que el partido daba por cerradas.
Fuentes del PSOE sevillano mantienen un prudente silencio mientras se desarrolla la investigación. El actual alcalde de Dos Hermanas, Francisco Rodríguez, que sucedió a Toscano tras su jubilación, ha declinado hacer declaraciones sobre el registro, limitándose a señalar que el Ayuntamiento colaborará plenamente con la justicia.
Tras el registro, la UCO deberá analizar toda la documentación incautada y elaborar un informe detallado para la jueza instructora. Este proceso puede llevar varias semanas o incluso meses, dependiendo del volumen de información recabada. Una vez completado el análisis, la magistrada decidirá si existen indicios suficientes para citar a declarar como investigados a Salazar y Toscano.
Si la investigación prospera, ambos podrían enfrentarse a un juicio por delitos que conllevan penas significativas. La malversación de caudales públicos puede acarrear hasta ocho años de prisión en sus modalidades más graves, mientras que la prevaricación administrativa se castiga con inhabilitación especial para empleo o cargo público.
El caso Salazar deja numerosos interrogantes en el aire. ¿Cómo es posible que durante cinco años nadie en el Ayuntamiento de Dos Hermanas detectara o denunciara la supuesta ausencia de un trabajador municipal? ¿Existían mecanismos de control sobre el cumplimiento de las obligaciones laborales de los empleados públicos?
También surge la cuestión de si este caso es un hecho aislado o podría formar parte de una práctica más extendida. ¿Cuántos contratos similares podrían existir en administraciones locales gobernadas durante décadas por el mismo partido? La investigación en Dos Hermanas podría abrir la caja de Pandora de las contrataciones irregulares en los ayuntamientos.
Lo que comenzó como un escándalo personal por denuncias de acoso se ha transformado en una investigación judicial que amenaza con salpicar a todo el entramado socialista sevillano. El registro de este martes en el Ayuntamiento de Dos Hermanas marca solo el principio de un proceso que promete ser largo y que podría tener consecuencias políticas impredecibles. Mientras tanto, los ciudadanos nazarenos observan con preocupación cómo su ayuntamiento vuelve a estar en el centro de la polémica, esta vez por un caso que conecta directamente con las más altas esferas del poder en España.
La capital hispalense estrena sus cuentas municipales más ambiciosas desde que existe registro presupuestario. El Ayuntamiento ha dado este jueves aprobación definitiva a un presupuesto de 1.085,8 millones de euros que no ha encontrado oposición frontal: ni un solo voto en contra ha surgido del hemiciclo de la Plaza Nueva. La cifra supone un crecimiento del 2,6% respecto al ejercicio anterior y alcanza los 1.365 millones cuando se consolidan las cifras de empresas municipales y organismos autónomos.
José Luis Sanz, máximo responsable del gobierno local, subrayó durante la sesión plenaria que estas cuentas permitirán "que la ciudad funcione mucho mejor y mucho más rápido". El regidor vinculó el documento presupuestario a su objetivo declarado de transformar la capital andaluza en "la mejor ciudad del mundo para vivir, para trabajar, para visitar y para invertir".
El consenso político alcanzado contrasta con anteriores ejercicios donde las cuentas municipales generaban fricciones entre bancadas. En esta ocasión, el equipo de gobierno ha incorporado propuestas procedentes de la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES), organizaciones sindicales, diversos agentes sociales y grupos políticos que decidieron sumarse al proceso de elaboración.
Seis de cada diez euros del gasto total se destinarán a servicios públicos básicos y protección social. Esta distribución marca un cambio de prioridades respecto a ejercicios anteriores, con incrementos destacados en áreas que los vecinos identifican como problemáticas: limpieza urbana, seguridad ciudadana, red de transporte público y acceso a la vivienda.
Lipasam, la empresa municipal encargada de la limpieza, recibirá la dotación más elevada desde su constitución. El Consistorio no ha precisado la cifra exacta, pero fuentes municipales confirman que el incremento responde a las quejas vecinales sobre el estado de calles y plazas en determinados distritos.
El capítulo de vivienda experimenta también un empuje significativo. Sevilla se mantiene como la segunda ciudad española -únicamente por detrás de Madrid- en volumen de construcción de vivienda pública, según datos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Las nuevas cuentas pretenden consolidar esa posición con promociones en barrios donde la demanda supera ampliamente la oferta disponible.
La protección social absorberá 218,9 millones de euros. Esta partida engloba programas de atención a personas sin hogar, protección de menores en situación de vulnerabilidad y fomento del empleo entre colectivos con dificultades de inserción laboral. El incremento responde al aumento de personas atendidas por los servicios sociales municipales durante el último año.
El capítulo de inversiones alcanza los 52,4 millones de euros en actuaciones directas. El gobierno municipal promete priorizar intervenciones en barrios periféricos, mejoras en centros educativos de titularidad municipal, rehabilitación de inmuebles del parque público de viviendas y regeneración de parques y espacios públicos.
Esta distribución territorial busca corregir desequilibrios históricos entre el centro urbano y las barriadas más alejadas. Varios distritos del este y norte de la ciudad acumulan déficits en infraestructuras y equipamientos que el Consistorio reconoce abiertamente.
Las obras en colegios públicos incluirán actuaciones de mantenimiento, mejora de accesibilidad y renovación de instalaciones deportivas en patios escolares. El plan específico se dará a conocer distrito por distrito durante las próximas semanas, según han avanzado fuentes del área de Urbanismo.
El Ayuntamiento mantiene la rebaja del 1% en todos los impuestos locales aprobada el pasado ejercicio. También congela tasas y precios públicos, desde las licencias urbanísticas hasta las tarifas de instalaciones deportivas. Pese a reducir la presión fiscal, la recaudación de 2024 creció 11,5 millones respecto al ejercicio anterior.
El alcalde interpretó estos datos como prueba de que "bajando los impuestos se estimula la actividad económica". La tesis municipal sostiene que tipos impositivos más bajos incentivan transacciones inmobiliarias, apertura de negocios y regularización de actividades económicas antes sumergidas, lo que finalmente amplía la base tributaria.
Los técnicos de Hacienda atribuyen parte del incremento recaudatorio al dinamismo del mercado inmobiliario sevillano. El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y el de Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (plusvalía) han experimentado crecimientos superiores al 15% interanual.
El gobierno local presumió durante el debate plenario de haber ejecutado el 78% del presupuesto de 2024 en apenas 145 días. Esta velocidad de gasto, que supone más de 960 millones invertidos, marca un récord histórico en la gestión municipal sevillana.
Sanz vinculó este dato al "esfuerzo del equipo de gobierno y la implicación de todos los trabajadores municipales". El ritmo de ejecución contrasta con ejercicios anteriores donde, transcurrido el primer semestre, apenas se había gastado el 40% del presupuesto aprobado.
Los sindicatos con representación en la Mesa General de Negociación han valorado positivamente el incremento de plantilla previsto en las nuevas cuentas, aunque reclaman mayor concreción sobre las plazas que se convocarán mediante oferta pública de empleo. El Consistorio se ha comprometido a negociar la distribución de efectivos por áreas durante el primer trimestre del año.
El documento presupuestario, que entró en vigor el pasado 1 de febrero tras superar el período de exposición pública sin alegaciones, dibuja una hoja de ruta municipal centrada en consolidar servicios básicos antes que en proyectos de gran impacto mediático. La unanimidad política alcanzada sugiere un cambio de estrategia en la gestión municipal: priorizar consensos amplios sobre mayorías ajustadas.
El Consistorio hispalense ha activado este miércoles el protocolo de emergencia para abordar la crisis del dispositivo navideño de seguridad. José Luis Sanz convoca una Junta Local de Seguridad con carácter extraordinario y urgente para mañana jueves a las 12:30 horas, apenas 24 horas después de que el Pleno municipal rechazara frontalmente su propuesta para las fiestas de diciembre y enero.
La decisión llega tras una sesión plenaria extraordinaria marcada por la tensión y las protestas policiales. El primer punto del orden del día de esta junta -donde se sientan representantes municipales, autonómicos y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado- versará precisamente sobre el Plan de Seguridad Navidad 2025-2026, según confirman fuentes del gobierno local.
El documento que ayer rechazó la oposición contemplaba un gasto máximo de 5,6 millones de euros y reducía drásticamente el periodo de actuación: de los 40 días del año anterior a apenas 20 jornadas. El ejecutivo local justificó el recorte alegando que se había "superado el nivel de eventos" y que resultaba imprescindible ajustarse al tope legal de horas extraordinarias y productividades que permite abonar la normativa vigente a los agentes municipales.
La alianza entre PSOE, Vox y Con Podemos-IU tumbó la iniciativa del Partido Popular con argumentos coincidentes. Los tres grupos denunciaron una gestión "chapucera" y señalaron que el plan llegaba al hemiciclo "con demasiados flecos por definir". Especialmente críticos se mostraron con el procedimiento: consideraron la votación "un chantaje emocional" hacia los ediles, presionados por la urgencia temporal de la campaña navideña.
El regidor había apelado días atrás a la "responsabilidad" tanto de los grupos políticos como de las organizaciones sindicales para desbloquear la situación. En declaraciones previas al pleno, Sanz no descartó la posibilidad de imponer el dispositivo mediante sus competencias ejecutivas si fracasaba el consenso. "Ya no se puede pagar ni más horas extras ni más productividades hasta el año que viene", afirmó el alcalde al explicar las restricciones presupuestarias que condicionan cualquier propuesta.
Las organizaciones representativas de la Policía Local han rechazado frontalmente el plan en dos reuniones consecutivas mantenidas con el Ayuntamiento. La falta de diálogo previo y la reducción temporal del dispositivo han encendido los ánimos en el cuerpo policial, que considera insuficiente la cobertura propuesta para un periodo tradicionalmente complejo en materia de seguridad ciudadana.
CSIF, uno de los sindicatos mayoritarios en la plantilla municipal, anunció hace días que emprenderá "acciones judiciales" si finalmente el gobierno local confirma la imposición unilateral del plan. Este miércoles, los tres sindicatos con mayor representación convocaron una concentración a las puertas del Consistorio para visibilizar su rechazo a la gestión del ejecutivo popular.
La protesta alcanzó su momento más tenso durante el propio Pleno extraordinario. Varios agentes protagonizaron una acción reivindicativa dentro del Salón de Plenos tras conocerse el rechazo parlamentario al plan navideño, lo que obligó a los servicios de seguridad del edificio a desalojarlos de la sala para restablecer el orden en la sesión.
Paradójicamente, la misma sesión plenaria que tumbó el plan futuro aprobó el abono de deudas pasadas. El Consistorio sacó adelante casi cinco millones de euros destinados a liquidar productividades y horas extraordinarias pendientes tanto de la Policía Local como del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios.
Esta iniciativa prosperó gracias al voto de calidad del alcalde, activado tras la abstención del grupo municipal de Vox. El mecanismo otorga al regidor la potestad de desempatar cuando se produce un equilibrio numérico en las votaciones, una situación excepcional que refleja la precaria aritmética parlamentaria del gobierno municipal en asuntos especialmente conflictivos.
La Junta Local de Seguridad que se celebrará mañana jueves se presenta como el último intento del ejecutivo de Sanz para reconducir una crisis que amenaza con dejar a Sevilla sin un dispositivo reforzado durante las semanas de mayor afluencia turística y comercial del año. El órgano colegiado, que permite la coordinación entre todas las administraciones con competencias en seguridad pública, deberá buscar fórmulas que satisfagan tanto las exigencias presupuestarias como las reivindicaciones laborales de los agentes municipales.
Mientras tanto, el calendario apremia: diciembre arranca en menos de una semana y la ciudad necesita definir con urgencia cómo articulará la vigilancia en zonas comerciales, instalaciones navideñas y eventos multitudinarios que tradicionalmente concentran decenas de miles de visitantes en el casco histórico y barrios periféricos.