Comenzaron mientras esperaban a que sus hijos terminaran el entrenamiento de rugby. Seis años después, han transformado el panorama del deporte amateur en España. El Club de Rugby Lacartijas, formado exclusivamente por mujeres mayores de 35 años que jamás habían jugado al óvalo, recibió este lunes el reconocimiento del alcalde José Luis Sanz en el salón principal del Consistorio hispalense.
El equipo, fundado en 2018 por un grupo de madres que decidieron ocupar su tiempo de espera con algo más que conversaciones de cafetería, acumula ya dos títulos nacionales consecutivos en la categoría +35 del Master Series. Pero su mayor logro trasciende los trofeos: su iniciativa ha inspirado la aparición de 27 equipos más en todo el territorio nacional, sumando más de 600 mujeres que han descubierto este deporte en la edad adulta.
Las cifras desmontan estereotipos. Treinta y seis jugadoras componen actualmente la plantilla sevillana, con edades comprendidas entre los 39 y los 58 años. Ninguna había practicado rugby antes de 2018. Todas compaginan sus entrenamientos con responsabilidades laborales y familiares. Y todas han demostrado que el deporte de contacto no es patrimonio exclusivo de la juventud.
Durante la recepción institucional, el regidor municipal puso en valor el carácter pionero de la propuesta: "Las Lacartijas simbolizan que el deporte no tiene límites y que la pasión y el esfuerzo pueden más que cualquier barrera. Sois un orgullo para Sevilla y para todas las mujeres que ven en vosotras un ejemplo de constancia y valentía".
El alcalde subrayó especialmente la dimensión social del proyecto, que ha demostrado capacidad para generar comunidad más allá de los resultados deportivos. El club sevillano entrena dos veces por semana y participa en el circuito nacional que ellas mismas contribuyeron a crear, compitiendo contra equipos de ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia o Zaragoza.
El impacto de la iniciativa hispalense resulta imposible de ignorar. Cuando las Lacartijas disputaron su primer torneo en 2019, apenas existían tres equipos femeninos en la categoría máster. Cinco años más tarde, el Master Series +35 congrega a 28 conjuntos procedentes de todas las comunidades autónomas, consolidando una competición que se ha convertido en referente del rugby amateur femenino.
El primer edil incidió precisamente en esta expansión durante su intervención: la idea gestada en Sevilla ha servido de estímulo para que numerosos clubes tradicionales incorporen secciones femeninas adultas, democratizando el acceso a un deporte históricamente masculinizado y asociado a etapas tempranas de la vida deportiva.
Más allá de las estadísticas, el fenómeno representa un cambio cultural. Mujeres que superan la barrera de los 35 años -muchas de ellas madres, profesionales consolidadas- encuentran en el rugby un espacio para el desarrollo personal, la actividad física y las relaciones sociales que trascienden los roles tradicionales.
El alcalde cerró la recepción oficial reiterando el respaldo del Consistorio a proyectos que fomentan hábitos saludables y facilitan el acceso igualitario a la práctica deportiva: "Este club demuestra que nunca es tarde para empezar y que el deporte también es una forma de construir comunidad".
La declaración institucional conecta con las políticas municipales orientadas al deporte base y amateur, especialmente aquellas iniciativas que rompen barreras de edad o género. El reconocimiento a las Lacartijas se enmarca en una estrategia más amplia del Ayuntamiento para visibilizar experiencias deportivas innovadoras que nazcan desde la ciudadanía.
El club sevillano, que debe su nombre a un guiño humorístico sobre la capacidad de adaptación y resistencia del reptil, continúa creciendo en número de integrantes y aspirantes. Su historia demuestra que los proyectos deportivos más transformadores no siempre surgen de grandes inversiones o estructuras profesionales, sino de la voluntad de un grupo de personas dispuestas a desafiar convencionalismos mientras esperan, simplemente, a que terminen los entrenamientos de sus hijos.
La orilla del Guadalquivir se transformó este martes en escenario de compromiso colectivo. Más de trescientos jóvenes de diez centros educativos de Sevilla se congregaron para presenciar un flashmob coreografiado por medio centenar de alumnos del Conservatorio Profesional de Danza Antonio Ruiz Soler, que protagonizaron el acto central con el que el Ayuntamiento conmemoró el Día Internacional Contra la Violencia hacia las Mujeres. La bailaora Úrsula López acompañó la performance, que clausuró un programa municipal intenso de sensibilización desplegado durante toda la jornada del 25N.
Entre el público que siguió la coreografía destacaban estudiantes del IES San Jerónimo, IES Julio Verne, IES V Centenario, IES Bellavista, CPIFP Los Viveros, IES Ramón Carande, IES Murillo, Colegio María Zambrano, IES Azahar e IES Velázquez. La iniciativa, diseñada para conectar el lenguaje artístico con el mensaje institucional, busca interpelar directamente a las generaciones que pueden romper definitivamente con los patrones de violencia machista.
El alcalde José Luis Sanz aprovechó la convocatoria para reivindicar la apuesta del Consistorio en esta materia. "Hoy, más claro y más contundente que nunca, recordamos que desde el Ayuntamiento vamos a seguir apostando por este tipo de actos que sensibilizan y concienciañ, especificó. El regidor puso el acento en la necesidad de "seguir incrementando los recursos para la lucha contra la violencia de género".
El primer edil subrayó que este 25N representa "un día clave en el que debemos estar unidos y reforzar la coordinación entre todas las administraciones frente a una lacra que sufre nuestra sociedad y que entre todos tenemos que erradicar". Sus palabras conectan con la estrategia municipal de visibilizar el rechazo institucional a cualquier manifestación de violencia contra las mujeres, articulando actuaciones que combinan prevención educativa y refuerzo asistencial.
El flashmob junto al río cerró una programación extensa diseñada por el área competente del Ayuntamiento. Durante las semanas previas al 25N, el Consistorio desplegó iniciativas culturales y campañas de sensibilización orientadas a reafirmar el rechazo unánime de la ciudad ante la violencia machista en todas sus formas.
Entre las propuestas destacó un concurso abierto a centros educativos para seleccionar la imagen gráfica y el eslogan de la campaña municipal. La convocatoria movilizó a más de dos mil alumnos procedentes de cincuenta institutos y colegios sevillanos, generando una respuesta masiva que refleja el interés del alumnado por implicarse activamente en la construcción de mensajes públicos contra esta lacra social.
El jurado del certamen otorgó el primer premio en la categoría de imagen gráfica a un equipo de estudiantes de segundo curso del Ciclo Formativo de Grado Superior de Marketing y Publicidad del Centro Público Integrado de Formación Profesional Los Viveros. Su propuesta visual será el rostro de la campaña institucional del Ayuntamiento durante los próximos meses, reproducida en soportes digitales, impresos y espacios públicos.
En cuanto al eslogan ganador, "Sin violencia, sin miedo, sin excusas", fue creado por un grupo de alumnos de cuarto de Educación Secundaria Obligatoria del IES Isbilya. La frase, directa y rotunda, sintetiza el mensaje que el Consistorio pretende transmitir: tolerancia cero ante cualquier forma de maltrato y eliminación de justificaciones que perpetúan conductas agresivas.
La participación estudiantil en este concurso forma parte de la estrategia municipal de implicar a la juventud en la construcción de discursos públicos, transformando a los adolescentes en agentes activos de cambio cultural. El Ayuntamiento considera fundamental que sean los propios jóvenes quienes generen los mensajes dirigidos a sus coetáneos, aumentando así la eficacia comunicativa y la identificación con las campañas institucionales.
Con más de tres centenares de jóvenes movilizados solo en el acto del martes, y dos millares implicados en las actividades previas, el balance de participación del 25N sevillano confirma la capacidad de convocatoria que mantienen las iniciativas centradas en educación y prevención. El reto institucional ahora pasa por consolidar este tejido de sensibilización con recursos asistenciales suficientes para las víctimas y protocolos ágiles de coordinación interadministrativa.
El Equipo de Respuesta a los Delitos de Odio (Redo) de la Guardia Civil ha arrestado en la provincia de Sevilla a un individuo que utilizaba su plataforma digital -con más de 125.000 seguidores- para difundir mensajes denigrantes contra las mujeres. La operación culmina tras una investigación iniciada por los Servicios Sociales Comunitarios de la Campiña sevillana, que detectaron la proliferación de contenidos misóginos y alertaron a los agentes.
La detención se produce en una jornada especialmente significativa: el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El detenido, cuya identidad no ha trascendido, empleaba su influencia en el ecosistema digital para "fomentar en terceros la hostilidad y discriminación" hacia el colectivo femenino, según precisa el Instituto Armado en un comunicado oficial.
La maquinaria policial se puso en marcha tras una denuncia formal presentada por los Servicios Sociales en un puesto de la Guardia Civil ubicado en la Campiña sevillana. Los trabajadores sociales, en contacto directo con la realidad comunitaria, habían identificado publicaciones que consideraron susceptibles de constituir un delito de odio por razones de género.
A partir de ese momento, los especialistas del Redo -unidad creada específicamente para combatir los discursos de odio y discriminación- rastrearon exhaustivamente los perfiles digitales del investigado. El análisis reveló "un gran número de publicaciones y emisiones en directo" en las que el individuo promovía "de forma directa al odio y a la hostilidad contra las mujeres".
El Instituto Armado describe el discurso como caracterizado por "comentarios denigrantes, misóginos e intolerantes", un patrón de conducta reiterado que aprovechaba la amplificación que proporcionan las redes sociales. Con más de 125.000 seguidores, el detenido contaba con una audiencia considerable que recibía sistemáticamente estos mensajes de discriminación.
La Guardia Civil subraya que se trata de "una pluralidad de conductas" con "clara motivación discriminatoria como expresión de la intolerancia por razones de género". Estas acciones, lejos de tratarse de episodios aislados, conformaban un patrón sistemático que el Instituto Armado califica como "conductas relevantes que generan miedo e inseguridad en el colectivo que conforman las mujeres".
La legislación española contempla como delito la incitación al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra grupos por motivos de género, raza, religión o pertenencia a una nación o etnia. El Código Penal establece penas de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses para quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia.
En este caso concreto, el detenido utilizaba las herramientas propias del entorno digital -publicaciones escritas, vídeos y emisiones en directo- para difundir su mensaje discriminatorio. La viralidad inherente a las plataformas sociales multiplicaba el alcance de cada intervención, amplificando el impacto de sus palabras.
Durante todo el desarrollo de las actuaciones, el equipo Redo mantuvo una estrecha colaboración con la Fiscalía Delegada para los Delitos de Odio y contra la Discriminación. Esta unidad fiscal, especializada en este tipo de infracciones penales, supervisa las investigaciones y garantiza que las diligencias se ajusten a los requisitos legales necesarios para una eventual acusación.
La coordinación entre cuerpos policiales y fiscalía resulta fundamental en casos de delitos de odio digitales, donde la obtención de pruebas requiere conocimientos técnicos específicos y donde la identificación del autor puede presentar dificultades. La volatilidad de los contenidos en redes sociales -que pueden ser eliminados en cualquier momento- exige una recopilación ágil y rigurosa de las evidencias.
El Instituto Armado no ha proporcionado detalles sobre la localidad exacta donde se produjo la detención ni sobre las plataformas digitales específicas empleadas por el investigado. Tampoco ha trascendido si el detenido monetizaba sus contenidos o si su actividad en redes constituía su principal ocupación.
Esta detención se enmarca en un incremento generalizado de los delitos de odio en el espacio digital. Según datos del Ministerio del Interior, los discursos discriminatorios en redes sociales representan ya una proporción significativa del total de infracciones por odio registradas en España. El anonimato relativo que ofrecen estas plataformas y la percepción de impunidad favorecen la proliferación de mensajes intolerantes.
En Andalucía, la Guardia Civil y las distintas policías autonómicas y locales han intensificado la vigilancia sobre estos comportamientos, especialmente tras la reforma del Código Penal que endureció las penas para quienes difunden contenidos que inciten al odio por razones de género, orientación sexual o identidad.
Los servicios sociales comunitarios, como los que alertaron de este caso en la Campiña sevillana, desempeñan un papel cada vez más relevante como observadores de primera línea. Su contacto directo con la ciudadanía les permite detectar situaciones de riesgo que pueden pasar desapercibidas para las fuerzas de seguridad.
El detenido pasará ahora a disposición judicial, donde un juez determinará si procede decretar medidas cautelares y si existen indicios suficientes para la apertura de un procedimiento penal. La instrucción judicial determinará el alcance exacto de las conductas y la eventual responsabilidad penal del investigado.
El plan de seguridad navideña de Sevilla llega al Pleno de este miércoles envuelto en tensión. José Luis Sanz ha lanzado este martes un llamamiento a la responsabilidad de los grupos municipales y las organizaciones sindicales para desbloquear un dispositivo que contempla apenas 20 jornadas de refuerzo policial, menos de la mitad que en la campaña anterior. El primer edil ha dejado la puerta abierta a imponer la medida mediante decreto si no prospera el consenso en las próximas horas.
La reducción drástica del calendario responde, según ha explicado el regidor ante los medios, al agotamiento del tope legal de horas extraordinarias y productividades que permite abonar a los agentes. "Ya no se puede pagar ni más horas extras ni más productividades hasta el año que viene", ha subrayado el alcalde, quien ha vinculado el ajuste al incremento de eventos que se han sucedido a lo largo de 2024 en la capital hispalense.
El Ayuntamiento se encuentra contra las cuerdas del marco normativo que regula las retribuciones extraordinarias del cuerpo municipal. El volumen de celebraciones, manifestaciones y actos públicos organizados durante el ejercicio ha consumido prácticamente toda la capacidad de compensación económica disponible para la plantilla. Sanz ha justificado el recorte apelando a esta circunstancia administrativa: tras superar el nivel de acontecimientos previstos, el margen para abonar servicios adicionales se ha agotado meses antes del cierre del año.
Esta situación contrasta con las cifras de la pasada Navidad, cuando el plan alcanzó las 40 jornadas de refuerzo. La merma ha generado malestar entre los sindicatos policiales, que han rechazado frontalmente las dos propuestas presentadas por el gobierno local en sendas reuniones conjuntas. CSIF, una de las organizaciones más representativas, ha advertido que emprenderá acciones judiciales si el Consistorio obliga por decreto a realizar servicios extraordinarios durante estas fiestas.
Sanz ha salido al paso de posibles críticas sobre la situación financiera municipal. El primer edil ha insistido en que el Ayuntamiento "no tiene problemas de endeudamiento" y ha recordado que la capacidad de endeudamiento sería "brutal" si no estuviera limitada por el techo de gasto. Como referencia, ha mencionado la amortización de deuda aprobada hace cinco plenos por importe de 178 millones de euros, operación que rebajó el pasivo en más de noventa millones.
Con todo, el regidor ha mantenido la mano tendida hasta el último momento. "La negociación está abierta hasta el último minuto", ha remarcado antes de apelar a "esa vocación de servicio público y a esa profesionalidad de la que siempre ha hecho gala la policía local de Sevilla". El mensaje busca presionar tanto a los representantes sindicales como a los portavoces de la oposición, cuyo respaldo resulta decisivo para evitar una imposición unilateral.
El alcalde ha reconocido que la solución estructural pasa por ampliar la dotación de agentes. Según sus previsiones, el Consistorio incorporará 370 nuevos efectivos hasta 2027, aunque ha admitido que "todavía faltarán otros 300" para cubrir las necesidades reales de la ciudad. "Desgraciadamente no se pueden sacar de golpe 600 plazas de policías locales. Hay que ir poco a poco, pero esa es la solución", ha afirmado.
El regidor ha defendido que el nivel de eventos responde a "la forma de ser de los sevillanos", una característica que ha calificado como innegociable. "Vivimos en la calle y eso evidentemente no nos lo va a tocar nadie", ha zanjado, vinculando la intensidad de la actividad festiva y cultural al carácter de la capital andaluza.
En paralelo a la controversia policial, Sanz ha expresado su sorpresa por las enmiendas que Vox ha presentado para los presupuestos municipales de 2026. La formación de Cristina Peláez propone eliminar todas las partidas destinadas a promoción turística, incluidos viajes, reuniones y propaganda, una medida que el alcalde considera contradictoria con la realidad económica de Sevilla.
"Me resulta chocante", ha señalado el primer edil, quien ha calificado el turismo como "la principal industria de la ciudad" y ha defendido la necesidad de "cuidarla y mimarla". Sin embargo, ha matizado que este compromiso "no quiere decir que nos resignemos a buscar otras posibles alternativas" para diversificar el tejido productivo.
Las enmiendas de Vox contemplan también el incremento de inversiones en polígonos empresariales y ayudas a la maternidad, así como la supresión de fondos para igualdad de género, cooperación al desarrollo, sindicatos y lucha contra el cambio climático. La portavoz del grupo ha apelado a "la sensibilidad del gobierno" para alcanzar un pacto, aunque Sanz ha reconocido que aún no ha analizado todas las propuestas en detalle.
El alcalde ha situado la aprobación de las cuentas municipales "antes o durante la semana de Navidad", un horizonte temporal que recuerda el precedente de 2025, cuando PP y Vox cerraron un acuerdo que incluía el estudio de viabilidad del soterramiento de la Ronda Urbana Norte, la reactivación de la SE-35, el cierre del Centro de Alta Tolerancia, la creación de la Oficina de Apoyo a la Natalidad, la bajada progresiva del IBI y la construcción de 500 viviendas en el Distrito Portuario.
El choque por la gestión de los recursos de la Policía Local escala un día antes de la sesión extraordinaria convocada para este miércoles. Ismael Sánchez, portavoz de Izquierda Unida en el Consistorio hispalense, exige al primer edil la suspensión inmediata del debate sobre el reconocimiento de crédito para el abono de productividad y horas extraordinarias de los agentes, una partida que roza los cinco millones de euros y que arrastra irregularidades administrativas según la Intervención General.
La petición del edil de IU llega tras conocerse varios informes internos que cuestionan la tramitación de estos expedientes. Los técnicos municipales advierten de la "reiterada ausencia de autorización previa", del "incumplimiento de los procedimientos de control del gasto" y de la "improcedencia de reconocer obligaciones tramitadas de manera irregular". Sánchez apela a la responsabilidad del regidor y le lanza un mensaje directo: si el alcalde reconoce que no puede saltarse la ley, lo responsable sería frenar esta situación.
La presión del grupo de izquierdas surge después de las manifestaciones del propio Sanz durante el acto institucional de celebración del cuerpo policial este lunes. El primer edil aseguró entonces que trabaja de forma constante para incrementar la plantilla y mejorar las condiciones laborales de los efectivos, aunque reconoció sentirse limitado por la disponibilidad económica y el marco normativo vigente. Durante su intervención, dejó claro que ni siquiera su figura está por encima de la legalidad.
Para Sánchez, sin embargo, el origen del problema radica en otro lugar. El concejal de IU apunta directamente a la "desorganización, falta de previsión e improvisación permanente" del equipo de gobierno municipal como causantes de la situación actual. Desde su perspectiva, la solución no pasa por llevar al hemiciclo expedientes con irregularidades detectadas, sino por abrir un proceso riguroso que corrija los errores de base, garantice la seguridad jurídica y ordene la planificación tanto de la Policía Local como del cuerpo de Bomberos.
El Pleno extraordinario de este miércoles es en realidad una convocatoria de urgencia tras la retirada de los dos puntos relacionados con los agentes municipales durante la última sesión ordinaria. El Gobierno local tomó esa decisión después de que la oposición al completo, incluido Vox, señalara la "mala gestión" del Consistorio durante el debate sobre el pago de las horas extraordinarias. La retirada evitó entonces una votación que auguraba un resultado desfavorable para el equipo de Sanz.
El delegado de Seguridad, Ignacio Flores, admitió durante aquella sesión que existe "un problema con la ley de techo de gasto" agravado por el incremento en el número de eventos que deben cubrir los efectivos policiales. Ante las críticas, el edil de seguridad defendió su postura con un argumento: por encima de cualquier consideración administrativa está la seguridad de los vecinos sevillanos.
Izquierda Unida reclama ahora un cambio de estrategia. Sánchez pide al alcalde que abandone lo que considera una "estrategia de tensión" y abra un marco de diálogo efectivo con los grupos de la oposición y los servicios públicos afectados. El concejal propone unas negociaciones con objetivos claros: regularizar los procedimientos administrativos, evitar nuevos reparos de Intervención y garantizar que las horas extraordinarias cuenten siempre con autorización previa a su realización, tal como establece la normativa vigente.
La sesión extraordinaria está programada para este miércoles e incluye, además del reconocimiento de crédito para los agentes, el debate sobre el plan de Navidad de la ciudad. La convocatoria se mantiene por el momento pese a la petición de suspensión, en un contexto marcado por las tensiones presupuestarias, los reparos técnicos y un cuerpo policial que reclama soluciones ante el incremento de la carga de trabajo y las irregularidades en el cobro de complementos salariales devengados.
El desencuentro político refleja un problema de fondo en la gestión de recursos humanos de uno de los servicios más sensibles del Ayuntamiento. Mientras el equipo de gobierno defiende que prioriza la seguridad ciudadana por encima de las trabas administrativas, la oposición advierte de que la improvisación genera inseguridad jurídica y perjudica tanto a las arcas municipales como a los propios trabajadores, que ven retrasado el cobro de sus horas extraordinarias por falta de planificación previa.
La negativa de Amama a facilitar los datos que asegura poseer sobre mujeres afectadas por errores en el programa de cribado del cáncer de mama puede costarle muy cara. La asociación sevillana se enfrenta a una sanción que alcanza los 600.000 euros por incumplir la obligación legal de colaborar con las autoridades sanitarias andaluzas en lo que el Gobierno regional califica como "una emergencia de salud pública".
El responsable autonómico argumentó en su comparecencia que esta cuestión "pone en riesgo la vida de mujeres, su confianza en el sistema" y que la falta de información puede impedir al Servicio Andaluz de Salud (SAS) tratar a pacientes que, "de existir, solo conoce Amama". La misma norma prohíbe expresamente "causar, voluntariamente o por negligencia grave, un peligro para la salud de otras personas", circunstancia que desde el Ejecutivo andaluz consideran aplicable al caso.
El régimen sancionador contemplado en la Ley de Salud Pública andaluza establece tres tramos de multas. Las infracciones leves pueden castigarse con hasta 3.000 euros; las graves oscilan entre 3.001 y 15.000 euros; y las muy graves van desde 15.001 hasta los 600.000 euros que ahora se ciernen sobre la asociación.
La normativa considera infracción muy grave "la negativa absoluta a facilitar información, a suministrar datos o a prestar colaboración a las autoridades sanitarias o a los funcionarios de salud pública en el ejercicio de sus funciones". Además, tipifica como punible "el incumplimiento consciente y deliberado de los requisitos, obligaciones o prohibiciones establecidos en la normativa sanitaria o cualquier otro comportamiento doloso aunque no dé lugar a riesgo o alteración de la salud pública grave".
Otro apartado relevante castiga "el incumplimiento reiterado de los requerimientos específicos que formulen las autoridades sanitarias, así como el incumplimiento de las medidas cautelares o definitivas adoptadas, cuando se produzcan de modo reiterado o cuando concurra daño grave para la salud de las personas". Este epígrafe encajaría con la negativa sostenida de Amama a entregar la documentación solicitada.
La Ley de Procedimiento Administrativo autonómica refuerza estas obligaciones al recoger en su artículo 18 que "las personas colaborarán con la Administración en los términos previstos en la Ley que en cada caso resulte aplicable, y a falta de previsión expresa, facilitarán a la Administración los informes, inspecciones y otros actos de investigación que requieran para el ejercicio de sus competencias".
Amama se escuda en la confidencialidad para justificar su postura. En un comunicado difundido recientemente, la organización afirma que el SAS "reclama a una humilde asociación de mujeres datos, todos ellos confidenciales, que solo maneja en su integridad la propia Administración que los solicita".
La asociación sevillana sostiene que "es la administración sanitaria la que debe tener los datos de las mujeres que no fueron citadas, las que sufrieron retrasos y las consecuencias para cada una de ellas". Además, cuestiona la legitimidad de la directora general del Servicio de Salud para efectuar el requerimiento como "autoridad sanitaria".
El argumento jurídico central de Amama se apoya en las leyes orgánicas 3/2018 y 41/2002, de rango superior, que "prohíben expresamente el tratamiento de datos de salud por parte de terceros, salvo consentimiento expreso, escrito e informado y dentro de una finalidad legítima". Sin embargo, la propia Ley de Procedimiento Administrativo establece una excepción a la obligación de colaborar cuando "la revelación de la información solicitada por la Administración atentara contra el honor, la intimidad personal o familiar o supusieran la comunicación de datos confidenciales de terceros de los que tengan conocimiento por la prestación de servicios profesionales de diagnóstico, asesoramiento o defensa".
Antonio Sanz aprovechó su intervención del lunes para exigir rigor en las cifras que maneja la asociación. El consejero afeó a Amama que hablase de "4.000 mujeres afectadas" por los fallos del cribado cuando, según precisó, no se trata de 4.000 pacientes sino de "4.000 llamadas" registradas por la organización.
"¡Válgame Dios, no es lo mismo", enfatizó el responsable autonómico antes de relatar las tres ocasiones en las que la asociación tuvo oportunidad de facilitar los datos: en una reunión con él mismo, en otro encuentro con la directora del Hospital Universitario Virgen del Rocío y en una tercera cita con personal sanitario.
"No se puede engañar a la administración, no se puede crear alarma", reclamó Sanz, quien insistió en que "la ley obliga a que se den los datos". El consejero cerró su mensaje con una advertencia inequívoca: "Si se niega la información, se aplicará la ley".
El conflicto entre la Consejería de Sanidad y Amama se produce en un contexto de creciente preocupación por la fiabilidad del programa de detección precoz del cáncer de mama en Andalucía. La asociación denuncia desde hace meses irregularidades que habrían dejado a centenares de mujeres sin seguimiento adecuado, mientras que la administración sanitaria reclama pruebas concretas para poder actuar y subsanar posibles errores que, de confirmarse, requerirían medidas urgentes.
La normativa sanitaria andaluza también obliga a los ciudadanos a "cooperar con las autoridades sanitarias en la protección de la salud, la prevención de las enfermedades y las estrategias de promoción de la salud y la calidad de vida", otro de los epígrafes en los que el Gobierno regional considera que Amama podría estar incumpliendo su deber legal al negarse sistemáticamente a aportar la información que afirma poseer.
La tensión entre ambas partes evidencia el choque entre dos principios: el derecho a la protección de datos personales sanitarios y la obligación de colaborar con las autoridades en situaciones que puedan comprometer la salud pública. La resolución de este conflicto marcará un precedente sobre los límites de la colaboración ciudadana con la administración en materias relacionadas con la salud colectiva.
El agua se ha convertido en la mejor aliada para la salud de miles de vecinos de Alcalá de Guadaíra. Las dos piscinas cubiertas del municipio -la de Los Alcores, en el Complejo Deportivo Malasmañanas, y la del Distrito Sur- ofrecen desde hace meses un catálogo de actividades que va mucho más allá del ocio deportivo: natación oncológica, programas para menores con déficit de atención o sesiones supervisadas por prescripción facultativa conforman una red asistencial que ya alcanza a 2.200 usuarios.
La clave radica en la supervisión especializada y en los objetivos clínicos. En ambos complejos deportivos, profesionales con formación específica diseñan rutinas acuáticas destinadas a fortalecer la musculatura, mejorar la movilidad articular y reducir el impacto sobre el sistema locomotor. Se trata de ejercicios de bajo impacto que benefician especialmente a personas con dolencias crónicas, lesiones previas o limitaciones funcionales derivadas de tratamientos médicos.
El programa se dirige a todas las edades y niveles de condición física. Los horarios se organizan en cuadrantes distribuidos entre las dos instalaciones para facilitar el acceso desde cualquier punto del municipio. El Ayuntamiento gestiona directamente las piscinas a través de la Delegación de Deportes, con colaboración puntual del área de Salud en determinados programas.
Una de las iniciativas que genera mayor impacto social es la natación oncológica, impartida exclusivamente en el Complejo Deportivo del Distrito Sur. Los grupos reducidos permiten un seguimiento individualizado de pacientes que atraviesan procesos oncológicos activos o en fase de recuperación. Los profesionales que dirigen estas sesiones cuentan con formación certificada en oncología y ejercicio terapéutico.
El ejercicio en piscina reduce la presión sobre articulaciones y huesos, aspecto crucial para quienes experimentan dolor o fatiga extrema. Además, mejora la capacidad funcional y la resistencia cardiovascular, dos parámetros que suelen verse afectados por los tratamientos quimioterapéuticos o radioterápicos. Entre los beneficios adicionales figuran la mitigación de la pérdida de masa muscular, la reducción de la rigidez articular y una mejora significativa del estado anímico gracias al efecto relajante del agua y al apoyo mutuo entre participantes.
El catálogo terapéutico incluye también natación adaptada para menores con trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Esta modalidad incorpora el acompañamiento familiar como elemento esencial, favoreciendo la implicación de padres y madres en el proceso. La estimulación multisensorial que proporciona el medio acuático ayuda a mejorar la concentración y a canalizar la hiperactividad, según los responsables técnicos del programa.
Paralelamente, se ofertan sesiones individuales de natación adaptada para personas con problemas de desarrollo psicomotriz, así como aquactividad asistida en formato grupal. Todas estas alternativas persiguen objetivos terapéuticos concretos, alejados de la simple práctica deportiva recreativa.
Las Unidades Activas de Ejercicio Físico (UAEF) representan otra vertiente del programa municipal. Se trata de sesiones de natación supervisada, igualmente de bajo impacto, destinadas a pacientes derivados mediante prescripción facultativa. Graduados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte dirigen estas clases, que forman parte de un proyecto piloto a escala regional financiado con fondos europeos canalizados a través del Consejo Superior de Deportes.
Esta iniciativa pionera en Andalucía busca integrar el ejercicio físico como herramienta terapéutica dentro del sistema sanitario, estableciendo puentes directos entre la atención primaria y las instalaciones deportivas municipales.
Junto a los programas específicamente terapéuticos, las piscinas cubiertas de Alcalá de Guadaíra mantienen una amplia oferta de natación convencional. Las clases abarcan desde la matronatación para bebés hasta cursos especializados para personas mayores, pasando por opciones familiares, aquagym y los tradicionales cursos de iniciación y perfeccionamiento tanto para adultos como para menores.
La elevada demanda de estas actividades refleja el cambio de hábitos de una población cada vez más concienciada con los beneficios de la actividad física regular. El Consistorio alcalareño destaca que el fomento de estilos de vida saludables constituye uno de los ejes estratégicos de su política municipal, con el deporte adaptado como herramienta prioritaria para incrementar la calidad de vida de los vecinos.
La natación, considerada uno de los deportes más completos para el organismo humano por su capacidad para trabajar simultáneamente resistencia cardiovascular, fuerza muscular y flexibilidad, se consolida así como un activo sanitario de primer orden en el municipio. Los datos de participación -más de 2.200 personas involucradas- sitúan a Alcalá de Guadaíra como referente provincial en la oferta de actividades acuáticas con finalidad terapéutica.
La sanidad pública andaluza atraviesa un momento decisivo. Los nuevos presupuestos de la Junta para 2025 reflejan una apuesta sin precedentes por el sistema sanitario, con un incremento del 6,97% que sitúa a la comunidad a la cabeza del crecimiento presupuestario en toda España. Un compromiso que contrasta con el retroceso de regiones como Castilla-La Mancha, Cataluña o Murcia, aunque la partida de salida coloca aún a Andalucía en una posición intermedia del ranking nacional de gasto por habitante.
Los datos actualizados del Ministerio de Sanidad, recogidos en su informe sobre Recursos Económicos del Sistema Nacional de Salud, revelan una realidad compleja. Andalucía destina 10.400 millones de euros a sanidad en 2025, convirtiéndose en la tercera comunidad con mayor presupuesto absoluto, solo por detrás de Madrid (15.200 millones) y Cataluña (11.700 millones). Sin embargo, la lectura cambia al analizar el gasto per cápita: 1.764 euros por andaluz, apenas 7 euros por encima de la media nacional de 1.757 euros, pero todavía lejos de los 2.436 euros de Asturias o los 2.305 del País Vasco.
El incremento del 6,97% supera ampliamente el registrado en el resto de comunidades y marca una clara diferencia con territorios que han optado por reducir su inversión sanitaria. Castilla-La Mancha encabeza los recortes con una disminución del 4,61%, seguida de Cataluña (-1,3%) y Murcia (-1,18%). Este contraste evidencia políticas sanitarias divergentes en un momento crítico para el sistema público de salud.
Una paradoja andaluza: mayor esfuerzo presupuestario, posición intermedia en el ranking
La situación de Andalucía ejemplifica las complejidades del sistema de financiación autonómica. A pesar de liderar el crecimiento presupuestario, la comunidad ocupa la posición 13 de 17 en el ranking nacional de gasto per cápita, con 1.764 euros por habitante. Solo Cataluña (1.442 euros), Madrid (1.468), Murcia (1.580), Comunidad Valenciana (1.595) y Castilla-La Mancha (1.777) destinan menos recursos por habitante.
Esta aparente contradicción se explica por varios factores estructurales. La población andaluza, con más de 8,5 millones de habitantes, requiere un volumen presupuestario considerable para alcanzar ratios per cápita similares a comunidades menos pobladas. Además, el punto de partida históricamente bajo hace que incluso incrementos significativos como el actual resulten insuficientes para cerrar la brecha con regiones tradicionalmente mejor financiadas.
El mapa sanitario de España: desigualdades persistentes
El informe ministerial dibuja un panorama de tres Españas sanitarias claramente diferenciadas. En el primer grupo, las comunidades del norte como Asturias (2.436 euros), País Vasco (2.305) y Extremadura (2.259) mantienen inversiones superiores a los 2.200 euros por habitante. Un segundo bloque intermedio, donde se sitúa Andalucía tras este incremento, oscila entre los 1.700 y los 2.100 euros. El tercer grupo, encabezado por las grandes comunidades mediterráneas y Madrid, no alcanza los 1.600 euros per cápita.
La diferencia entre la comunidad que más invierte (Asturias) y la que menos (Cataluña) se acerca al 69%, evidenciando una brecha territorial persistente en la financiación sanitaria que ningún gobierno ha conseguido resolver.
Baleares representa un caso particular en este análisis. La comunidad insular ha visto ajustada su cifra de 2.436 a 1.995 euros por habitante tras la aprobación definitiva de sus presupuestos, un cambio que ilustra la volatilidad de las proyecciones iniciales y la importancia de trabajar con datos consolidados.
¿Qué significa este incremento para los sevillanos?
Para la provincia de Sevilla, con cerca de dos millones de habitantes, este aumento presupuestario se traduce en aproximadamente 280 millones de euros adicionales respecto a 2024. Recursos que, según fuentes de la Consejería de Salud, se destinarán prioritariamente a reducir listas de espera, mejorar la atención primaria y modernizar infraestructuras hospitalarias.
Los grandes hospitales sevillanos como el Virgen del Rocío, Virgen Macarena o Valme podrían beneficiarse de inversiones en tecnología diagnóstica y ampliación de servicios. Sin embargo, el verdadero impacto dependerá de cómo se distribuyan estos fondos entre las ocho provincias andaluzas y qué peso específico tenga Sevilla en el reparto.
El contexto político del aumento presupuestario
Este incremento presupuestario no puede entenderse sin considerar el contexto político andaluz. La Junta de Andalucía ha hecho de la mejora sanitaria uno de sus ejes programáticos, especialmente tras las críticas recibidas durante los años más duros de la pandemia. El aumento del 6,97% responde tanto a necesidades objetivas del sistema como a compromisos electorales adquiridos.
La comparación con otras comunidades gobernadas por diferentes partidos añade una dimensión política al debate. Mientras Andalucía lidera el crecimiento, regiones como Castilla-La Mancha o Cataluña optan por contener o reducir el gasto sanitario, decisiones que reflejan prioridades presupuestarias divergentes y modelos de gestión distintos.
Los retos pendientes: personal, infraestructuras y equidad territorial
A pesar del incremento presupuestario, Andalucía enfrenta desafíos estructurales que requieren algo más que inyecciones puntuales de recursos. La falta de profesionales sanitarios, especialmente en especialidades críticas y zonas rurales, no se resuelve únicamente con más presupuesto. La comunidad necesita entre 3.000 y 5.000 médicos adicionales según estimaciones de los colegios profesionales, una carencia que comparte con el resto de España.
Las infraestructuras sanitarias presentan otro frente de actuación prioritario. Hospitales construidos hace décadas requieren renovaciones integrales, mientras que el crecimiento poblacional en áreas metropolitanas como Sevilla demanda nuevos centros de salud y ampliaciones hospitalarias. El incremento presupuestario permitirá abordar algunas de estas necesidades, pero el déficit acumulado durante años requerirá un esfuerzo sostenido en el tiempo.
Las expectativas: de la ciudadanía y del sector sanitario
Las expectativas ciudadanas se centran en mejoras tangibles y rápidas. Reducción de las listas de espera quirúrgicas, que afectan a más de 200.000 andaluces; disminución de los tiempos para pruebas diagnósticas; refuerzo de la atención primaria con más médicos de familia y pediatras; y modernización tecnológica que permita una gestión más eficiente.
El sector sanitario, por su parte, demanda que el incremento se traduzca en mejoras laborales y estabilización de plantillas. Los sindicatos médicos y de enfermería han advertido que sin abordar las condiciones laborales y la temporalidad, el aumento presupuestario tendrá un impacto limitado en la calidad asistencial.
El horizonte 2026: ¿consolidación o espejismo?
La sostenibilidad de este esfuerzo presupuestario emerge como la cuestión clave. Mientras Andalucía marca el camino del crecimiento en 2025, otras comunidades como Castilla-La Mancha, Cantabria y La Rioja ya planean incrementos superiores al 7% para 2026. La competencia por recursos en un contexto de restricciones presupuestarias generales plantea dudas sobre la capacidad de mantener estos ritmos de crecimiento.
El debate sobre la financiación autonómica vuelve a situarse en el centro del tablero político. Andalucía reclama históricamente una revisión del sistema que compense su elevada población y dispersión territorial. Sin una reforma profunda del modelo de financiación, los esfuerzos presupuestarios propios tienen un recorrido limitado para cerrar la brecha con comunidades mejor financiadas.
La sanidad andaluza afronta 2025 con el mayor incremento presupuestario de su historia reciente. Un esfuerzo notable que sitúa a la comunidad ligeramente por encima de la media nacional en gasto per cápita, aunque en una posición intermedia del ranking. Los próximos meses determinarán si este impulso presupuestario se traduce en mejoras palpables para los ciudadanos o si las carencias estructurales del sistema requieren algo más que incrementos anuales del gasto. La apuesta está hecha, pero el resultado final dependerá tanto de la gestión eficiente de estos recursos como de la capacidad para abordar los problemas de fondo que lastran la sanidad pública andaluza.
Una de las principales puertas de entrada a Sevilla cambia de imagen. La mediana de la avenida Kansas City, ese espacio verde que recorre el trayecto entre la calle Éfeso y la carretera de Carmona, luce desde hace días una hilera de 87 cipreses que transforman el perfil de esta arteria estratégica. La actuación, que supera los 180.000 euros de inversión, representa la segunda fase de un proyecto municipal que apuesta por convertir los grandes ejes urbanos en corredores sostenibles y eficientes.
El Servicio de Parques y Jardines ha completado ya la instalación de un sistema de riego automatizado con tecnología de telegestión, una herramienta que permitirá gestionar el agua de forma inteligente y ajustar los tiempos de riego según las necesidades reales del terreno. La elección del ciprés común (Cupressus sempervirens) no es casual: esta especie perenne ofrece un porte vertical que ordena visualmente el espacio sin restar amplitud al campo de visión de los conductores.
La obra no ha concluido. En las próximas semanas, técnicos municipales extenderán sobre la base de la mediana un tapiz de Lippia nodiflora, una planta rastrera de consumo hídrico mínimo que creará una superficie verde continua entre los cipreses. Esta especie, conocida también como Phyla nodiflora, se adapta perfectamente al clima mediterráneo y requiere escasos cuidados, lo que reduce los costes de mantenimiento y el gasto de agua a largo plazo.
La delegada de Parques y Jardines, Evelia Rincón, subrayó durante una visita a las obras que "Kansas City es uno de los accesos principales a la ciudad y enlaza directamente con el aeropuerto". La responsable municipal añadió que el objetivo es "ofrecer una imagen cuidada, moderna y verde" que refleje el compromiso del Consistorio con la conservación de zonas verdes.
La intervención en Kansas City forma parte de un plan más amplio que moviliza 1,8 millones de euros para renovar las medianas de los principales ejes sevillanos. En la avenida Torneo, los trabajos avanzan con la plantación de 154 ejemplares estos días: palmeras, árboles de Júpiter y otras especies ornamentales configuran un nuevo diseño paisajístico que también incorpora riego automatizado y el mismo tapiz vegetal de Lippia nodiflora empleado en Kansas City.
Paralelamente, la avenida Concejal Alberto Jiménez-Becerril recibe más de 135 ejemplares siguiendo el modelo iniciado en Torneo, mientras que la avenida de Jerez acaba de iniciar su transformación con una inversión cercana a los 208.000 euros. Esta última actuación resulta especialmente significativa por la retirada completa del césped artificial existente, una decisión que restaura la vida del suelo y permite la filtración natural del agua de lluvia.
La eliminación del césped artificial en la mediana de la avenida de Jerez responde a criterios ambientales que van más allá de lo estético. Esta capa sintética impedía la oxigenación del terreno, bloqueaba la absorción del agua y contribuía a elevar la temperatura superficial del asfalto circundante. Su retirada elimina además la presencia de microplásticos y compuestos químicos asociados al mantenimiento de este tipo de materiales.
El nuevo diseño para este eje del Distrito Bellavista-La Palmera combinará 28 palmeras reales (Archontophoenix alexandrae), hibiscos, lagerstroemias y más de 3.700 agapantos. Como cubierta decorativa se extenderá picón volcánico sobre malla antihierba, una solución que reduce drásticamente el crecimiento de plantas no deseadas y mejora la eficiencia hídrica. El sistema de riego Solem conectará tuberías, electroválvulas y programadores a una estación base centralizada.
El Ayuntamiento ya ha confirmado que este modelo de corredores verdes se replicará próximamente en las avenidas Tarso, Ferroviarios, Alfredo Krauss-Flota de Indias y Ucrania. Esta última ya ha recibido una primera intervención que renovó el riego, incorporó especies arbustivas de porte medio y sustituyó el pavimento por gravilla accesible.
La estrategia municipal persigue un doble objetivo: mejorar la calidad ambiental de los barrios atravesados por estas arterias y proyectar una imagen renovada en los principales accesos a la capital. Las especies seleccionadas priorizan la resistencia al clima andaluz, el bajo consumo de agua y la reducción de tareas de mantenimiento, tres criterios que buscan garantizar la viabilidad económica y ecológica de estas zonas verdes a medio y largo plazo.
La telegestión del riego representa uno de los aspectos más innovadores del plan. Este sistema permite a los técnicos municipales monitorizar en tiempo real el estado de las instalaciones, detectar fugas, ajustar caudales y programar riegos nocturnos que aprovechan las horas de menor evaporación. La tecnología reduce el desperdicio de agua y optimiza el desarrollo de las plantas, que reciben la cantidad exacta de líquido que necesitan en cada momento.
Con estas actuaciones, Sevilla actualiza infraestructuras verdes que en muchos casos llevaban décadas sin recibir intervenciones integrales. El resultado visible transformará progresivamente el paisaje urbano de las grandes avenidas, sustituyendo diseños obsoletos por propuestas adaptadas a los retos climáticos y las necesidades de movilidad actuales.
El Distrito Cerro-Amate afronta cuatro días de obras intensivas que transformarán el estado del asfalto en dos de sus vías más transitadas. La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla ejecutará a partir del próximo lunes 24 de noviembre sendos proyectos de reasfaltado en las avenidas de la Revoltosa y la Montería, con una inversión conjunta que supera los 213.000 euros. Los trabajos se concentrarán en jornadas nocturnas, entre las ocho de la tarde y las seis de la mañana, para minimizar el impacto sobre el tráfico diurno.
La intervención más ambiciosa se centrará en la Avenida de la Revoltosa, donde se renovarán 11.000 metros cuadrados de firme con un presupuesto de 190.000 euros. Por su parte, la Avenida de la Montería verá mejorados 1.000 metros cuadrados adicionales, con especial atención a la zona de parada y carril bus, una actuación presupuestada en 23.000 euros.
La Avenida de la Revoltosa permanecerá completamente cortada al tráfico en el tramo comprendido entre la Glorieta Marcelino Camacho y la calle Barbero de Sevilla desde el lunes 24 hasta el jueves 27 de noviembre. La restricción se mantendrá exclusivamente en horario nocturno, aunque las consecuencias se extenderán a otras calles del entorno durante las horas de trabajo.
Entre las afecciones colaterales destacan el cierre provisional de la Avenida la Calesera, que quedará en fondo de saco desde la Avenida la Montería con acceso únicamente para residentes. Asimismo, el tramo de la propia Revoltosa desde Barbero de Sevilla hasta la Glorieta Forja XXI verá limitada la circulación en sentido Avenida La Revoltosa. Los vecinos de la calle Eva Cervantes deberán desviar sus salidas por Barbero de Sevilla o por la calle Ingeniero la Cierva.
El Consistorio hispalense propone dos itinerarios principales para sortear las restricciones nocturnas. El primero transcurre desde la Glorieta Marcelino Camacho hacia la Avenida la Montería, continuando por la Avenida la Calesera, la calle Ingeniero la Cierva y finalizando en la calle Barbero de Sevilla.
Como segunda alternativa, los conductores podrán enlazar la Glorieta Marcelino Camacho con la Avenida la Montería, seguir por la Avenida la Calesera y la calle Ingeniero la Cierva, y desde allí girar hacia la calle Estrecho de Magallanes. Este recorrido se completa atravesando las calles las Navas y Puebla del Río hasta alcanzar la Glorieta Forja XXI.
Simultáneamente a los trabajos en la Revoltosa, la Avenida de la Montería verá interrumpida la circulación en el segmento que une las calles Calesera y Verbena de la Paloma. El corte se aplicará igualmente en horario nocturno, de ocho de la tarde a seis de la mañana, desde el lunes 24 hasta el jueves 27 de noviembre.
Esta actuación dejará en fondo de saco la calle Los Claveles desde la Avenida las Leandras, permitiendo únicamente el paso a quienes residan en la zona. Para evitar el tramo afectado, se recomienda circular por la Avenida de la Revoltosa, continuar por la Avenida de los Gavilanes y enlazar con la Avenida las Leandras, Doña Francisquita y la Avenida la Calesera antes de regresar a la Avenida de La Revoltosa.
La renovación de pavimento en la Avenida de la Montería incluye una mejora específica del firme en la zona destinada a parada y carril bus. Esta actuación responde a las demandas vecinales por el deterioro que presentaba este espacio, utilizado a diario por centenares de usuarios del transporte público del distrito.
Aunque la inversión en esta arteria es sensiblemente inferior a la destinada a la Revoltosa, los 23.000 euros permitirán subsanar baches y desniveles que dificultaban la accesibilidad en las paradas y generaban incomodidad tanto para viajeros como para conductores de autobuses urbanos.
La Gerencia de Urbanismo concentra ambas intervenciones en apenas cuatro jornadas laborales consecutivas, un plazo que exige coordinación milimétrica entre cuadrillas y maquinaria. La elección del horario nocturno busca compatibilizar la renovación del asfalto con la intensa actividad comercial y laboral que caracteriza a estas avenidas durante el día.
Cerro-Amate, uno de los distritos más poblados de la capital hispalense, acumula históricamente reivindicaciones relacionadas con el estado de sus vías públicas. Estas obras suponen un nuevo capítulo en el plan municipal de mejora de infraestructuras, tras actuaciones previas en otras arterias del distrito que han contribuido a elevar la calidad del firme en barrios tradicionalmente relegados en materia de inversión urbana.