La Fiscalía de Menores de Sevilla ha recibido este lunes a las tres alumnas investigadas por el presunto caso de acoso escolar a Sandra, la menor de 14 años que el pasado octubre se suicidó al precipitarse desde la azotea de su vivienda en la calle Rafael Laffón. Las menores han permanecido en las dependencias del Ministerio Público durante cuatro horas, en una jornada marcada por el hermetismo y la ausencia de declaraciones públicas.
Las tres estudiantes del colegio Irlandesas de Loreto estaban citadas a las 9:30 horas de este lunes en la sede de la Fiscalía, ubicada en la avenida de la Buhaira. Han abandonado el edificio por el garaje sobre las 13:30 horas, tras una comparecencia de la que apenas ha trascendido información. El Ministerio Público mantiene un estricto silencio sobre el contenido de las declaraciones, en consonancia con el carácter reservado que exige la legislación de menores.
La comparecencia de este lunes representa un paso más en la investigación de un caso que mantiene tres líneas abiertas: el presunto acoso escolar a Sandra, la actuación del centro educativo ante los episodios denunciados y el acoso en redes sociales que están sufriendo las tres menores investigadas tras conocerse el suceso.
La declaración de las tres alumnas se produce después de que la semana pasada fueran los padres de Sandra quienes acudieran a la Fiscalía en calidad de testigos perjudicados. Aquella comparecencia también se prolongó durante cuatro horas, tiempo en el que los progenitores solicitaron una sanción "contundente y ejemplarizante" para el colegio Irlandesas de Loreto.
Ese mismo día comparecieron ante la Fiscalía varios responsables del centro educativo: el director Francisco Suárez, la jefa de estudios, la orientadora y la tutora de la menor fallecida. Ninguno de ellos realizó declaraciones a los medios de comunicación tras su salida del edificio, al igual que los padres de Sandra.
Quien sí atendió a los periodistas fue Isaac Villar, tío de la menor y portavoz de la familia. Villar explicó que los padres habían acudido "con la tranquilidad de que contarán la verdad; también con malestar, por tener que volver a revivirlo todo". El portavoz familiar destacó que la familia "se ha sentido siempre muy arropada por la Junta de Andalucía, por la Consejería de Desarrollo Formativo y Formación Profesional, y muy especialmente por el Defensor del Pueblo".
La familia confía "plenamente en que la Junta esté a la altura y sea contundente a la hora de tomar esta decisión en la comisión de conciliación para el tema de la sanción administrativa", manifestó Villar. En su opinión, "no puede haber otra sanción que no sea la más alta, porque los errores que se han cometido en el centro escolar han provocado la decisión que tomó mi sobrina de quitarse la vida".
La Policía Nacional ya ha entregado a la Fiscalía de Menores el informe completo sobre el presunto acoso escolar que, según las denuncias, sufrió Sandra en el centro en el que cursaba sus estudios. Este documento constituye una pieza clave para determinar las responsabilidades en el caso y esclarecer la secuencia de acontecimientos que precedieron al trágico desenlace.
La investigación se centra en tres frentes diferenciados pero relacionados. Por un lado, se analiza el presunto bullying que habría sufrido la menor en el entorno escolar. Por otro, se examina el protocolo de actuación del colegio Irlandesas de Loreto y su respuesta ante las denuncias de acoso. Finalmente, la Fiscalía también investiga el acoso en redes sociales que están recibiendo las tres menores investigadas desde que el caso se hizo público.
El portavoz familiar fue contundente al explicar las razones por las que la familia mantiene su presencia pública en el caso. "Es la lucha nuestra o el hecho de estar aquí también, que es para que esto no se repita", afirmó Isaac Villar. La familia considera que los errores cometidos en la gestión del presunto acoso tuvieron consecuencias fatales.
El caso de Sandra ha sacudido a la comunidad educativa sevillana y ha reabierto el debate sobre los protocolos antibullying en los centros escolares. La menor se quitó la vida el pasado mes de octubre al precipitarse desde la azotea de su domicilio en la calle Rafael Laffón, situada junto al propio colegio Irlandesas de Loreto donde estudiaba.
Aunque la Fiscalía mantiene el hermetismo sobre los pasos siguientes, fuentes jurídicas apuntan que el proceso seguirá su curso con nuevas diligencias hasta completar la fase de instrucción. La comparecencia de las tres menores investigadas representa un hito importante, pero no cierra la investigación que continúa abierta.
Paralelamente al proceso judicial, la Consejería de Desarrollo Formativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía mantiene abierto el expediente administrativo al centro educativo. La familia confía en que esta vía administrativa derive en una sanción ejemplar que sirva de aviso para otros centros escolares.
El caso de Sandra se ha convertido en un símbolo de la lucha contra el acoso escolar en España. Su trágico desenlace ha movilizado a asociaciones de víctimas de bullying y ha generado un intenso debate social sobre la necesidad de reforzar los mecanismos de detección y prevención en los centros educativos andaluces.