El Defensor del Pueblo Andaluz ha incoado de oficio un expediente para investigar la gestión municipal de las denuncias sobre veladores en Sevilla, después de que el sindicato CSIF publicara en redes sociales sus "sospechas sobre la no tramitación de las denuncias". La institución ha solicitado formalmente al Ayuntamiento que "aporte datos fehacientes sobre el número de denuncias recibidas en los tres últimos años en relación con incumplimientos de la normativa de veladores y sobre el número de procedimientos sancionadores incoados y resueltos en virtud de las denuncias recibidas".

El objetivo de esta actuación es verificar "si son ciertas las circunstancias denunciadas por la Sección de la Policía Local de CSIF-Sevilla y, de ser así, hemos instado la adopción de medidas para revertir esta situación y poder así impulsar la tramitación de las denuncias por exceso de veladores que ponga fin a la reincidencia de algunos hosteleros y a la sensación de dejadez municipal que tienen muchos ciudadanos".

El Defensor ha advertido que las denuncias del sindicato policial coinciden con la experiencia acumulada por su institución durante la última década. Según ha explicado, "El número de quejas tramitadas en los últimos diez años por este asunto ante ese Ayuntamiento, permite a esta institución tener una visión clara y precisa de este problema en la ciudad de Sevilla, y nos lleva a concluir que es un problema que trasciende a los diferentes gobiernos municipales y afecta con carácter general a toda la ciudad, aunque es especialmente grave en algunos barrios y localizaciones, siendo especialmente significativa su incidencia en espacios que deberían estar debidamente protegidos por contar con la calificación de zonas acústicamente saturadas".

Graves deficiencias en la tramitación administrativa

La institución ha identificado carencias estructurales en la gestión municipal del problema. En concreto, el Defensor ha detectado "una notable ineficacia en la tramitación seguida en la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente ante las denuncias recibidas, con graves retrasos en la incoación de los expedientes, en el impulso a su tramitación y a la hora de dictar la resolución final".

Además, ha constatado la "notoria constatación del frecuente incumplimiento de las resoluciones dictadas y la ausencia o lenidad de las reacciones administrativas ante tales incumplimientos, sobre todo por la constatada inoperancia y lentitud en la imposición de multas coercitivas, con cuantías exiguas y pocas veces cobradas, y la renuencia a la adopción de medidas de ejecución subsidiaria".

Inacción municipal y reincidencia hostelera

El Defensor del Pueblo ha calificado la respuesta municipal ante este problema como de "inacción" y "falta de efectividad", lo que ha generado una situación de "frecuentes casos de incumplimientos" por parte de los establecimientos hosteleros. Esta dinámica ha provocado que muchos negocios vulneren sistemáticamente la normativa sobre terrazas y veladores sin consecuencias reales.

La gravedad del asunto, según la institución, radica en que esta situación "no sólo es valorada, sino que es percibida por la ciudadanía con creciente desazón y así nos lo trasladan en las quejas recibidas, exponiendo su sensación de indefensión y su consideración de que no existe voluntad en el Ayuntamiento de Sevilla para solucionar este problema y atender sus denuncias".

Un problema que afecta a toda la ciudad

El análisis histórico realizado por el Defensor revela que el problema de los veladores en Sevilla no es coyuntural ni asociado a un gobierno municipal específico, sino que constituye una deficiencia administrativa que se ha mantenido durante más de una década. Las zonas acústicamente saturadas de la ciudad son especialmente vulnerables a estos incumplimientos, lo que agrava el impacto sobre la calidad de vida de los vecinos.

La Sección de la Policía Local de CSIF-Sevilla ha denunciado públicamente la falta de recursos humanos para atender adecuadamente estas denuncias, así como la reincidencia continuada de determinados establecimientos que vulneran la normativa sin consecuencias efectivas. El sindicato ha alertado sobre la existencia de un problema estructural que requiere una respuesta contundente por parte del Consistorio.

El Defensor del Pueblo espera ahora que el Ayuntamiento de Sevilla proporcione la información solicitada para poder evaluar con precisión la magnitud del problema y determinar qué medidas correctoras son necesarias para garantizar el cumplimiento de la normativa y la protección de los derechos de la ciudadanía afectada por estos incumplimientos.