El PSOE exige paralizar el proyecto de ocho plantas en Santa María de Ordás

El portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, mantuvo un encuentro con vecinos del barrio de Santa María de Ordás junto a la senadora sevillana Eva Patricia Bueno y el concejal Pedro Antonio Jaime para abordar el rechazo vecinal al proyecto de construcción de un edificio de ocho plantas en la zona. Tras conocer de primera mano las preocupaciones de los residentes, el PSOE ha pedido la paralización "inmediata" de la actuación urbanística.

El portavoz socialista calificó el proyecto como "una amenaza directa para la calidad de vida del barrio y que se ha impulsado sin tener en cuenta la realidad social de la zona". Muñoz subrayó que "no se puede imponer una actuación urbanística de estas características ignorando a quienes viven allí. Este proyecto no mejora el barrio, lo perjudica claramente".

La corporación municipal aprobó en febrero el estudio detalle de la actuación, encargado por Mlopez Arquitectos S.L.P, que engloba un total de 2.600 metros cuadrados calificados en su mayor parte como "dotacional". El proyecto se encuentra actualmente en fase de exposición pública durante 20 días para la presentación de alegaciones.

Un barrio vulnerable frente a la especulación

El portavoz del PSOE describió Santa María de Ordás como un barrio "consolidado urbanísticamente, con una población especialmente vulnerable, envejecida y con un elevado número de personas mayores y dependientes, por lo que cualquier intervención debe realizarse con criterios de protección y no de sobrecarga".

Los vecinos denuncian que el nuevo edificio "condenará a los bloques cercanos a un eclipse permanente, atacando directamente el soleamiento, la ventilación y, en consecuencia, la salud de los vecinos y vecinas". Antonio Muñoz respaldó estas preocupaciones al afirmar que "no estamos hablando sólo de estética, sino de salud y calidad de vida".

La portavoz de la plataforma vecinal del barrio, Cristina Fajardo, alertó de los riesgos estructurales de la actuación: "Es peligroso y se pone en riesgo que se caigan tres torres. Los vecinos tienen miedo de que sus hogares se agrieten aún más". Fajardo dio a conocer el caso tras una advertencia pública sobre las consecuencias del proyecto.

Informes obsoletos y deficiencias técnicas

El grupo socialista ha cuestionado la base técnica sobre la que se sustenta el proyecto, al estar fundamentado en estudios del año 2002, cuando gobernaba el consistorio hispalense el también socialista Alfredo Sánchez Monteseirín. Muñoz calificó estos informes como "claramente desfasados" y exigió al Ayuntamiento de Sevilla que "no se puede construir con informes obsoletos. Si esto es así, exigimos un estudio independiente, actualizado y riguroso".

La actuación urbanística supondrá, según denunció el portavoz socialista, la eliminación de más de 120 plazas de aparcamiento, la pérdida de zonas verdes y de suelo destinado a servicios, así como la desaparición de espacios de uso colectivo. Todo ello, añadió, conllevará un aumento de población sin refuerzo de los servicios públicos, lo que generará "sobrecarga en el barrio".

Críticas al procedimiento urbanístico

Antonio Muñoz denunció la falta de participación ciudadana en la tramitación del proyecto: "No se ha abierto un debate participativo real con los vecinos y vecinas, ni se ha atendido al impacto de la actuación. Estamos ante un intento de forzar el planeamiento urbano por la puerta de atrás, utilizando un Estudio de Detalle para lo que debería tramitarse como una Modificación del PGOU".

El portavoz socialista rechazó que se utilice el argumento de la vivienda protegida para justificar la actuación: "No vamos a aceptar que se utilice el nombre de la vivienda protegida como excusa para hacer negocio privado. El urbanismo de Sevilla no puede ponerse al servicio de operaciones especulativas; tiene que estar al servicio de los barrios y, sobre todo, del interés general".

La aprobación del proyecto se ha visto favorecida por la aplicación del Decreto Ley 1/2025, de 24 de febrero, de medidas urgentes en materia de vivienda de la Junta de Andalucía, que permite autorizar el uso residencial de vivienda protegida con destino permanente al alquiler en parcelas calificadas de uso dotacional privado.

Polémica declaración del gerente de Urbanismo

Los vecinos denunciaron que, en una reunión mantenida con ellos, el gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla habría afirmado que el proyecto no se paralizaría porque "a cuatro vecinos se les quite las vistas a la Giralda". Antonio Muñoz criticó duramente estas supuestas declaraciones: "Este tipo de afirmaciones evidencian una falta total de sensibilidad y de comprensión del problema real que afecta al barrio".

El portavoz socialista insistió en que "el Ayuntamiento tiene la obligación de defender el interés general y proteger a los vecinos y vecinas por encima de cualquier interés inmobiliario. Y en este caso no lo está haciendo".

La postura legalista del gobierno municipal

Durante la sesión del Pleno del pasado jueves, el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, expuso la postura del gobierno municipal al señalar que el Ayuntamiento "no puede paralizar ningún proyecto que esté ajustado a la legalidad". De la Rosa defendió que "es una parcela privada desde el año 2006, desde que figura en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). El Ayuntamiento no puede entrar en si es adecuado o no, sino en si es legal". Curiosamente, dicho PGOU también fue aprobado por el partido socialista, concretamente en

Fuentes municipales confirmaron que la titularidad de la parcela es privada y edificable desde 2006, cuando se aprobó el PGOU vigente. No obstante, el delegado matizó que "no está todo hablado ni negociado", abriendo la puerta a un posible diálogo con el responsable de la parcela.

En un intercambio con un vecino durante el Pleno, Juan de la Rosa afirmó: "No lo podemos impedir ni usted ni yo". Posteriormente añadió: "Le estoy indicando los derechos y obligaciones que tenemos todos, me alegro que reconozcan que es una parcela privada, en la que el dueño tiene sus derechos y obligaciones".

La movilización vecinal y política

Los residentes de Santa María de Ordás han contratado a un abogado urbanístico para asesorarles sobre el proyecto y estudiar las vías legales para frenar la actuación. La plataforma vecinal del barrio ha intensificado su campaña de rechazo al edificio de ocho plantas, organizando reuniones con representantes políticos y movilizaciones públicas.

Adelante Andalucía anunció que llevará el proyecto al Parlamento andaluz, criticando que se utilice la vivienda protegida como excusa para justificar lo injustificable. La formación se suma así al rechazo expresado por el PSOE y por los vecinos, ampliando el debate sobre el modelo urbanístico que debe aplicarse en barrios consolidados y con población vulnerable.

El caso de Santa María de Ordás evidencia la tensión entre los derechos urbanísticos de los propietarios privados y la defensa del interés general de los barrios, un debate que se repite en distintos puntos de la ciudad y que enfrenta a vecinos, partidos de la oposición y el gobierno municipal.