La vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas sociales en Europa, especialmente para los jóvenes y los hogares con ingresos bajos o medios. Así lo denuncia un informe preliminar presentado este jueves por la comisión de Vivienda del Parlamento Europeo, que alerta de una “crisis habitacional” generalizada y propone medidas urgentes para paliarla.

El documento, elaborado por el eurodiputado español Borja Giménez (Partido Popular Europeo), propone establecer hipotecas a bajo interés y una exención de impuestos para la compra de la primera vivienda, siempre que el comprador resida en ella durante un periodo determinado.

Un obstáculo para la emancipación juvenil

Uno de los datos más contundentes del informe es que en algunos países de la Unión Europea, hasta el 70% de los jóvenes de entre 18 y 24 años no tienen otra opción que seguir viviendo con sus padres. La edad media de emancipación en Europa se sitúa en los 26,3 años.

“La situación es urgente. En ocho años los precios de la vivienda no han dejado de subir: un 48% en las ventas y un 18% en los alquileres. El problema principal es claro: la demanda es alta y la oferta es demasiado baja”, ha afirmado Giménez durante la presentación del informe en Bruselas. A su juicio, es imprescindible actuar en dos frentes: “Impulsar la oferta de vivienda y apoyar a los más necesitados: jóvenes, familias y trabajadores esenciales”.

Apoyo a trabajadores esenciales y clases medias

El texto también subraya la pérdida de poder adquisitivo de las clases medias y pide a los Estados miembros que desarrollen programas específicos de vivienda asequible, especialmente dirigidos a profesionales esenciales como médicos, enfermeros, docentes o policías.

Este fenómeno se hace visible en zonas tensionadas como las Islas Baleares, Canarias o las grandes capitales, donde algunos servicios públicos se ven comprometidos porque los funcionarios no pueden permitirse residir en esas áreas.

Medidas contra la ocupación ilegal

Además del acceso a la vivienda, el informe plantea medidas coordinadas para abordar la ocupación ilegal. Propone la creación de un registro europeo que permita compartir datos entre Estados miembros y detectar patrones delictivos asociados a esta práctica.

“Es esencial defender el derecho a la propiedad y establecer mecanismos legales eficaces y rápidos para la recuperación de los inmuebles”, señala el documento, que también considera clave la cooperación entre países de la UE para garantizar la seguridad jurídica y económica.