El programa de detección precoz del cáncer de mama en Andalucía queda en entredicho tras conocerse que la Junta ha citado de urgencia a unas 2.000 mujeres para completar pruebas que debieron realizarse meses atrás. Este episodio desata una tormenta política y jurídica que ya alcanza a la Fiscalía Superior de la comunidad, donde se analiza una denuncia por posibles negligencias del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

La asociación Defensor del Paciente registra la denuncia el pasado viernes y pide que se investigue de oficio al SAS por lo que califica como una “dejación de funciones”. En su escrito, la entidad alerta de que mujeres con mamografías anómalas no han recibido a tiempo las pruebas complementarias necesarias, lo que podría haber comprometido su diagnóstico y tratamiento.

El Defensor del Paciente solicita que se delimiten responsabilidades y se aclare si los fallos se deben a una mala gestión, a falta de recursos o a disfunciones del sistema. La denuncia está en estudio por parte del Ministerio Público, que decidirá si abre una investigación formal.

La Junta admite fallos y anuncia medidas

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, reconoce públicamente los errores y asegura que su Gobierno actúa “contrarreloj” para corregirlos. “Se ha producido un fallo en la cadena de información”, explica, en referencia a los sistemas que no alertaron con rapidez de los resultados anómalos.

Moreno informa de que el SAS ya contacta con las mujeres afectadas para realizar las pruebas necesarias, y anuncia una auditoría interna “para conocer el origen del error y depurar responsabilidades, si las hubiera”. Subraya que el sistema sanitario público andaluz sigue siendo “garantista” y destaca el trabajo de los profesionales de la sanidad.

Una crisis que pone en cuestión los controles

El caso abre un debate sobre los mecanismos de control y seguimiento en los programas públicos de cribado. Los retrasos en las pruebas, especialmente en patologías sensibles como el cáncer, pueden tener consecuencias graves para la salud de las pacientes.

Organizaciones de pacientes y colectivos sanitarios piden transparencia y soluciones estructurales. Mientras, se mantiene la expectación ante la decisión que adopte la Fiscalía, que podría desembocar en una investigación penal si se detectan indicios de responsabilidad por parte de la Administración.