Fiscalía de Sevilla pide 12 años de cárcel por trata de mujeres colombianas

Hasta doce años y medio de prisión reclama la Fiscalía de Sevilla para varios acusados de mantener una relación de explotación laboral y económica con mujeres colombianas en situación de vulnerabilidad. El Ministerio Público sostiene que los encausados, cuanto menos desde inicios de 2023, "con la finalidad de obtener rédito económico se dedicaban a reclutar y explotar laboralmente a ciudadanas colombianas" que "se encontraban en una situación laboral precaria e insuficiente para su sustento personal o familiar" en su país de origen, de modo que "consentirían trasladarse a España en busca de prosperidad económica".

El juicio por estos hechos está fijado para el próximo 13 de julio de 2026 en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla. Los procesados se enfrentan a dos delitos de trata de seres humanos y un delito de tráfico de migrantes. Las víctimas, todas de nacionalidad colombiana, se hallaban en situación de irregularidad administrativa, lo que acentuaba la asimetría frente a la posición de poder y control de los acusados.

El escrito del Ministerio Público detalla el mecanismo empleado por la red: "los inculpados ofrecían a las víctimas con el pretexto de querer ayudarlas un trabajo de atractivas condiciones" y se comprometían a costear los gastos del viaje. Ya en España, las mujeres eran trasladadas al domicilio de los encausados, donde se les comunicaba que habían contraído una deuda y se les obligaba a entregar más de dos terceras partes de su salario en concepto de viaje y gestiones. Los empleos que desempeñaban carecían de contrato y de alta en la Seguridad Social.

Los casos concretos de las víctimas

En febrero de 2023, los acusados contactaron con una mujer que, según el Ministerio Público, "carecía de recursos económicos". Una vez en España, le impusieron una deuda de 7.242 euros a la que sumaron otros 2.000 euros por los trámites de empadronamiento. Empleada como cuidadora, percibía 1.200 euros mensuales, de los que debía entregar 900 a los acusados.

En septiembre de ese mismo año captaron a otra mujer a través de terceros. La Fiscalía relata que se hallaba "convencida por la tentadora oferta laboral y necesitada al tener dos hijos menores a su cargo". A esta segunda víctima le impusieron una deuda de unos 16.000 euros que, según el escrito, "debía ir saldando con los empleos que le procuraran".

Calificación y penas solicitadas

El Ministerio Público califica los hechos como constitutivos de dos delitos de trata de seres humanos y un delito de tráfico de migrantes, para los que reclama penas de hasta doce años y medio de prisión. El juicio se celebrará en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla el próximo 13 de julio.