Fundación Mezquita de Sevilla pide reunión a Gavira (Vox) para presentar centro islámico del Polígono Sur
La Fundación Mezquita de Sevilla ha solicitado este jueves una reunión con el vicepresidente de la Junta de Andalucía y líder de Vox en la comunidad, Manuel Gavira, para exponerle el proyecto de centro cultural islámico previsto en la calle Victoria Domínguez Cerrato, en el Polígono Sur. La petición se enmarca en el conflicto institucional y político abierto después de que la formación rechazara el proyecto y lograra la retirada del punto relativo a la licencia de obras de la comisión ejecutiva de la Gerencia Municipal de Urbanismo, que se produjo el pasado viernes 10 de julio.
En una rueda de prensa celebrada en Torre Sevilla, la consejera de la fundación Jadiya Martínez y el arquitecto Guillermo Vázquez Consuegra, diseñador de un centro que incluye un minarete, defendieron que la tramitación debe regirse exclusivamente por criterios urbanísticos. Martínez afirmó que "nosotros tenemos un informe técnico favorable de la Gerencia de Urbanismo y lo único que esperamos es que se trate de acuerdo a la ordenación y legalidad vigente, como cualquier otro". Los promotores insistieron en que las licencias de construcción "se conceden por criterios técnicos y no ideológicos".
La retirada del expediente de la comisión ejecutiva se justificó con el argumento de solicitar los informes técnicos y jurídicos necesarios para valorar las observaciones que Vox presentó en un escrito. La formación había rechazado el proyecto y pidió que se eliminara el punto concerniente a la licencia de obras.
Denuncia de actos vandálicos en la parcela
Los responsables de la fundación denunciaron además un allanamiento ocurrido hace unos días en la parcela destinada al centro islámico, donde aparecieron patas y orejas de cerdos junto con restos de sangre. El incidente se suma a un debate que los promotores consideran artificialmente alimentado: la fundación desmintió haber empleado en ningún momento la expresión "prioridad musulmana" y rechazó la idea de una supuesta islamización de los barrios. La entidad calificó ese relato como "un conflicto ficticio que ha sido generado para polarizar a la opinión pública y sacar rédito político".
Financiación privada y derecho constitucional
La fundación subrayó que el proyecto se levanta sobre una parcela privada adquirida con fondos privados y que su desarrollo no costará a las arcas públicas ni un solo euro ni restará a los vecinos ningún otro servicio. En la misma línea, recordó que gran parte de la comunidad musulmana de Sevilla es nativa de la ciudad y que los promotores son ciudadanos españoles. La entidad señaló que "no estamos pidiendo un favor, estamos ejerciendo un derecho, tal y como recoge la Constitución y lo estamos haciendo sin que le cueste al erario público ni un solo céntimo".
Los impulsores del proyecto también invocaron los preceptos islámicos de respeto a las leyes del país de residencia: "Es más, los preceptos islámicos obligan a respetar las leyes y la cultura del país en el que vives. Como musulmanes queremos aportar a la sociedad sevillana, como lo hacen las diversas confesiones minoritarias que ya hay, como mormones, judíos o budistas". El plan director del centro contempla, entre otros servicios, la posibilidad de ofrecer atención a la salud "abierto para todos por igual, con atención especial a las necesidades que por los preceptos islámicos alimenticios tienen los musulmanes".
El alcalde apela a la legalidad
El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, se pronunció este jueves sobre el proceso al indicar que el consistorio está a la espera de que la Gerencia Municipal de Urbanismo disponga de nuevos informes jurídicos "para cumplir con toda la legalidad" respecto al proceso de participación ciudadana solicitado por Vox. Sanz precisó que "tendrán que ser los informes de esos técnicos de la Gerencia los que aconsejen si ese proceso es conveniente o no, y si es conveniente, cómo se hace".
El regidor ya se había referido la pasada semana al centro cultural islámico, cuando afirmó que los promotores privados habían seguido el trámite habitual y que "las ideologías no están por encima de las leyes".