La AUGC acusa a la administración de ignorar sus advertencias

La asociación profesional no se limitó a expresar su "más profundo pésame" a las familias de los fallecidos ni su "solidaridad" y "deseo de pronta recuperación" a los hospitalizados. En un comunicado contundente, la AUGC sostuvo que "la administración tenía las advertencias sobre la mesa" pero "las ignoró", y calificó lo ocurrido como algo más que un accidente: "Esto no es un accidente imprevisto. Es la consecuencia directa de una situación de riesgo documentada, analizada y trasladada formalmente a la administración, que optó por no actuar".

La organización recordó que había presentado diversas solicitudes específicas ante la Comisión de Prevención de Riesgos Laborales. Entre ellas figuraban una "evaluación específica del riesgo laboral derivado de las intervenciones marítimas frente al narcotráfico, atendiendo a la elevada peligrosidad y desproporción operativa", así como una "dotación mínima de cuatro efectivos" por unidad "en misiones con posibilidad de abordaje o contacto físico con tripulaciones hostiles".

También reclamó la restricción del uso de embarcaciones semirrígidas "sin protección" a funciones de vigilancia "no hostil", la "dotación de medios de visión nocturna, cabinas o pantallas de protección física y medios disuasorios no letales" y la revisión del procedimiento de activación de embarcaciones rápidas tipo HS60 "para que pueda ser inmediata y descentralizada en situaciones de urgencia operativa".

La respuesta institucional que indigna a los agentes

La administración respondió a aquellas peticiones, según la AUGC, señalando que "no es competencia de la Comisión la limitación en el uso de embarcaciones semirrígidas a funciones de vigilancia no hostil, porque quien debe valorarlo es precisamente la tripulación, tanto la del servicio marítimo como la tripulación operativa, que en un momento determinado son los que van a tener que intervenir".

La asociación censuró con dureza esa posición: "La administración respondió que el criterio sobre si una embarcación sin protección debe enfrentarse a una narcolancha armada corresponde al agente que ya tiene encima el problema. Sin protocolo, sin dotación adecuada, sin respaldo previo de ningún tipo". Y remachó: "ese es el nivel de la respuesta institucional a las advertencias".

El propio ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, había reconocido públicamente un "riesgo evidente y concreto" asociado al crimen organizado transnacional, un reconocimiento que contrasta con la reivindicación de las asociaciones de que se declare la profesión de riesgo para guardias civiles y policías.

Un déficit de personal que la AUGC cifra en el 20%

La asociación denunció que la Comandancia de Huelva "opera con cerca de 300 agentes menos de los que debería tener", lo que representa "un déficit cercano al 20% de su plantilla teórica". Además, la demarcación onubense "tiene la mitad de agentes especializados en lucha antidroga que la de Cádiz".

La AUGC explicó que "el narcotráfico no eligió Huelva por azar" sino porque "la creciente presión policial en el Campo de Gibraltar empujó a las organizaciones criminales hacia el oeste, consolidando la costa onubense como uno de los principales puntos de entrada de droga a Europa". Que "incluso con ese medio se produzca una tragedia de esta magnitud dice más sobre las condiciones del escenario operativo que sobre el equipamiento de la embarcación", subrayó la organización.

La embarcación Río Antas, con solo cinco meses de servicio

La Río Antas, sexta unidad del modelo HS60 construida por el astillero gallego Aister, fue entregada al Servicio Marítimo de la Guardia Civil (Semar) en diciembre de 2025. Contaba, por tanto, "con cinco meses de vida" en el momento del siniestro. Se trata de una de las embarcaciones "más capaces" de la flota del Semar, con "18 metros de eslora y consigue más de 60 nudos de velocidad máxima".

Peticiones tras la tragedia

La AUGC exige al Ministerio del Interior la ejecución inmediata de la Proposición No de Ley (PNL) sobre armas no letales para el Servicio Marítimo (Semar), la dotación urgente de medios de protección para embarcaciones de intervención y la comparecencia del ministro Fernando Grande-Marlaska ante el Congreso para dar cuenta de lo sucedido.

La Cámara de Comercio de Huelva también se ha pronunciado y ha solicitado a la Subdelegación del Gobierno la puesta en marcha de medidas extraordinarias para reforzar los medios humanos, técnicos y operativos destinados a combatir el narcotráfico y garantizar la seguridad de los agentes que arriesgan su vida en la costa onubense.