El choque por la gestión de los recursos de la Policía Local escala un día antes de la sesión extraordinaria convocada para este miércoles. Ismael Sánchez, portavoz de Izquierda Unida en el Consistorio hispalense, exige al primer edil la suspensión inmediata del debate sobre el reconocimiento de crédito para el abono de productividad y horas extraordinarias de los agentes, una partida que roza los cinco millones de euros y que arrastra irregularidades administrativas según la Intervención General.
La petición del edil de IU llega tras conocerse varios informes internos que cuestionan la tramitación de estos expedientes. Los técnicos municipales advierten de la "reiterada ausencia de autorización previa", del "incumplimiento de los procedimientos de control del gasto" y de la "improcedencia de reconocer obligaciones tramitadas de manera irregular". Sánchez apela a la responsabilidad del regidor y le lanza un mensaje directo: si el alcalde reconoce que no puede saltarse la ley, lo responsable sería frenar esta situación.
La presión del grupo de izquierdas surge después de las manifestaciones del propio Sanz durante el acto institucional de celebración del cuerpo policial este lunes. El primer edil aseguró entonces que trabaja de forma constante para incrementar la plantilla y mejorar las condiciones laborales de los efectivos, aunque reconoció sentirse limitado por la disponibilidad económica y el marco normativo vigente. Durante su intervención, dejó claro que ni siquiera su figura está por encima de la legalidad.
Para Sánchez, sin embargo, el origen del problema radica en otro lugar. El concejal de IU apunta directamente a la "desorganización, falta de previsión e improvisación permanente" del equipo de gobierno municipal como causantes de la situación actual. Desde su perspectiva, la solución no pasa por llevar al hemiciclo expedientes con irregularidades detectadas, sino por abrir un proceso riguroso que corrija los errores de base, garantice la seguridad jurídica y ordene la planificación tanto de la Policía Local como del cuerpo de Bomberos.
El Pleno extraordinario de este miércoles es en realidad una convocatoria de urgencia tras la retirada de los dos puntos relacionados con los agentes municipales durante la última sesión ordinaria. El Gobierno local tomó esa decisión después de que la oposición al completo, incluido Vox, señalara la "mala gestión" del Consistorio durante el debate sobre el pago de las horas extraordinarias. La retirada evitó entonces una votación que auguraba un resultado desfavorable para el equipo de Sanz.
El delegado de Seguridad, Ignacio Flores, admitió durante aquella sesión que existe "un problema con la ley de techo de gasto" agravado por el incremento en el número de eventos que deben cubrir los efectivos policiales. Ante las críticas, el edil de seguridad defendió su postura con un argumento: por encima de cualquier consideración administrativa está la seguridad de los vecinos sevillanos.
Izquierda Unida reclama ahora un cambio de estrategia. Sánchez pide al alcalde que abandone lo que considera una "estrategia de tensión" y abra un marco de diálogo efectivo con los grupos de la oposición y los servicios públicos afectados. El concejal propone unas negociaciones con objetivos claros: regularizar los procedimientos administrativos, evitar nuevos reparos de Intervención y garantizar que las horas extraordinarias cuenten siempre con autorización previa a su realización, tal como establece la normativa vigente.
La sesión extraordinaria está programada para este miércoles e incluye, además del reconocimiento de crédito para los agentes, el debate sobre el plan de Navidad de la ciudad. La convocatoria se mantiene por el momento pese a la petición de suspensión, en un contexto marcado por las tensiones presupuestarias, los reparos técnicos y un cuerpo policial que reclama soluciones ante el incremento de la carga de trabajo y las irregularidades en el cobro de complementos salariales devengados.
El desencuentro político refleja un problema de fondo en la gestión de recursos humanos de uno de los servicios más sensibles del Ayuntamiento. Mientras el equipo de gobierno defiende que prioriza la seguridad ciudadana por encima de las trabas administrativas, la oposición advierte de que la improvisación genera inseguridad jurídica y perjudica tanto a las arcas municipales como a los propios trabajadores, que ven retrasado el cobro de sus horas extraordinarias por falta de planificación previa.