La Junta de Andalucía ha activado un plan de choque para dar respuesta a las denuncias de retrasos en el cribado del cáncer de mama, que han sido señaladas por colectivos de pacientes como Amama y derivado incluso en una denuncia penal presentada por Izquierda Unida. El Gobierno andaluz ha reconocido fallos en el seguimiento de algunos casos y se compromete a que, antes del 30 de noviembre, todas las mujeres pendientes de pruebas complementarias hayan sido revisadas.

La medida, anunciada este martes por la portavoz del Ejecutivo autonómico, Carolina España, contempla una inversión extraordinaria de 12 millones de euros y la contratación de más personal sanitario. También incluye la apertura de actividad extraordinaria los fines de semana, así como la revisión de los protocolos vigentes desde 2011 en el sistema de detección precoz. El objetivo es recuperar la normalidad asistencial y reforzar la confianza en el programa tras el colapso detectado.

“Hemos localizado a 1.808 mujeres que deben ser citadas de forma prioritaria”, detalló la consejera, que explicó que más del 90 % de estas pacientes están vinculadas al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Este centro es uno de los que mayor volumen atiende dentro del programa de cribado, lo que ha derivado, según el Gobierno andaluz, en una sobrecarga que no fue adecuadamente compensada con recursos.

Revisión urgente de los casos pendientes

La Junta ha comenzado a contactar con las mujeres afectadas, muchas de ellas con mamografías cuyos resultados fueron calificados como no concluyentes. El compromiso es que todas sean citadas en un plazo de entre siete y ocho semanas. Las pruebas se realizarán con prioridad clínica y sin necesidad de nueva prescripción médica por parte del facultativo de referencia.

El plan también contempla modificaciones en el circuito asistencial para agilizar el proceso: se eliminarán pasos intermedios y se habilitarán sesiones específicas los fines de semana. “Queremos que cada mujer tenga una respuesta clara, sin demoras innecesarias”, señaló España, que en su comparecencia admitió que “ha habido fallos en el sistema” y que estos “no deben volver a repetirse”.

Reacciones y contexto político

El anuncio se produce pocos días después de que la asociación sevillana Amama alertara de muertes por diagnósticos tardíos. Según explicó su presidenta, Ángela Claverol, la entidad ha recogido casos de mujeres fallecidas tras no recibir a tiempo pruebas de control tras una mamografía no concluyente. Estas declaraciones generaron un amplio eco mediático y fueron respaldadas por testimonios de pacientes y familiares.

Izquierda Unida, por su parte, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra los tres últimos consejeros de Salud por su gestión del programa. El escrito señala presuntos delitos de lesiones, homicidio imprudente y omisión del deber de socorro por no garantizar un circuito eficaz de seguimiento.

En este contexto, el plan de choque busca contener una crisis sanitaria y reputacional que ha afectado al sistema público andaluz. El Gobierno insiste en que la situación está “acotada” y que el grueso de los casos se concentra en un único centro, pero admite que debe haber cambios estructurales en el programa para evitar que una situación similar se repita en el futuro.