La Junta solo ha pagado 2,7 millones de los 50 comprometidos en las ayudas a los autónomos golpeados por las borrascas
La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo ha resuelto favorablemente 4.000 de las 20.827 solicitudes presentadas por autónomos y pymes andaluces afectados por los temporales de enero y febrero, y ha llegado a transferir efectivamente 2,7 millones de euros de los 50 que componen la dotación íntegra de la convocatoria, según los datos facilitados por la propia consejera Rocío Blanco en Granada.
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La convocatoria de ayudas a autónomos y pymes afectados por las borrascas se abrió a solicitudes el 10 de abril de 2026, tras la publicación de las bases reguladoras en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Las primeras resoluciones de concesión no comenzaron a notificarse hasta un mes después, según reconoció la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, durante la inauguración del IX Congreso Agroalimentario de Andalucía, celebrado en Granada y organizado por el Clúster Agroalimentario de Andalucía (Landaluz). Durante ese primer mes de tramitación interna no se aprobó un solo expediente. A partir de mediados de mayo se intensificó la cadencia de resoluciones, lo que ha permitido a la Junta sumar cerca de 4.000 expedientes despachados favorablemente en apenas dos semanas.
Resuelto no es pagado
Los 8 millones de euros que la Junta presenta como primer paquete aprobado no equivalen a dinero efectivamente llegado al tejido productivo. La propia Consejería precisó que de esos 8 millones únicamente se han transferido 2,7 millones a las cuentas de los beneficiarios. La diferencia entre resolución y pago efectivo es relevante para los destinatarios: un autónomo con una resolución favorable de concesión sigue sin tesorería hasta que la orden de pago se ejecuta. Para muchos afectados por las borrascas, la llegada del dinero se está produciendo con cuatro, cinco o seis meses de demora respecto a la fecha en que sufrieron los daños.
Noventa y nueve requisitos por expediente
Blanco atribuyó el ritmo de tramitación a la complejidad del procedimiento. Cada expediente exige la comprobación de hasta 99 requisitos, lo que sitúa en torno a 396.000 las verificaciones realizadas solo para los 4.000 expedientes aprobados. Todo el proceso queda sujeto, además, a un trámite de fiscalización previa de la Intervención que añade un escalón administrativo adicional.
La consejera encuadró esa carga de trabajo dentro de un esquema en el que "toda la tramitación la realizamos nosotros, sin que para las empresas tenga ningún coste en términos de burocracia, y esto es posible gracias a las medidas de simplificación administrativa que ha impulsado el Gobierno de Andalucía". La afirmación convive con un dato que apunta en sentido distinto: un procedimiento que exige 99 verificaciones por solicitud y fiscalización previa difícilmente encaja en la idea convencional de simplificación administrativa.
Sobra dinero, falta velocidad
El cuello de botella de la convocatoria no es financiero. Con una cuantía media de 2.000 euros por autónomo, la prevista en las bases para trabajadores por cuenta propia sin asalariados, atender la totalidad de las 20.827 solicitudes presentadas hasta la fecha exigiría desembolsar en torno a 41,6 millones de euros, una cifra que cabe holgadamente dentro de los 50 millones presupuestados. Las cuantías reales serán superiores en el caso de pymes con personal asalariado, que perciben 3.500 euros por trabajador a tiempo completo con un techo de 35.000 euros por beneficiario y modalidad. Aun proyectando un escenario de demanda máxima, la dotación parece suficiente para cubrir lo solicitado.
El problema, por tanto, no se localiza en la disponibilidad de fondos, sino en la capacidad operativa de la administración autonómica para tramitarlos. Ocho de cada diez expedientes presentados continúan pendientes mientras corre el reloj del plazo. La Consejería no ha hecho públicas las previsiones de calendario de pagos ni el plazo en el que estima despachar la cola pendiente.
Una convocatoria fragmentada en tres líneas
El paquete de ayudas se articula en tres líneas con presupuestos diferenciados. La Línea 1, dotada con 38 millones, va dirigida a autónomos y pymes ubicados en los municipios del Anexo I, los más castigados por el temporal según el informe de la Agencia de Emergencias de Andalucía. La Línea 2, con 10 millones, atiende específicamente al sector agrario: autónomos del Sistema Especial Agrario y pymes con actividad en municipios incluidos en el Anexo II por presentar explotaciones agrarias inundadas, conforme a la delimitación realizada por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural. La Línea 3, con 2 millones, amplía la cobertura a beneficiarios del Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, cuyos centros de actividad queden fuera de las zonas del Anexo I.
El plazo de solicitudes concluye el 30 de junio para las líneas 1 y 2 y se prolonga hasta el 5 de octubre para la línea 3. La Consejería no ha publicado la distribución de las 20.827 solicitudes entre cada una de las tres líneas, dato relevante para evaluar si la dotación asignada a cada compartimento será suficiente o si alguno de los techos podría desbordarse mientras otros quedan infrautilizados.
Cronología larga para una respuesta de emergencia
Los temporales que dan origen a las ayudas se produjeron entre el 10 de noviembre de 2025 y el 9 de febrero de 2026, según delimita el Real Decreto-ley 5/2026 estatal. El periodo subvencionable de la convocatoria autonómica abarca desde el 1 de febrero al 30 de noviembre de 2026. Entre el final del temporal y la apertura del plazo de solicitudes transcurrieron dos meses; entre la apertura del plazo y los primeros pagos efectivos, mes y medio adicional. Para los autónomos golpeados en las primeras semanas del temporal, la transferencia bancaria está llegando con cerca de medio año de retraso respecto al siniestro que la motivó.