La Diputación aprueba 4,1 millones de euros para retirar amianto en municipios pequeños de Sevilla
La Junta de Gobierno de la institución provincial ha dado luz verde a una línea de subvenciones para que las localidades de menos de 20.000 habitantes puedan censar y planificar la eliminación de este material cancerígeno de sus instalaciones públicas.
La Diputación de Sevilla ha aprobado este martes una partida de 4,1 millones de euros destinada a financiar la planificación previa a la retirada de amianto en los municipios y entidades locales autónomas de la provincia con hasta 20.000 habitantes. La medida, impulsada desde el Área de Servicios Públicos Supramunicipales que dirige Gonzalo Domínguez, permitirá a estas localidades elaborar un censo de instalaciones que contienen este material, diseñar un cronograma para su eliminación y realizar un estudio de costes de las labores de limpieza.
La iniciativa se enmarca dentro del Plan Estratégico del Área 2024-2027 y se sufraga íntegramente con fondos propios de la Diputación. El objetivo es facilitar que los ayuntamientos más pequeños de la provincia puedan cumplir con la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, eliminando un material reconocido como cancerígeno de edificios e instalaciones de titularidad pública.
El diputado provincial Gonzalo Domínguez explicó que "es una inversión provincial con la que nos involucramos con los ayuntamientos más pequeños de la provincia en su cumplimiento de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, financiando la realización de un censo de las instalaciones y emplazamientos con amianto de sus términos municipales, que incluye un cronograma para su retirada y el estudio de costes para la limpieza de estos espacios".
Cuantías según el tamaño del municipio
Las ayudas se otorgarán en régimen de concurrencia no competitiva, de modo que todos los ayuntamientos que reúnan los requisitos podrán acceder a la financiación sin competir entre sí. Las cuantías varían en función de la población: los municipios de hasta 5.000 habitantes recibirán 30.000 euros; los de entre 5.000 y 10.000 habitantes, 50.000 euros; y aquellos con una población de entre 10.000 y 20.000 habitantes, 75.000 euros. Las ayudas son incompatibles con otros ingresos destinados a la misma finalidad, y el plazo para ejecutar la actividad financiada se extiende hasta el 31 de diciembre de 2027.
Domínguez detalló asimismo que "a lo que se ha dado hoy visto bueno desde el Equipo de Gobierno es a las Bases reguladoras específicas para esta propuesta y al lanzamiento de la convocatoria de la línea de subvenciones que la orquesta. El apoyo de la Diputación se plantea en régimen de concurrencia no competitiva, por lo que todos estos ayuntamientos pequeños se van a ver reforzados con financiación provincial para que puedan prestar de manera eficiente un servicio que implica suplementar sostenibilidad para sus vecinos y vecinas".
Apoyo a servicios sociales para la regularización de migrantes
En la misma sesión de la Junta de Gobierno, la diputada de Cohesión Social e Igualdad, María Encarnación Fuentes, presentó la propuesta de su área para respaldar a los profesionales de los servicios sociales comunitarios de los municipios con menos de 20.000 habitantes. El apoyo se centra en el proceso de regularización administrativa extraordinaria de personas migrantes puesto en marcha por el Gobierno de España, cuyo plazo de solicitud permanece abierto hasta el 30 de junio de 2026.
Para preparar a estos profesionales, el Área de Cohesión Social e Igualdad organizó jornadas formativas orientadas a que los técnicos municipales conociesen las claves del procedimiento y pudiesen desempeñar con garantías su labor de acompañamiento y derivación. Fuentes señaló que "han sido las entidades locales las que estaban llamadas a informar sobre este proceso a través de sus servicios sociales comunitarios y entendíamos que estos profesionales requerían formación, conocer las claves del procedimiento para poder así realizar su labor de acompañamiento y derivación para las personas usuarias que se encontraban en situación irregular".
La formación corrió a cargo de Carmen Gutiérrez Varilla, abogada que ha formado parte de equipos de asesoramiento a personas inmigrantes de CODENAF y Solidaridad Internacional. Las sesiones abordaron de manera práctica la tramitación de informes de vulnerabilidad social, un documento esencial dentro del proceso de regularización.
Una oportunidad para la integración laboral
Las personas migrantes que cumplan los requisitos establecidos obtendrán una autorización para trabajar en cualquier sector y lugar del país durante un año. La diputada Fuentes destacó que "las personas que reúnan los requisitos establecidos, contarán con autorización para trabajar en cualquier sector y lugar del país durante un año, por lo que estamos ante una valiosa oportunidad para la integración laboral y social".
La labor de la Diputación en esta materia se articula a través del asesoramiento a las corporaciones locales y de actividades de información, formación y sensibilización dirigidas a técnicos, agentes sociales y población en general, todo ello con el propósito de facilitar la integración de personas de distintas culturas y nacionalidades que eligen la provincia de Sevilla como lugar de residencia.