La UTE (Acciona) del Puente del Centenario pide resolver el contrato y deja la obra al 82%

El consorcio constructor que ejecutaba la ampliación del Puente del Centenario ha solicitado la resolución del contrato que lo liga al proyecto, una medida adoptada tras meses de discrepancias económicas y técnicas con el Ministerio de Transportes. La petición, cursada hace escasos días, deja las obras con un grado de ejecución global del 82,45% sobre el presupuesto vigente y fuerza al departamento que dirige Óscar Puente a sacar a concurso público una nueva adjudicación que incorpore la totalidad de las actuaciones pendientes.

La infraestructura, clave para la movilidad de la capital andaluza, debía haber quedado concluida a finales de 2023 y llevaba un par de meses funcionalmente paralizada, pese a que el Gobierno sostenía a 23 de marzo de 2026 que "no existe acuerdo de suspensión temporal total ni parcial de las obras, ni se ha formalizado acta de suspensión alguna, por lo que las obras no se encuentran paralizadas". Fuentes del sector, sin embargo, matizaron que "no está paralizada legalmente pero sí funcionalmente", reflejando la distancia entre la posición oficial y la realidad sobre el terreno.

El coste acumulado del proyecto supera ya los 137 millones de euros, de acuerdo con cifras del propio Ministerio, que no ha precisado los conceptos que han provocado semejante escalada. El presupuesto de partida, fijado en 86.392.616,84 euros (IVA incluido) cuando la obra arrancó en verano de 2021, experimentó un primer incremento en junio de 2023 con la aprobación del modificado número 1, valorado en 16.430.252,47 euros adicionales (IVA incluido), motivado fundamentalmente por el encarecimiento del acero a raíz de la guerra de Ucrania. Ese primer ajuste supuso un aumento del 19% sobre el importe inicial.

El segundo modificado, bloqueado durante más de un año

El epicentro del conflicto entre la UTE y el Ministerio radica en la propuesta de un segundo modificado del proyecto, cuantificado en más de 17 millones de euros y centrado en las actuaciones sobre los viaductos de aproximación y nuevas mejoras en el vano principal. Las ingenierías Fhecor e Ideam, responsables de la dirección facultativa, plantearon esas intervenciones, pero el departamento de Óscar Puente lleva más de un año sin aprobar el documento.

La suma de ambos incrementos -un 19% del primer modificado y cerca del 20% del segundo- alcanzaría casi el 39% del presupuesto inicial, un porcentaje que rebasa ampliamente el límite del 20% que la Ley de Contratación del Sector Público fija como umbral a partir del cual se habilita la resolución del contrato. La propia normativa contempla un tope del 50% para causas no previstas, pero incluso bajo esa lectura más flexible la cifra conjunta resulta extraordinariamente elevada.

La licitación original recogía únicamente la ampliación del tablero del puente, la mejora de las pilas principales, las costillas y la sustitución de los 88 tirantes sobre el vano central. Todo lo relativo a los viaductos de acceso y las mejoras complementarias quedó fuera de aquella primera definición del proyecto, circunstancia que ha condicionado su desarrollo posterior.

Sobrecostes bajo la lupa de la IGAE

La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) detectó un sobrecoste de 7 millones de euros en el precio del acero empleado para renovar los tirantes del puente: la Dirección General de Carreteras pagó más por kilo de lo que fijaba el catálogo de referencia de Adif. Ese hallazgo se suma al incremento generalizado del coste de los materiales derivado del conflicto bélico en Ucrania, señalado desde el principio como uno de los principales motivos del encarecimiento de la obra. El informe de la IGAE también advirtió de que las modificaciones contractuales habían elevado el presupuesto cerca del límite legal del 20%.

La constructora ha comunicado que mantendrá la seguridad de la infraestructura durante la transición, garantizando un relevo ordenado para los futuros adjudicatarios y facilitando al Ministerio toda la información necesaria. La UTE considera que resulta razonable concluir el vínculo contractual para que la Administración saque a concurso un nuevo contrato que incorpore toda la información actualizada de una obra muy compleja que se ha ejecutado manteniendo el puente en servicio.

La sombra de la trama Koldo

Fuentes del sector apuntan a que detrás del bloqueo económico subyace el temor político de la Administración central a autorizar más fondos en un proyecto envuelto en la trama de mordidas vinculada a Santos Cerdán y José Luis Ábalos. La Guardia Civil sospecha que Servinabar -empresa ligada al entorno de Cerdán- se habría embolsado 1,8 millones de euros como comisión del 2% sobre la adjudicación a Acciona. La investigación judicial indaga si el exministro Ábalos percibió 450.000 euros en beneficios y si Servinabar cobró algo menos de dos millones por trabajos de prevención de riesgos laborales en el puente.

Acciona ha trasladado a la Fiscalía que Servinabar ni trabajó ni cobró en el proyecto de ampliación del puente propiamente dicho, si bien la empresa sí realizó trabajos en los accesos provisionales al Puerto de Sevilla por los que percibió 152.363 euros.

Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE y mano derecha de Pedro Sánchez hasta el verano de 2025, reconoció ante el Tribunal Supremo que la obra fue utilizada con fines electoralistas para que Juan Espadas ganara las elecciones municipales en Sevilla. Según su declaración, Sevilla "era la ciudad más grande del PSOE y querían renovar esa Alcaldía", lo que motivó presiones al entonces ministro de Fomento para acelerar la puesta en marcha del proyecto.

Prórroga hasta 2029 y silencio institucional

En diciembre de 2025, el Ministerio de Transportes y la Autoridad Portuaria de Sevilla prorrogaron hasta diciembre de 2029 el convenio que ampara las obras, reconociendo así que los plazos iniciales no se habían cumplido. En febrero de 2026, el Ministerio aseguró que se trabajaba para retomar los trabajos "cuanto antes", aunque sin fijar nuevos plazos concretos. La construcción, no obstante, se detuvo en febrero de 2026 -al menos durante dos meses- después de que Acciona presentara el segundo modificado que incrementa el coste en 17 millones de euros.

Las obras, iniciadas en agosto de 2021 con un plazo original que expiraba a finales de 2023, acumulan ya cinco años de retraso. No se ha podido confirmar la fecha exacta en la que la UTE remitió formalmente la solicitud de resolución, si bien diversas fuentes refieren un desencuentro creciente entre el Ministerio y la adjudicataria y un informe desfavorable del Consejo de Obras Públicas al último modificado.

Fuentes de Acciona han declinado realizar comentarios sobre la solicitud de resolución. El Ministerio de Transportes, por su parte, ha guardado silencio ante las peticiones de información.