La crisis sanitaria desatada por los fallos en el programa de detección precoz del cáncer de mama ha encendido todas las alarmas en la política andaluza. La oposición ha reaccionado con dureza y de forma coordinada. PSOE, Vox y Adelante Andalucía han cargado contra el Gobierno de Juanma Moreno, al que acusan de “dejación de funciones”, “abandono de la sanidad pública” y de aplicar un modelo que beneficia a la sanidad privada. Mientras, las asociaciones de pacientes elevan la presión social y piden consecuencias.

El PSOE denuncia falta de citas y atención a las afectadas

Desde el PSOE andaluz, la portavoz Ángeles Férriz ha denunciado que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) sigue sin ofrecer cita médica a muchas de las mujeres afectadas por los retrasos, a pesar de que la Junta ha anunciado 2.000 citaciones urgentes. “¿Cuándo se les van a hacer las pruebas complementarias? ¿Cuántas van a tener que acudir a la sanidad privada?”, ha preguntado. El PSOE exige explicaciones claras y asegura que la gestión de la Junta ha sido opaca y negligente.

Férriz lamenta que el Gobierno andaluz "zigzaguee para echar la culpa a otros" y no asuma su responsabilidad. El grupo socialista ha pedido que se comparezca de forma urgente en el Parlamento para aclarar los hechos y determinar responsabilidades políticas.

Vox pide la dimisión de Moreno y habla de traición

Vox ha sido aún más contundente. La portavoz de Sanidad del grupo, María García Fuster, ha exigido la “dimisión inmediata” del presidente Moreno. A su juicio, lo ocurrido es solo “la punta del iceberg” de un deterioro generalizado del sistema sanitario andaluz. “Es una traición del Gobierno de Moreno a 2.000 familias andaluzas”, ha afirmado.

El portavoz parlamentario de Vox, Manuel Gavira, ha asegurado que la Junta conocía desde hace meses los fallos en el sistema de cribado y no actuó. “Lo sabían y no hicieron nada. No estamos ante un error informático, sino ante una negligencia de primer nivel con vidas en juego”, ha sentenciado.

Adelante ve un plan para desviar pacientes a la privada

Desde Adelante Andalucía, la crítica se ha centrado en el modelo de gestión. Su portavoz parlamentario ha rechazado que lo ocurrido se pueda atribuir a un simple fallo burocrático y sostiene que responde a un “plan de fondo para empujar a los pacientes hacia la sanidad privada”.

“El plan es claro: quien no pueda ir a la privada, al tanatorio”, han afirmado con dureza desde la formación. Consideran que el Gobierno andaluz está más preocupado por salvaguardar acuerdos con clínicas privadas que por garantizar la atención sanitaria universal y a tiempo.

Las pacientes exigen transparencia y responsabilidades

Las asociaciones de mujeres afectadas, como Amama Sevilla, han calificado los hechos de “absoluta negligencia” y han advertido de posibles consecuencias penales. Denuncian que el sistema ha fallado en su deber de informar a las pacientes sobre los resultados de sus mamografías y que muchas se han enterado por la prensa o tras meses de silencio administrativo.

“No es solo un fallo técnico, es una falta de respeto a la salud de miles de mujeres”, señalan desde la entidad. Reclaman que se identifiquen a los responsables y se garantice que algo así no volverá a ocurrir. También cuestionan la versión de la Junta, según la cual los resultados no se comunicaron para “evitar ansiedad innecesaria”.

La presión política y social no deja de aumentar. El escándalo por el cribado se ha convertido en el mayor desafío del Gobierno andaluz en lo que va de legislatura, y todo apunta a que la crisis seguirá escalando en los próximos días.