El calendario marcaba una fecha simbólica cuando los concejales del Ayuntamiento de Sevilla tomaron asiento en el pleno ordinario del pasado jueves. Exactamente cincuenta años después de la muerte del dictador Francisco Franco, el gobierno municipal del PP, con el apoyo de Vox, rechazó una propuesta de Podemos-IU para garantizar el cumplimiento de las leyes estatal y andaluza de Memoria Democrática en la ciudad.
La sesión, que comenzó con normalidad a las nueve de la mañana, derivó en una jornada tensa cuando, tras más de tres horas de espera, llegó el turno de debatir la moción memorialista. Para entonces, apenas quedaba público en el salón de plenos, salvo un nutrido grupo de representantes del Consejo Sectorial de la Memoria y de la asamblea de la plaza de la Gavidia que ocupaba la bancada derecha del hemiciclo.
La propuesta de Podemos-IU era aparentemente técnica: solicitar el cumplimiento efectivo de la normativa vigente en materia de memoria democrática. Sin embargo, el debate evidenció las profundas divisiones que persisten en la sociedad sevillana sobre cómo abordar el pasado franquista.
Ismael Sánchez Castillo, concejal de Podemos-IU, fue contundente en su intervención: "Les recuerdo que las leyes de Memoria Democrática son de obligado cumplimiento. Aquí no vale la equidistancia". El edil de la coalición de izquierdas reprochó a PP y Vox que votaran en contra precisamente en una fecha tan señalada, interpretándolo como un posicionamiento "en el lado malo de la historia".
La respuesta del concejal de Vox, Gonzalo García Polavieja, adoptó un tono sarcástico al afirmar que era "mes impar, mes que Podemos-IU pide el cumplimiento de la ley". Defendió que la normativa ya se está aplicando e instó a la izquierda a dejar de "mirar para atrás" y centrarse en "resolver los problemas del presente".
La votación del pleno coincidió con la publicación de una reveladora encuesta del instituto 40dB sobre la percepción de la democracia y el franquismo en España. Los datos arrojan luz sobre las posiciones expresadas en el salón de plenos: mientras el 73,7% de los españoles prefiere la democracia a un régimen autoritario, este porcentaje cae al 48,9% entre los votantes de Vox.
Más preocupante resulta el desconocimiento histórico entre las generaciones jóvenes. Casi la mitad de la Generación Z y los millennials no saben situar temporalmente el régimen franquista, y un porcentaje similar desconoce que Federico García Lorca fue asesinado por el bando sublevado. Entre los simpatizantes de Vox, un 42,3% muestra simpatía hacia el régimen fascista, frente a solo un 17,3% que lo rechaza.
El momento más tenso de la sesión llegó cuando Rogelio Beltrán Pérez se levantó de su asiento. Hacía 89 años y un día que el bando franquista había asesinado a su abuelo. Sus gritos pidiendo justicia resonaron en el salón mientras mostraba fotografías en blanco y negro de familiares represaliados. La presidencia ordenó su desalojo junto al de otros miembros de asociaciones memorialistas.
Juan Morillo Lora, miembro del Consejo Sectorial de la Memoria, también fue expulsado tras intentar intervenir al finalizar el discurso del alcalde José Luis Sanz. Los micrófonos cerrados impidieron que la grabación oficial del pleno registrara las voces de protesta, pero en la sala resonaban las peticiones de exhumación de la fosa común Monumento, situada junto a la de Pico Reja.
El alcalde Sanz defendió que su gobierno está "dotando cosas que estaban pintadas pero que no eran verdad", poniendo como ejemplo la creación de la Oficina de Memoria Democrática. Aseguró avanzar en la exhumación de la fosa Monumento "en la forma y medida" que considera adecuadas.
Sin embargo, los hechos contradicen estas afirmaciones. El documento que compromete a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento a exhumar la fosa común se firmó en junio de 2024, hace año y medio. No incluye cifras concretas de inversión y establece un plazo de cuatro años. A día de hoy, la fosa permanece intacta y las exhumaciones ni han comenzado ni tienen fecha prevista.
La fosa Monumento podría albergar un número de víctimas superior incluso al de Pico Reja, donde inicialmente se esperaba encontrar 800 represaliados y finalmente aparecieron 1.786 restos humanos.
Miguel Guerrero, nieto del capataz de la Columna Minera asesinado en 1936, denuncia el funcionamiento irregular de las instituciones memorialistas municipales. El Consejo Sectorial de la Memoria, que debería reunirse trimestralmente, solo lo hace cada seis meses. Estuvo paralizado durante año y medio y solo fue reactivado en noviembre de 2023 tras las presiones de los colectivos.
La Oficina de Memoria Democrática, presentada como un logro del gobierno municipal, únicamente abre sus puertas dos veces al mes. Los proyectos relacionados con la memoria histórica carecen de presupuesto específico desde 2024, lo que en la práctica imposibilita cualquier actuación significativa.
"Están esperando a que nos muramos. Quieren que muramos sin justicia", lamenta Guerrero a la salida del pleno, resumiendo el sentimiento de frustración de los familiares de las víctimas del franquismo.
Juan Tomás Aragón Jiménez, portavoz socialista, aprovechó su turno para vincular el rechazo a la memoria democrática con el auge de posiciones antidemocráticas. "Hoy con esta moción que no se ha aprobado, no se está hablando de pasado como quieren los señores de Vox, se está hablando de futuro", advirtió.
El concejal socialista denunció que "la ultraderecha les marca la agenda" al PP y alertó sobre el peligro de "abrir la puerta al mismo odio que destruyó este país". Su intervención se produjo después de que el concejal de Vox Fernando Rodríguez Galisteo aprovechara un debate sobre inversiones en el barrio de La Negrilla para cargar contra la inmigración irregular, vinculándola con narcopisos e inseguridad.
Más allá de las fosas sin exhumar, Sevilla mantiene numerosos vestigios del régimen dictatorial en su espacio público. Morillo enumera al menos cinco colegios que conservan nombres vinculados al franquismo, además de placas, monumentos y otros elementos simbólicos que las leyes de memoria democrática ordenan retirar.
La pervivencia de estos símbolos en el paisaje urbano sevillano contrasta con el discurso oficial de cumplimiento de la normativa y evidencia la falta de voluntad política para abordar de manera integral la herencia del franquismo en la ciudad.
El rechazo de la moción deja en el aire numerosos interrogantes sobre el futuro de las políticas de memoria democrática en la capital andaluza. Con un gobierno municipal que cuenta con el apoyo de una formación que, según las encuestas, alberga más simpatizantes que detractores del franquismo, las perspectivas no son halagüeñas.
Los colectivos memorialistas anuncian que mantendrán la presión para conseguir la exhumación de las fosas comunes, especialmente la Monumento, y el cumplimiento íntegro de la legislación vigente. También reclaman un presupuesto específico para 2025 que permita acometer las actuaciones pendientes.
La cita de Terry Pratchett que recordaba uno de los asistentes al pleno resume el sentimiento de muchos familiares: "El mal empieza cuando se trata a las personas como cosas". Para ellos, cada día que pasa sin exhumar las fosas es un día más de injusticia. Y el reloj, como recordaba amargamente Miguel Guerrero, corre en contra de quienes esperan ver a sus familiares dignamente enterrados antes de que sea demasiado tarde.