El portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha mostrado su firme rechazo a la decisión del equipo de gobierno municipal de externalizar la construcción y gestión de casi 691 viviendas de alquiler en la parcela R1 de Fibes. La firma de la adjudicación de esta licitación tendrá lugar el próximo martes 16 de diciembre, cuando Emvisesa y la empresa privada adjudicataria rubricarán el acuerdo que cede a manos privadas la promoción de vivienda protegida en suelo público.

El portavoz socialista ha manifestado que "estamos ante una gran oportunidad perdida para el Ayuntamiento de Sevilla y para Emvisesa, que han optado por ceder la promoción de viviendas protegidas a un promotor privado, perdiendo la capacidad de ajustar los precios del alquiler a la realidad socioeconómica de la ciudad". Muñoz ha subrayado que esta decisión evidencia la apuesta del gobierno municipal por la privatización de servicios que deberían ser gestionados directamente por la empresa pública municipal.

Alquileres de 850 euros fuera del alcance de la mayoría

Una de las principales críticas del PSOE se centra en los precios de alquiler que se establecerán en estas viviendas supuestamente protegidas. Según ha denunciado Antonio Muñoz, las rentas "alcanzan alquileres que rondan los 850 euros mensuales en pisos con dos dormitorios, unas cifras que están fuera del alcance de la gran mayoría de los sevillanos, especialmente jóvenes, familias trabajadoras y personas con ingresos medios o bajos".

El Grupo Socialista ha criticado duramente que la reducción sobre el precio máximo de alquiler conseguida con el promotor privado "se queda en un ridículo 3%, con el resultado de alquileres imposibles para la mayoría de la población". Los socialistas consideran que estos precios no responden a las necesidades reales de acceso a la vivienda que tiene la ciudadanía sevillana.

Dos modelos opuestos de política de vivienda

El portavoz socialista ha establecido una comparación directa entre la política de vivienda impulsada por la Diputación de Sevilla, gobernada por el PSOE, y la del Ayuntamiento, bajo control del PP. Muñoz ha señalado que "mientras la Diputación de Sevilla, gobernada por el PSOE, está impulsando vivienda pública en alquiler a precios en torno a los 350 euros, el PP en el Ayuntamiento de Sevilla externaliza la construcción de vivienda protegida y avala alquileres que rozan los 850 euros. Son dos modelos opuestos y dos formas muy distintas de entender para quién gobierna cada uno".

Esta diferencia de más del doble en los precios de alquiler entre ambas administraciones evidencia, según los socialistas, la divergencia en los modelos de gestión pública. Mientras la Diputación apuesta por la promoción directa de vivienda pública con precios asequibles, el Ayuntamiento opta por delegar en el sector privado la construcción y gestión de estas promociones.

Márgenes para reducir precios desaprovechados

Antonio Muñoz ha insistido en que "si la empresa municipal hubiera sido la promotora, el margen para bajar los precios habría sido mucho mayor". El portavoz socialista considera que Emvisesa cuenta con la capacidad técnica y los recursos necesarios para haber acometido directamente esta promoción de vivienda protegida, lo que habría permitido ajustar los precios a las verdaderas necesidades de la población sevillana.

La crítica socialista se intensifica al analizar la financiación de este proyecto. El Grupo Socialista ha destacado que la promoción "cuenta con un 50% de financiación pública", procedente tanto del Ministerio de Vivienda como de fondos europeos. Ante esta situación, los socialistas consideran que "con tanto nivel de apoyo público por parte del Gobierno de España, lo lógico y lo responsable habría sido que Emvisesa promoviera directamente estas viviendas, que para eso existe, en lugar de entregar la gestión y los beneficios a un promotor privado".

Crítica al modelo privatizador del alcalde

El portavoz del PSOE ha enmarcado esta decisión dentro de lo que considera "el afán privatizador del alcalde Sanz, que vuelve a dar la espalda a lo público". Los socialistas interpretan esta operación como un ejemplo más de la apuesta del gobierno municipal por externalizar servicios que tradicionalmente han sido gestionados por empresas públicas municipales.

Para el PSOE, la parcela R1 de Fibes representaba una ocasión única para demostrar que la gestión pública directa puede ofrecer vivienda protegida con precios verdaderamente asequibles para las familias sevillanas. Sin embargo, consideran que el gobierno municipal ha optado por un modelo que prioriza la intervención del sector privado, con el consiguiente impacto en los precios finales de alquiler que deberán asumir los inquilinos.