El cerrojazo del Gobierno puede llevar a Santa Barbara a prescindir de 102 trabajadores

Santa Bárbara Sistemas (SBS), filial de la multinacional estadounidense General Dynamics, ha puesto en marcha un ajuste de plantilla en su factoría de Alcalá de Guadaíra que podría afectar a 102 trabajadores entre el presente mes de junio y finales de 2026. La dirección de la compañía ya ha comunicado al comité de empresa la no renovación de 12 contratos temporales, una primera oleada a la que podrían sumarse otros 20 empleados este mismo mes y hasta 70 más durante el segundo semestre del año. La relación laboral subordinada entre la empresa y su plantilla -y, a su vez, la dependencia de SBS respecto a las decisiones del Ministerio de Defensa- sitúa a más de un centenar de familias del área metropolitana de Sevilla ante una incertidumbre difícil de gestionar.

El origen del problema se localiza en la paralización de dos grandes contratos de defensa. El programa de mantenimiento de los 19 carros de combate Leopard que custodia la planta alcalareña estaba valorado en 200 millones de euros y finalizaba en 2026, pero la prórroga prevista para tres ejercicios adicionales no se ha materializado. De los vehículos intervenidos, cuatro se encuentran ya reparados y a la espera de recepción. A ello se añade que el programa de sostenimiento de los obuses SIAC, dotado con 40 millones de euros, permanece prácticamente paralizado.

Fuentes del Ministerio de Defensa sostienen que ambos programas "no están cancelados", si bien esa declaración no se ha traducido hasta ahora en la reactivación de los trabajos ni en la firma de nuevos contratos que permitan mantener la actividad en la factoría.

La empresa reconoce pérdidas tras adelantar fondos propios

El comité de empresa ha trasladado a los trabajadores que la situación financiera de SBS es delicada. Tal como indicaron los representantes laborales, "la empresa está barajando todas las opciones posibles puesto que se han estado adelantando fondos propios para estos dos programas y por ahora están en pérdidas económicas". La compañía habría asumido con recursos propios parte de los costes asociados a los contratos paralizados sin que el Ministerio haya compensado esos desembolsos, lo que ha deteriorado sus cuentas.

El Centro de Excelencia, en el aire

El recorte de actividad compromete uno de los proyectos industriales más ambiciosos anunciados para Alcalá de Guadaíra: el Centro de Excelencia en Fabricación Avanzada que SBS preveía desarrollar con una inversión de 60 millones de euros hasta 2029. La instalación estaba concebida para el sostenimiento de los blindados Leopard, Pizarro y Piranha III, y la empresa ya ha ejecutado aproximadamente una cuarta parte de esa inversión. Sin embargo, la ausencia de contratos entre 2027 y 2029 pone en cuestión la viabilidad del conjunto del plan.

La planta de Alcalá de Guadaíra es, además, el centro de integración y pruebas del VCR 8x8 Dragón, el mayor programa de modernización terrestre del Ejército español. La reducción de actividad podría provocar una pérdida de conocimiento industrial y de capacidades estratégicas que resultaría difícil de recuperar en un momento en el que Europa refuerza sus capacidades militares.

Impacto en la planta de Trubia

La situación no se circunscribe a Sevilla. La factoría que SBS opera en Trubia (Asturias) también sufre las consecuencias: la cancelación de la fabricación de tubos de 120 mm para los Leopard y el retraso del programa Vehículo de Apoyo de Cadenas (VAC), valorado en cerca de 2.000 millones de euros, han mermado la carga de trabajo del centro asturiano.

Relaciones tensas con el Gobierno central

El conflicto laboral se enmarca en un clima de relaciones tensas entre Santa Bárbara Sistemas y el Gobierno central que se arrastra desde hace años. El Ministerio de Defensa ha expresado quejas por el retraso en las entregas del blindado 8x8 Dragón, desarrollado por el consorcio Tess Defence -participado por Indra y General Dynamics-, mientras que SBS ha adoptado una posición combativa en los tribunales.

La compañía presentó un recurso para paralizar los programas de ruedas y cadenas adjudicados a la UTE Indra-Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) por 7.240 millones de euros. El Gobierno rechazó ese recurso, y el Tribunal Supremo ha denegado la petición de SBS de suspender cautelarmente dos préstamos de 3.000 millones concedidos a esas empresas para los programas especiales de modernización.

Mientras no se desbloqueen los contratos pendientes o se asignen nuevos programas industriales a la planta de Alcalá de Guadaíra, la incertidumbre seguirá creciendo sobre una factoría que es referencia de la industria de defensa en Andalucía y que emplea a cientos de familias del área metropolitana de Sevilla.