Las instituciones académicas andaluzas han rechazado la Orden de reparto propuesta por la Consejería de Universidad en la reunión celebrada hoy, en la que el documento no ha obtenido el voto favorable necesario. El portavoz de las universidades públicas andaluzas, Paco Oliva, ha expresado la decepción del sector con un Gobierno andaluz "que sigue reduciendo la financiación relativa de la educación pública, con unos presupuestos que ya ni siquiera alcanzan para pagar las nóminas en muchos casos".
El principal motivo del rechazo radica en que el reparto propuesto vuelve a incumplir el modelo de financiación que la propia Administración autonómica aprobó en 2023. Según han denunciado las universidades, el año 2025 será el segundo ejercicio consecutivo en el que no se respeta el compromiso adquirido, lo que genera una situación de inseguridad financiera para las instituciones académicas.
Entre las irregularidades señaladas destaca la ausencia de la partida de 16 millones de euros que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, comprometió durante la apertura del curso universitario. Esta cantidad, prometida públicamente, no ha sido incluida en el reparto presupuestario presentado a votación.
Las universidades también han denunciado que "el pago de 37 millones en conceptos retributivos, como si fueran proyectos estratégicos no consolidables, no se sostiene jurídicamente". Esta cifra corresponde a gastos de personal que, según las instituciones académicas, deberían tratarse como financiación estructural y no como proyectos puntuales.
La fórmula empleada por la Consejería para contabilizar estos 37 millones de euros ha sido rechazada por considerarse una solución administrativa que contradice la naturaleza consolidable de los gastos en nóminas y otros conceptos retributivos del personal universitario.
El portavoz de las universidades públicas ha alertado sobre la progresiva degradación del sistema universitario público andaluz debido a la insuficiencia presupuestaria. La situación ha llegado a un punto crítico en el que algunas instituciones no disponen de fondos suficientes para hacer frente a sus obligaciones salariales básicas.
El voto contrario en el Consejo Andaluz de Universidades refleja el malestar generalizado del sector académico ante lo que consideran un deterioro continuado de la financiación de la educación superior pública en Andalucía, especialmente tras el incumplimiento reiterado de los compromisos adquiridos por la Administración autonómica.