La US alerta de insuficiencia en la partida de 1.825,7 millones de la Junta para personal

La Universidad de Sevilla (US) advierte de que la cuantía que le corresponde en el reparto presupuestario aprobado el 17 de abril por el Consejo Andaluz de Universidades (CAU) podría no bastar para cubrir íntegramente los gastos de personal -salarios y complementos- durante el ejercicio 2026. La alerta llega después de que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía autorizara esta semana un crédito adicional de 37,5 millones de euros destinado al sistema público universitario andaluz, una inyección que eleva la financiación total a 1.825,7 millones de euros frente a los 1.788,2 millones inicialmente presupuestados.

La rectora Carmen Vargas, primera mujer al frente de la institución en sus 520 años de historia, explicó que "la previsión que tenemos actualmente es que la cuantía asignada a la Universidad de Sevilla en el reparto presupuestario aprobado por el Consejo Andaluz de Universidades celebrado el pasado 17 de abril podría resultar insuficiente para atender íntegramente los gastos de personal, incluidos salarios y complementos salariales. Ello es debido a que el incremento de nuestra masa salarial es porcentualmente superior al aumento de la financiación inicialmente recibida de la Junta de Andalucía".

Ante ese desfase entre el crecimiento de la plantilla y los recursos transferidos, la US ha puesto en marcha un ajuste interno. La rectora indicó que la institución académica está revisando y ajustando determinadas partidas presupuestarias con carácter preventivo para garantizar la cobertura de las nóminas hasta final de año. El plan de ajuste, anunciado semanas atrás, afecta directamente al personal docente e investigador (PDI) y al personal técnico, de gestión y de administración y servicios (PTGAS), los dos colectivos cuyas retribuciones constituyen la prioridad presupuestaria de la universidad.

Deudas pendientes y emplazamiento a la Junta

La situación financiera de la US no se circunscribe al ejercicio en curso. La rectora subrayó que "quedan pendientes de resolver algunas cuestiones de especial relevancia, como el abono completo de las cantidades adeudadas por la Junta de Andalucía correspondientes al ejercicio 2025 tras la mencionada auditoría. Por ello, las universidades públicas andaluzas hemos emplazado a la Junta de Andalucía a seguir negociando con la finalidad de garantizar el cumplimiento íntegro de los acuerdos firmados y por tanto del modelo de financiación que, en este momento, siguen sin atenderse en su totalidad".

Las universidades públicas andaluzas reclaman así al ejecutivo autonómico que honre la totalidad de los compromisos adquiridos en el modelo de financiación vigente. Los rectores de los diez campus públicos de la comunidad han cerrado filas en torno a esa exigencia y mantienen abierta la vía negociadora con la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación.

Desglose del crédito adicional de 37,5 millones

El crédito extraordinario autorizado esta semana por el Consejo de Gobierno andaluz se distribuye en dos grandes bloques. De los 37,5 millones, 21,5 millones van destinados a atender los acuerdos económicos en materia de personal fijados el 8 de abril de 2025, lo que implica el abono de la totalidad de los complementos salariales de PDI y PTGAS durante 2026 y 2027. Los 16 millones restantes tienen carácter consolidable -se mantendrán en los modelos de financiación de los años sucesivos- y están vinculados al refuerzo presupuestario y financiero del sistema universitario andaluz en su conjunto.

En cuanto al reparto global de los 1.825,7 millones, 1.669,01 millones corresponden a financiación básica, un capítulo que engloba gastos de personal, funcionamiento y mantenimiento de los campus. Otros 112,64 millones se canalizan a través de contratos programa. Además, el modelo contempla una partida consolidable de 6,57 millones de euros para nivelación, de los cuales 2,01 millones irán a la Universidad de Granada y 4,55 millones a la Universidad de Málaga. Los diez campus públicos reciben mensualmente transferencias en el marco de este instrumento, que se reajustarán en los próximos meses una vez la Consejería de Universidad apruebe y publique en el BOJA la orden de reparto definitiva.

Comisión técnica para la cláusula de salvaguarda

Paralelamente al debate sobre la suficiencia de los fondos, la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación y los rectores han acordado la creación de una comisión técnica, con presencia de la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, encargada de determinar la cláusula de salvaguarda del modelo de financiación. Este mecanismo es clave para garantizar que los incrementos salariales queden cubiertos por las transferencias autonómicas.

La comisión analizará los criterios y parámetros que utilizan las instituciones académicas para calcular sus gastos de personal -el denominado capítulo 1 de los presupuestos-, con el objetivo de homogeneizar los cálculos y eliminar las diferencias existentes entre universidades. El análisis abarcará retribuciones adicionales como complementos autonómicos, carrera horizontal, trienios, quinquenios y sexenios, así como los incrementos salariales y el crecimiento vegetativo de las plantillas. La intención es que los resultados estén listos antes de la primera quincena de julio de 2026 y sirvan para identificar posibles líneas de mejora en la planificación y gestión de los recursos humanos.

La respuesta de la Junta ante las protestas

La portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, detalló esta semana el alcance del crédito adicional y fue preguntada por las protestas convocadas el miércoles en cinco provincias andaluzas contra la política de financiación universitaria. La portavoz aseguró no saber a qué obedecían las movilizaciones y añadió que el ejecutivo autonómico antepone el diálogo a la confrontación.

El contexto de fondo es un modelo de financiación fruto de largas negociaciones entre la Junta y los rectores, en las que la cláusula de salvaguarda ha sido el punto de mayor fricción. Mientras las universidades reclaman que ese mecanismo garantice automáticamente la cobertura de cualquier incremento salarial, el gobierno autonómico apuesta por un análisis técnico previo que permita auditar y homogeneizar los criterios de gasto antes de asumir compromisos adicionales. La aprobación del crédito extraordinario de 37,5 millones supone un paso, pero los rectores insisten en que los acuerdos firmados aún no se cumplen en su totalidad, y la US, como una de las universidades más grandes de España, es la primera en encender las alarmas ante una posible brecha entre obligaciones salariales y recursos disponibles.