
La Comisión Especial de Hacienda del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado la modificación de las ordenanzas fiscales para 2026, que incluye la ampliación del sistema de estacionamiento regulado (zona azul) a varias calles de la ciudad. La medida busca favorecer la rotación de vehículos en zonas de alta demanda y compensar la pérdida de plazas de aparcamiento por obras como las del Metrocentro.
Las nuevas vías que pasarán a ser zona azul son: avenida de la Borbolla, avenida de Portugal, Diego de Riaño, Ciudad de Ronda, Infante Carlos de Borbón e Infanta Luisa de Orleans. Para los residentes en estas zonas, se mantiene la tarifa plana mensual habitual.
Sin embargo, la decisión municipal ha excluido nuevamente a una de las zonas con mayor conflicto por el estacionamiento: los alrededores del hospital Virgen Macarena. El Consistorio ha desdeñado la posibilidad de implantar allí un modelo de zona azul, como ya se hizo con éxito en Bami, dejando en manos de los gorrillas el control informal del aparcamiento en la vía pública.
Los vecinos denuncian que la situación se ha vuelto insostenible tras la eliminación de numerosas plazas en la calle Doctor Fedriani. Esto ha desplazado a los aparcacoches ilegales a calles aledañas, donde en algunos tramos puede encontrarse un gorrilla cada 50 metros. El sistema, aseguran, funciona en turnos que cubren desde primera hora de la mañana hasta bien entrada la noche, los siete días de la semana.
"El Ayuntamiento se convierte en agente activo de la degradación del barrio", critican asociaciones vecinales, que recuerdan que hace más de un año hubo reuniones en las que se propuso implantar una solución similar a la aplicada en Bami. No obstante, el gobierno municipal ha dado largas, sin avanzar en un plan claro para ordenar el aparcamiento ni atajar el control del espacio público por parte de gorrillas.
El malestar vecinal no se limita al estacionamiento. La alta concentración de albergues en la zona y los episodios de inseguridad ciudadana generan una sensación de abandono generalizado. Los residentes exigen una intervención integral que aborde la ordenación del tráfico, la seguridad, la limpieza y el equilibrio urbanístico.
La decisión de ampliar la zona azul en otras zonas de Sevilla -de perfil más residencial o comercial- pero no en uno de los puntos más conflictivos deja en evidencia, según denuncian los afectados, una falta de voluntad política para intervenir en barrios donde el deterioro es visible y creciente.