Andalucía impulsa 8.256 viviendas protegidas en el primer año del Decreto-ley 1/2025
El gobierno autonómico avanza en su objetivo de construir 20.000 viviendas protegidas en cinco años, con la adhesión de 180 municipios que representan al 70,6% de la población andaluza.
La Junta de Andalucía ha impulsado 8.256 viviendas protegidas durante el primer año de vigencia del Decreto-ley 1/2025, según anunció este sábado la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz. La titular autonómica hizo balance de unas medidas que "han tenido una enorme aceptación" y destacó que el ejecutivo andaluz avanza en su objetivo de construir 20.000 viviendas protegidas en cinco años.
Díaz subrayó el efecto inmediato de las medidas aprobadas hace un año y valoró que hasta 180 municipios "han apostado por el modelo andaluz de facilitar más suelos para vivienda protegida, ampliar la oferta y atender a la demanda de miles de andaluces que aspiran a tener una vivienda a precio asequible". Estos ayuntamientos, que representan al 70,6% de la población andaluza, suman una población de seis millones de habitantes y se encuentran en las zonas con mayor demanda residencial.
La consejera realizó estas declaraciones durante una visita a los suelos del Cuartel de Mondragones en Granada, acompañada por la alcaldesa de la ciudad, Marifrán Carazo. Este emplazamiento, adjudicado recientemente para la construcción de viviendas protegidas después de años en desuso, ejemplifica los resultados del decreto autonómico. "Hemos reactivado un suelo abandonado y, gracias al Decreto-ley, hemos conseguido ampliar la promoción de 295 a 328 viviendas", afirmó Díaz.
Ayuntamientos en el centro de la solución
Rocío Díaz hizo hincapié en que el Decreto-ley "hemos situado a los ayuntamientos en el centro de la solución, dándoles más capacidad y flexibilidad" para impulsar proyectos de vivienda protegida. La respuesta de las corporaciones municipales ha sido notable: "hasta 180 municipios, que representan al 70,6% de la población andaluza, se han sumado a estas medidas", señaló la consejera.
En el caso específico de Granada, se han adherido 19 municipios con más de medio millón de habitantes, lo que representa al 57% de la población provincial, equivalente a más de 528.000 habitantes, según datos del gobierno autonómico. La consejera subrayó que "Cada adhesión que hemos recibido es una alianza para construir más vivienda protegida".
Bolsa de suelo en constante crecimiento
Entre las medidas del Decreto-ley andaluz destaca la creación de una bolsa de suelo "en constante crecimiento", como la definió Díaz. Esta herramienta cuenta actualmente con suelos con capacidad para más de 43.000 viviendas protegidas en las principales ciudades andaluzas.
La bolsa comenzó únicamente con la información facilitada por los 13 ayuntamientos con más de 100.000 habitantes. No obstante, con la aprobación de la Ley de Vivienda de Andalucía, que entró en vigor el 24 de enero de 2026, se podrá extender de manera progresiva al resto de los municipios andaluces. Esta nueva normativa deroga cuatro leyes anteriores y establece la creación de áreas prioritarias con mayores dificultades de acceso a la vivienda, donde se concentrarán ayudas al alquiler y compra, e incentivos a la construcción y rehabilitación.
Agilización de trámites y Unidad Aceleradora
La consejera se detuvo en la agilización y simplificación de los trámites para la construcción de vivienda protegida, otra de las claves del Decreto-ley. La normativa abrió la puerta a incorporar proyectos residenciales a la Unidad Aceleradora de Proyectos, siempre que cumplan requisitos específicos: reserva de suelo para al menos 250 viviendas protegidas y una programación que garantice que la construcción se inicie en un plazo inferior a cinco años.
Para iniciativas residenciales de más de 500 viviendas que incluyan la reserva legal de vivienda protegida, la exigencia es iniciar la construcción del 50% en un plazo inferior a cinco años. Actualmente se encuentran en estudio iniciativas que suman más de 20.000 viviendas, de las cuales 9.000 tendrán carácter protegido.
Díaz informó de que ya hay un proyecto asignado a la Unidad Aceleradora de Proyectos en Tarifa, que contempla 514 viviendas, de las que 283 serán de carácter protegido. Esta iniciativa se suma a las 1.300 viviendas protegidas en alquiler que la Junta entregará durante el primer semestre de 2026, resultado del programa de fomento del parque de viviendas en alquiler donde el gobierno autonómico cede suelo público a promotores privados y cooperativas.
Modelo andaluz consolidado
Con estos primeros resultados, la consejera destacó que ha quedado demostrado que "son medidas efectivas, que funcionan y que convencen". Rocío Díaz resumió el modelo andaluz como basado "en más suelo, más agilidad, menos trabas y más colaboración para garantizar vivienda protegida a precio asequible".
El Decreto-ley 1/2025 anticipaba medidas que fueron incluidas posteriormente en la Ley de Vivienda de Andalucía. Entre las herramientas de control complementarias, el Plan de Inspección de Vivienda Protegida 2024 tiene como objetivo evitar la desocupación de las viviendas protegidas y garantizar el acceso al alquiler a quienes cumplan los requisitos, detectando transmisiones irregulares o su uso como viviendas turísticas.