La congelación del Iprem durante 3 años ahoga a 450.000 parados mayores de 52

Más de 450.000 personas en España cobran el subsidio por desempleo para mayores de 52 años, una prestación fijada en el 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), es decir, 480 euros al mes. El problema es que el Iprem lleva congelado en 600 euros desde 2023 porque el Gobierno no ha logrado sacar adelante unos Presupuestos Generales del Estado en tres ejercicios consecutivos. El resultado es que esos 480 euros han ido perdiendo poder adquisitivo mientras la inflación encarecía alimentos, suministros y medicamentos, y quienes dependen de esa cuantía se enfrentan cada mes a la disyuntiva de qué necesidad básica dejar sin cubrir.

La situación no se circunscribe al subsidio de desempleo. El bono social eléctrico, las becas de comedor, la asistencia jurídica gratuita o el Ingreso Mínimo Vital también toman el Iprem como referencia, de modo que su congelación arrastra consigo el acceso a un amplio abanico de prestaciones públicas. En paralelo, el mercado laboral expulsa a los trabajadores de mayor edad: el desempleo entre los mayores de 55 años casi se ha triplicado desde 2008 y alcanzó las 545.000 personas en el primer trimestre de 2026, de las cuales alrededor del 60% son parados de larga duración.

Jorge Onrubia, profesor titular de Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid e investigador asociado de FEDEA, cifra en un 20% la caída del valor real del Iprem desde 2004, descontada la inflación acumulada. La mitad de esa pérdida, subraya el experto, corresponde precisamente a los últimos tres años en los que España no ha contado con Presupuestos. Desde su creación, el indicador solo ha subido 140 euros en términos nominales, una cifra que la inflación ha devorado con creces.

Vivir con 300 euros tras pagar las medicinas

Antonio Burgos arrastra varias enfermedades crónicas y tiene reconocido un 58% de discapacidad. Cada mes recibe los 480 euros del subsidio, pero tras abonar los medicamentos que necesita apenas le quedan unos 300 euros. Con esa cantidad resulta imposible mantenerse de forma autónoma, y por eso asegura que "estoy viviendo de acogida porque es la única forma de salir adelante".

Burgos resume en una frase su percepción de la ayuda que recibe: "lo que nos dan es una limosna". Encontrar un empleo a su edad, lamenta, tampoco es una opción realista, porque "las empresas se dejan de historias y prefieren no contratarte" cuando el candidato supera los 52 años y presenta problemas de salud.

Pescado congelado una vez al mes

Encarna Carrasco, de 62 años, trabajaba en el Servicio de Atención Domiciliaria hasta que su empresa dejó de pagarle. Con los 480 euros del subsidio como único ingreso, se vio obligada a regresar a casa de su padre, que tiene reconocido un 78% de discapacidad. Los recortes que ha tenido que aplicar a su vida cotidiana ilustran el alcance de la precariedad: "Me tuve que ir a vivir de nuevo con mi padre, en parte también porque mi empresa dejó de pagarme y yo ya estoy en paro. Antes me daba para comer pescado una vez a la semana, ahora una vez al mes y congelado. Por supuesto, lo de salir y reunirte con los amigos está descartado, mi único hobby es salir a pasear con una botella de agua en la mano. Si me sale un eccema, ni siquiera puedo comprar la pomada, porque no me lo cubre la Seguridad Social".

A sus 62 años, Carrasco mira al futuro con incertidumbre y reconoce que "no sé que va a ser de mí cuando él no esté", en referencia a su padre.

Un laberinto burocrático con el Sepe

A la insuficiencia del subsidio, Encarna Carrasco suma un conflicto administrativo que agravó su situación. Con la ayuda del Sindicato SAD de Cuidadoras Profesionales Municipales, interpuso una demanda contra su antigua empresa por impago y obtuvo una sentencia que condenaba a la compañía a abonarle 16.000 euros. Sin embargo, la empresa se declaró insolvente y Carrasco solo logró cobrar 5.000 euros a través del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa).

El Servicio de Empleo Estatal (Sepe) le reclamó entonces la devolución de parte del subsidio percibido, tomando como base la sentencia de 16.000 euros y no los 5.000 euros que realmente había recibido. Carrasco denuncia que "me dejaron en la vulnerabilidad absoluta porque cuando me reclamaron ese dinero yo ya no tenía más ingresos que el subsidio, no trabajaba". Estuvo cinco meses sin percibir la ayuda de 480 euros y, a día de hoy, ha alcanzado un acuerdo con el Sepe para que se le descuenten 80 euros al mes de la prestación.

Promesas incumplidas sobre los Presupuestos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prometió en octubre de 2025 que "sudaré la camiseta para poder presentar los Presupuestos Generales". Sin embargo, las cuentas públicas tampoco se han presentado en 2026, lo que mantiene el Iprem congelado por tercer año consecutivo. Las reiteradas promesas de altos cargos del Ejecutivo de cumplir con la Constitución y, al menos, presentar una propuesta presupuestaria se han visto incumplidas también este ejercicio.

Ya en 2024, la entonces vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, propuso a Sánchez una subida del Iprem por la vía del decreto ley y aseguró que "quiero transmitir absoluta serenidad porque también trabajaremos en esto sin presupuestos". La actualización, no obstante, nunca se produjo, y el indicador sigue en los mismos 600 euros que marcaba al inicio de 2023.