El Gobierno prepara una oferta con 27.000 puestos de empleo público

El Gobierno de España ultima una nueva Oferta de Empleo Público (OPE) para 2026 destinada a la Administración General del Estado, que afectará a las oficinas y organismos con presencia en Sevilla. Según fuentes sindicales consultadas tras la reunión celebrada el pasado domingo con representantes del Ejecutivo, la convocatoria será "similar" a la aprobada en 2025, cuando se ofertaron 26.889 plazas entre nuevo ingreso y promoción interna. La negociación se produce en paralelo al cierre del acuerdo para implantar la jornada laboral de 35 horas semanales, que beneficiará a más de 200.000 trabajadores públicos en toda España.

El encuentro, que tuvo lugar el 23 de marzo en la mesa de negociación de la Administración central, ha abierto un proceso de diálogo que continuará este miércoles 25 de marzo, cuando el Ejecutivo se ha comprometido a presentar las cifras concretas de la nueva oferta. La aprobación definitiva de ambos asuntos -la OPE y la reducción de jornada- está prevista para después de la Semana Santa, con una posible convocatoria de la mesa general de la Administración General del Estado el próximo viernes 27 de marzo.

La referencia de las casi 27.000 plazas corresponde al desglose de 2025: 20.324 puestos de nuevo ingreso y 6.565 de promoción interna, una cifra que supuso una reducción del 9% respecto a la oferta total de 2024. Si se incluyen los cuerpos de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la convocatoria de 2025 alcanzó los 36.000 puestos en total. Sin embargo, los sindicatos han advertido de que el volumen de plazas no garantiza por sí solo la creación de empleo neto, un problema que ya detectaron en la OPE del año pasado.

Reivindicaciones sindicales para reforzar servicios públicos

Comisiones Obreras (CC OO), Unión General de Trabajadores (UGT) y la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) han trasladado al Gobierno la necesidad de que la nueva oferta responda a las carencias estructurales de la Administración. Los sindicatos insisten en reforzar organismos como las oficinas de Extranjería, la Seguridad Social y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), especialmente ante el proceso de regularización de aproximadamente un millón de inmigrantes que justifica, a su juicio, un aumento de efectivos.

La demanda sindical va más allá del número de plazas: exigen que los procesos selectivos se agilicen y se convoquen en el mismo año de su publicación. UGT ha denunciado que permanecen pendientes de convocatoria 9.003 plazas de personal laboral correspondientes a las ofertas de 2023, 2024 y 2025, divididas en 5.765 de nuevo ingreso y 3.238 de promoción interna. Este retraso acumulado, según las organizaciones, lastra la renovación de las plantillas y dificulta la prestación de servicios públicos esenciales.

Negociación paralela de la jornada de 35 horas

La reducción de jornada laboral desde las actuales 37,5 horas semanales a 35 está a punto de materializarse tras meses de negociación. El acuerdo, que afectará a más de 200.000 empleados de la Administración central, contempla también una adaptación para quienes tienen jornadas de especial dedicación, que pasarían de 40 a 35 horas. La aprobación definitiva podría producirse esta misma semana en la mesa general de la Administración General del Estado, previsiblemente el viernes.

Sin embargo, el consenso presenta fisuras. El personal de Instituciones Penitenciarias, junto con el de establecimientos sanitarios y centros docentes de Ceuta y Melilla, quedará fuera del acuerdo general y deberá negociar la implantación de las 35 horas en sus respectivos ámbitos. Esta exclusión ha generado el rechazo frontal de CC OO, cuya secretaria general del sector del Estado, Montse Gómez, ha advertido de que su sindicato podría no suscribir el pacto en estas condiciones.

Gómez explicó: "Tal y como nos han dicho que van a redactar el acuerdo para las 35 horas, no se incluyen cambios en el ámbito de aplicación de la nueva jornada y los nuevos horarios que se recogerán en una instrucción, y sin esos cambios el personal de Instituciones Penitenciarias, tanto el funcionario como el laboral, y el de los establecimientos sanitarios o de centros docentes de Ceuta y Melilla, siguen quedando fuera, porque solo pueden negociar en su ámbito y no se les garantiza que vayan a conseguirlo". La dirigente sindical ha insistido en que CC OO no está dispuesta a "asumir un acuerdo de 35 horas en estas condiciones" si no se garantiza la extensión de la medida a todos los colectivos.

Impacto en la Administración en Sevilla

Tanto la futura oferta de empleo como la nueva jornada laboral tendrán repercusión directa en las oficinas y servicios de la Administración General del Estado en Sevilla. Los empleados de organismos como la Seguridad Social, el SEPE, la Agencia Tributaria o las delegaciones ministeriales en la provincia se beneficiarán de la reducción horaria una vez entre en vigor el acuerdo. Del mismo modo, las plazas que se convoquen en la OPE de 2026 incluirán destinos en la capital hispalense y su área metropolitana, aunque no se conoce aún el desglose territorial de la oferta.

Los sindicatos han recalcado que el refuerzo de plantillas es especialmente urgente en servicios con alta demanda ciudadana, como las oficinas de Extranjería, donde el incremento de expedientes por la regularización migratoria ha saturado la capacidad de atención. La Administración en Sevilla, al igual que en el resto del país, afronta el reto de renovar sus efectivos tras años de jubilaciones masivas y tasas de reposición limitadas.

Próximos pasos de la negociación

La hoja de ruta de las próximas semanas está marcada por dos citas clave. Este miércoles 25 de marzo, el Gobierno deberá concretar la cifra definitiva de plazas de la OPE 2026 y aclarar su distribución entre ministerios y organismos autónomos. Posteriormente, previsiblemente el viernes 27 de marzo, se convocará la mesa general de la Administración General del Estado para dar el visto bueno definitivo a la jornada de 35 horas, aunque la postura de CC OO podría condicionar el respaldo sindical al acuerdo.

La aprobación de ambos textos -oferta de empleo y reducción de jornada- se producirá a la vuelta de la Semana Santa, según han confirmado fuentes gubernamentales. Una vez publicadas en el Boletín Oficial del Estado, las convocatorias deberán resolverse en los próximos meses para que las nuevas incorporaciones puedan materializarse antes de que finalice el año.

El debate de fondo, según coinciden las organizaciones sindicales, no es solo cuántas plazas se ofertan, sino si esas plazas generan empleo neto o simplemente cubren jubilaciones y bajas. La experiencia de 2025, cuando la OPE no logró aumentar las plantillas de forma significativa, ha llevado a CC OO, UGT y CSIF a exigir garantías de que la convocatoria de 2026 responda a las necesidades reales de la ciudadanía y no se limite a una operación de maquillaje estadístico.