El PSOE denuncia que los Servicios Sociales de Sevilla necesitan 155 plazas y el plan de Sanz es 'propaganda'

Los Servicios Sociales municipales de Sevilla arrastran un déficit de 155 profesionales repartidos entre los 14 centros de la ciudad, de acuerdo con los cálculos sindicales esgrimidos este sábado por el Grupo Municipal Socialista. La concejala Encarnación Aguilar ha calificado de "operación de propaganda" el Plan Estratégico de Servicios Sociales 2026-2029 presentado por el gobierno de José Luis Sanz: un documento que, a juicio de la edil, identifica los problemas pero no detalla con qué recursos, en qué plazos ni con qué presupuesto piensa resolverlos.

La crítica socialista se centra en que el plan aplaza hasta 2029 las soluciones a un sistema que el propio texto reconoce desbordado, lastrado por la burocracia y volcado en la mera gestión de emergencias. Aguilar ha reprochado que el gobierno local lleve más de tres años gestionando el área sin haber corregido la situación: "Una declaración de intenciones no puede ocultar la realidad diaria de los centros. El Gobierno local lleva más de tres años gestionando estos servicios y presenta ahora como un proyecto de futuro aquello que ya debería haber empezado a corregir".

La edil socialista ha reclamado medidas inmediatas y ha resumido la posición de su grupo con dureza: "Los Servicios Sociales no necesitan más marketing, más guías ni más presentaciones. Necesitan profesionales suficientes, bajas cubiertas, estabilidad en los equipos y capacidad para atender a las familias sin obligarlas a esperar durante meses".

Polígono Sur al 40% y bajas por estrés

El caso más extremo, según el PSOE, es el del Polígono Sur, donde la dotación de personal se sitúa en apenas el 40%. Esa cifra se traduce en saturación, bajas por estrés entre los profesionales y, según los informes sindicales citados por la formación, un clima de miedo ante el incremento de conductas violentas. La concejala ha subrayado que Sevilla concentra seis de los diez barrios más pobres de España, lo que agrava la presión asistencial sobre unos equipos que se sienten desprotegidos.

Los informes sindicales que maneja el grupo socialista describen un deterioro generalizado de las condiciones laborales en los 14 centros: aumento de las bajas por estrés, frustración creciente entre los profesionales y episodios de tensión provocados por usuarios desesperados. La falta de efectivos obliga a los trabajadores a concentrarse en las urgencias más inmediatas -ayudas de alimentación, alquiler o suministros- sin margen para desarrollar una intervención preventiva e integral con las familias.

Aguilar ha denunciado lo que considera una contradicción: que el gobierno municipal "agradezca públicamente la labor de los profesionales mientras mantiene centros con vacantes sin cubrir y plantillas desbordadas".

Estabilización de empleo y equipo retén

El Grupo Socialista ha rechazado que el consistorio presente los procesos de estabilización del empleo público como una ampliación extraordinaria de la plantilla de Servicios Sociales. A juicio del PSOE, esas convocatorias responden a la legislación estatal para reducir la temporalidad y, por tanto, estabilizan a los interinos pero no incorporan nuevos profesionales. Aguilar lo ha explicado así: "Buena parte de estos procesos responde, además, a la aplicación de la legislación estatal para reducir la temporalidad en el empleo público. "Contratar durante unos meses a unas pocas personas puede aliviar puntualmente algún centro, pero no permite reconstruir equipos, desarrollar políticas preventivas ni garantizar una atención continuada en los barrios con mayores dificultades"".

La formación socialista también ha expresado su preocupación por la creación de un equipo retén destinado a desplazar técnicos entre distintos centros, una fórmula que, advierte, no debe servir para normalizar la falta de personal fijo en cada sede.

Las cinco exigencias del PSOE

El Grupo Socialista ha trasladado al gobierno municipal cinco reclamaciones concretas: la cobertura inmediata de todas las bajas y vacantes, un calendario público para completar la plantilla, un refuerzo específico de los equipos dedicados a menores, medidas de prevención y protección para los trabajadores, y la fijación de objetivos públicos que permitan verificar la reducción de las listas de espera.