Sevilla: un juez procesa a 7 ex altos cargos de la Junta por 54,2 millones en ayudas a Boliden
La pieza separada del caso ERE da un paso decisivo con la apertura de procedimiento abreviado por presuntos delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental. La Fiscalía Anticorrupción dispone de veinte días para pedir la apertura de juicio oral.
El magistrado José Ignacio Vilaplana, titular de la plaza número 6 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla, ha dictado este miércoles un auto por el que acuerda continuar como procedimiento abreviado las diligencias previas contra siete ex altos cargos de la Junta de Andalucía. La resolución se enmarca en una pieza separada del caso ERE y se centra en las presuntas irregularidades cometidas en la concesión de ayudas por un importe total de 54.279.986,16 euros a la empresa Boliden Apirsa S.L. y a su colectivo de extrabajadores.
El instructor considera que los hechos denunciados podrían ser constitutivos de presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad documental. Tras dictar el auto, Vilaplana ha dado traslado de la causa a la Fiscalía Anticorrupción y a las acusaciones personadas, que cuentan con un plazo común de veinte días para solicitar la apertura del juicio oral, el sobreseimiento o la práctica de diligencias complementarias.
Entre los siete procesados figura el exconsejero de Empleo Manuel Recio Menéndez, junto con tres exviceconsejeros, dos ex directores generales de Trabajo y Seguridad Social y un ex director general de la Agencia IDEA. Todos ellos ocuparon puestos de responsabilidad en la administración autonómica durante los años en que se concedieron las ayudas investigadas.
Sobreseimiento para dos exconsejeros
En el mismo auto, el juez Vilaplana ha acordado el sobreseimiento provisional de la causa respecto de los exconsejeros Antonio Fernández -titular de Empleo entre abril de 2004 y marzo de 2010- y Martín Soler -consejero de Innovación, Ciencia y Empresa desde abril de 2009 hasta marzo de 2010-. El magistrado argumentó que "no se encuentran en la causa indicios sólidos que permitan atribuirles participación --relevante penalmente-- en los hechos por los que se procede en la presente causa".
Vilaplana precisó además que "no consta en las actuaciones indicios suficientes" de que ambos, "en su calidad de titulares de las consejerías de la Junta implicadas en la concesión y pago de las subvenciones dirigidas a financiar las 'indemnizaciones' derivadas de la frustración de los planes de recolocación de los extrabajadores de Boliden Apirsa, hayan tenido deliberada y directa participación en tales hechos".
El instructor reconoció, no obstante, que "es cierto" que el ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Daniel Alberto Rivera y una testigo "relatan en sus respectivas declaraciones judiciales que el acuerdo entre los directivos de ambas consejerías en orden a cooperar en la ilícita financiación de esa línea de ayudas habría sido asumido por los sucesivos viceconsejeros" de dichas consejerías, "pero no constan manifestaciones concluyentes de que dicho acuerdo hubiera sido adoptado con el beneplácito de los respectivos consejeros".
El magistrado concluyó señalando que "por consiguiente, la implicación de los cargos y directivos superiores -los consejeros- en tales hechos delictivos no puede sostenerse en consideración a evidencias solventes, más allá de las sospechas de que, por su posición como responsables máximos de las respectivas consejerías, habrían tenido conocimiento de la irregular disposición de aquéllos fondos y de los acuerdos determinantes de tal ilícita actuación".
Desglose de las ayudas investigadas
La investigación judicial se centra en la presunta ilicitud de las ayudas concedidas por la administración autonómica "de manera injusta y arbitraria" a Boliden Apirsa y a sus extrabajadores. La partida principal, cifrada en 52.511.754,30 euros, se destinó a financiar compromisos de "ayudas sociolaborales" en favor de los extrabajadores afectados por el ERE 3/2001 de la compañía, mediante una póliza de seguro colectivo de rentas temporales suscrita por los sindicatos CCOO y UGT con la aseguradora Vitalicio Seguros.
Una segunda ayuda, de 1.768.231,86 euros, sirvió para financiar un suplemento a esa misma póliza, destinado a la contratación de rentas vitalicias adicionales para los beneficiarios.
Planes de recolocación frustrados
El auto también aborda las ayudas concedidas a extrabajadores de Boliden Apirsa que se acogieron a planes de recolocación. El juez describe esos planes como "más bien, un sólo plan con sucesivas y distintas condiciones o negociaciones- eficazmente intermitentes, no siempre aceptados o cumplidos por los propios extrabajadores; quienes, finalmente, serían indemnizados por no haber sido 'recolocados' con supuestas 'ayudas sociolaborales excepcionales' en el curso de los años 2008 a 2011". Estas indemnizaciones fueron concedidas por las consejerías de Empleo y de Innovación.
El caso ERE constituye una macrocausa de corrupción que investiga el presunto uso fraudulento de fondos públicos destinados a expedientes de regulación de empleo y ayudas a empresas en crisis por parte del gobierno autonómico durante años. La pieza relativa a Boliden Apirsa representa uno de los frentes abiertos más relevantes por el elevado volumen de fondos públicos comprometidos.