Impesctores de Educación alertan del pánico que viven los colegios andaluces tras el caso de Sandra Peña

La Unión Sindical de Inspectores de Educación Andalucía (USIE) ha lanzado este viernes una alerta sobre el clima de inseguridad jurídica que atraviesan los centros educativos de la comunidad. El sindicato describe una "desbordante y preocupante avalancha de actuaciones incidentales que saturan las agendas de la Inspección, obligando al cuerpo a desplegar un constante asesoramiento exprés de alta complejidad", una presión que se ha intensificado tras el sobreseimiento de la causa por homicidio imprudente contra los profesionales de un colegio sevillano implicados en el caso Sandra Peña.

El suceso, calificado por USIE como "uno de los sucesos que mayor impacto y honda indignación ha generado en la opinión pública andaluza", ha disparado la inquietud entre docentes y equipos directivos de toda Andalucía. El sindicato reclama de forma "urgente" que las administraciones asuman la necesidad de "redefinir las prioridades del sistema" para frenar lo que denomina "asfixia burocrática", un fenómeno que, a su juicio, desvirtúa la labor formativa de las escuelas.

Para abordar esta problemática, USIE organizó unas jornadas en Málaga en las que el magistrado Fernando Portillo llevó a cabo un análisis pormenorizado del auto judicial del caso Sandra Peña. El sindicato destacó que "con este riguroso análisis normativo (realizado por el magistrado Fernando Portillo), las jornadas han arrojado luz para desmitificar el pánico legal y vulnerabilidad jurídica que atenaza la gestión diaria de las escuelas ante desenlaces fortuitos o multicausales".

Irregularidad administrativa frente a responsabilidad penal

Una de las conclusiones centrales del encuentro fue la distinción entre faltas burocráticas y delitos. USIE trasladó que "el debate técnico ha dejado claro que un defecto de forma o un retraso cronológico en la cumplimentación de los anexos burocráticos de la plataforma digital Séneca constituyen, de manera inequívoca, una irregularidad de carácter puramente administrativo, pero en ningún caso puede derivar de forma automática en una responsabilidad penal".

El sindicato detalló además los criterios que rigen la vía criminal en estos supuestos: "Para que prospere la vía criminal en estos supuestos se requiere la concurrencia de cuatro requisitos cumulativos y, en este caso, se constató que elementos nucleares como la posición fáctica de garante no se pudieron dar al haber concurrido el trágico desenlace fuera del horario y del recinto escolar". Esta circunstancia resultó determinante para el sobreseimiento de la causa contra los profesionales del centro sevillano.

Presiones cotidianas en los despachos de la Inspección

Más allá del caso concreto, USIE denuncia que los inspectores afrontan a diario "casuísticas reales y extremas" que desbordan sus competencias habituales. Entre los ejemplos que enumera el sindicato figuran las presiones ejercidas por bufetes de abogados que exigen historiales de puntualidad de menores, los conflictos derivados del veto unilateral de actividades complementarias por parte de progenitores no custodios, las solicitudes de acceso a datos sensibles de salud mental de alumnos vulnerables y las paradojas generadas por las propias plataformas informáticas del sistema educativo.

Este catálogo de situaciones, según el sindicato, refleja hasta qué punto la judicialización de la convivencia escolar ha transformado el día a día de unos profesionales cuya función principal debería centrarse en la supervisión pedagógica y la mejora de la calidad educativa.