La Junta suspende el expediente del caso Sandra Peña hasta conocer el informe de Fiscalía

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha decidido paralizar temporalmente el procedimiento administrativo abierto tras el suicidio de la joven estudiante hace dos meses hasta que la Fiscalía concluya su investigación sobre posibles responsabilidades.
Sevilla
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Redacción LVS
Actualizado martes, 16 de diciembre de 2025 - 22:45

La consejera de Desarrollo Educativo, Carmen Castillo, ha anunciado la suspensión temporal del expediente relacionado con el fallecimiento de Sandra Peña, la alumna de 14 años del colegio privado concertado Irlandesas Loreto de Sevilla que se suicidó hace dos meses. La decisión se ha tomado para esperar las conclusiones de la investigación que lleva a cabo la Fiscalía sobre el caso.

Castillo realizó este anuncio en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, explicando que el procedimiento administrativo quedará en suspenso hasta que se esclarezcan las posibles responsabilidades tanto del centro educativo como de las tres menores señaladas como supuestas acosadoras de la joven fallecida.

La Fiscalía continúa con su investigación judicial sobre el caso, en el que el pasado 17 de noviembre declararon las tres menores implicadas. Los investigadores están tratando de determinar si existe responsabilidad por parte del colegio en la prevención y actuación ante el presunto acoso, así como la posible participación de las tres alumnas en hechos que pudieran haber contribuido al desenlace fatal.

Comisión de conciliación constituida

Paralelamente al procedimiento judicial, la Consejería ya ha constituido una comisión de conciliación con el centro educativo. Sin embargo, este órgano tampoco podrá adoptar medidas hasta que la Fiscalía concluya su investigación y determine si existen responsabilidades penales o administrativas en el caso.

La consejera ha subrayado que la Junta de Andalucía reabrirá el expediente administrativo en cuanto se conozcan las conclusiones del Ministerio Fiscal, momento en el que se valorará la adopción de las medidas correspondientes en función de las responsabilidades que, en su caso, se determinen contra el centro educativo o contra las menores investigadas.

El caso ha generado una gran conmoción social en Sevilla y ha reabierto el debate sobre los protocolos de prevención y actuación frente al acoso escolar en los centros educativos, tanto públicos como concertados, de la comunidad autónoma andaluza.

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