La familia de Sandra Peña apunta a la responsabilidad del colegio de las Irlandesas Loreto por homicidio
La familia de Sandra Peña, la adolescente de 14 años que se quitó la vida el pasado 14 de octubre arrojándose desde la azotea del bloque en el que residía, ha presentado este viernes una querella criminal contra el colegio Irlandesas Loreto. La acusación imputa al centro educativo tres delitos: homicidio, lesiones psíquicas y trato degradante.
Los padres responsabilizan directamente al centro del suicidio de su hija, que sufría acoso por parte de otras tres alumnas. La madre comunicó al colegio en dos ocasiones que Sandra estaba siendo víctima de acoso escolar, pero la institución no activó los protocolos establecidos para estos casos.
La querella se produce después de que la Junta de Andalucía elevara el caso a la Fiscalía de Menores. El gobierno autonómico emitió un duro comunicado dos días después del fallecimiento de la joven en el que consideraba que el colegio Irlandesas Loreto no había activado los protocolos antiacoso y antisuicidio a los que estaba obligado.
Declaraciones en la Fiscalía
El 12 de noviembre, cuatro trabajadores del centro declararon ante la Fiscalía de Menores: el director, la jefa de estudios, la tutora de la menor y la orientadora. Los cuatro aseguraron entonces que el colegio tomó medidas y que éstas estarían documentadas, aunque el expediente no se subió a la plataforma Séneca, el sistema oficial de información para la gestión académica.
Mientras tanto, la investigación contra las tres presuntas acosadoras continúa abierta en la Fiscalía de Menores.
Marco legal de los delitos
El delito de homicidio está castigado en España con penas de 10 a 15 años de prisión. Si se considera homicidio imprudente, la condena puede oscilar entre uno y cuatro años, además de inhabilitación especial para la profesión u oficio por un período de tres a seis años cuando el delito esté relacionado con motivos laborales o profesionales.
Por su parte, el delito de lesiones físicas o psíquicas conlleva penas de prisión de tres meses a tres años. El trato degradante que menoscabe la integridad moral está castigado con penas de seis meses a dos años de cárcel.
Reunión con la consejera
La consejera de Educación de la Junta, Carmen Castillo, se reunirá el próximo 14 de enero con los padres de Sandra Peña, que le solicitaron un encuentro a finales del año pasado. El objetivo de la reunión será abordar el caso y las actuaciones emprendidas desde la Consejería de Desarrollo Educativo.