CCOO en la US exige a la Junta "suficiencia financiera ¡ya!" para evitar ajuste de 16 millones

La sección sindical de Comisiones Obreras (CCOO) en la Universidad de Sevilla (US) ha protagonizado este lunes 11 de mayo una asamblea-concentración que partió del Rectorado de la institución académica y concluyó ante la sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía, en el Palacio de San Telmo. La movilización, convocada bajo el lema 'Por la defensa de la universidad pública', reunió a algo más de un centenar de personas -profesorado, personal de administración y servicios- y tiene como objetivo frenar un plan de ajuste de 16 millones de euros que, según informó la rectora Carmen Vargas en el último Consejo de Gobierno de la Hispalense, incluiría menos contrataciones de profesores y la reducción de grupos docentes.

El sindicato justificó la protesta por la que considera una "grave situación" provocada por el gobierno autonómico. CCOO denunció que la Junta de Andalucía, en su papel de financiadora del sistema universitario público andaluz, está abocando a las universidades a un escenario de recortes incompatible con el mantenimiento de la calidad educativa. En ese sentido, la sección sindical reclamó que "No pedimos dinero extra, sólo lo pactado por Ley. Exigimos el cumplimiento de las subidas salariales de los Presupuestos Generales del Estado; el pago de trienios; los acuerdos firmados y las sentencias ganadas".

CCOO también dirigió sus críticas contra la Ley Universitaria Para Andalucía (LUPA), al considerar que esta norma supone un "desmantelamiento del sistema público" al "no garantizar" la cobertura de gastos para personal, gastos básicos, el 1% del Producto Interior Bruto (PIB) destinado a universidades ni la cláusula de salvaguarda que asegura a cada centro al menos la misma financiación que el ejercicio anterior más los incrementos salariales obligatorios.

Los 449,36 millones asignados podrían no cubrir las nóminas

La rectora de la Hispalense, Carmen Vargas, había trasladado días antes un mensaje de "tranquilidad" a la comunidad universitaria, pero al mismo tiempo detalló la magnitud del problema. Vargas explicó que "la previsión que tenemos actualmente es que la cuantía asignada a la Universidad de Sevilla en el reparto presupuestario aprobado por el Consejo Andaluz de Universidades celebrado el pasado 17 de abril --449,36 millones-- podría resultar insuficiente para atender íntegramente los gastos de personal, incluidos salarios y complementos salariales. Ello es debido a que el incremento de nuestra masa salarial es porcentualmente superior al aumento de la financiación inicialmente recibida de la Junta de Andalucía".

Ante esa situación, la rectora indicó que "la Universidad de Sevilla debe actuar con criterios de prudencia y responsabilidad, revisando y ajustando determinadas partidas presupuestarias con carácter preventivo para garantizar la cobertura de las nóminas hasta final de año". Este ajuste preventivo es precisamente el plan de 16 millones de euros que ha motivado la protesta sindical.

Vargas añadió además que "quedan pendientes de resolver algunas cuestiones de especial relevancia, como el abono completo de las cantidades adeudadas por la Junta de Andalucía correspondientes al ejercicio 2025 tras la mencionada auditoría. Por ello, las universidades públicas andaluzas hemos emplazado a la Junta de Andalucía a seguir negociando con la finalidad de garantizar el cumplimiento íntegro de los acuerdos firmados y por tanto del modelo de financiación que, en este momento, siguen sin atenderse en su totalidad".

Comisión técnica para calcular la cláusula de salvaguarda

En paralelo a la tensión sindical, la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación y los rectores de las universidades públicas andaluzas alcanzaron recientemente un acuerdo, tras meses de negociación, para crear una comisión "técnica" cuyo objetivo será "determinar con total transparencia la cláusula de salvaguarda" del modelo de financiación. En este órgano participará también la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social.

La comisión analizará los "criterios y parámetros usados por las instituciones académicas para calcular los gastos del personal universitario --capítulo 1 de los presupuestos--", con el propósito de eliminar las diferencias existentes en el modo en que cada universidad cuantifica sus costes de plantilla. El estudio contemplará retribuciones adicionales como complementos autonómicos, carrera horizontal, trienios, quinquenios y sexenios, así como los incrementos salariales y el crecimiento vegetativo de las plantillas. Fuentes de la Junta y de los rectores esperan que este análisis, realizado "universidad por universidad", esté listo antes de la primera quincena de julio de 2026.

Críticas por la expansión de la universidad privada

La sección sindical de CCOO en la Hispalense aprovechó la movilización para reprochar al ejecutivo andaluz la autorización de cuatro nuevas universidades privadas, con "más seis que están en espera". El sindicato denunció asimismo que 57 de las 64 titulaciones autorizadas a centros privados son "titulaciones espejo, creadas para hacer competencia directa a la pública", lo que a su juicio genera una "competencia desleal" que debilita aún más la posición de las instituciones públicas en un contexto de restricción presupuestaria. CCOO calificó la apuesta del gobierno autonómico como una apuesta por la "inversión privada" en detrimento de la red pública universitaria andaluza.