Desarticulado en Sevilla un grupo criminal con 2 detenidos y 8 investigados por tráfico de especies exóticas

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Sevilla ha detenido a dos personas y ha investigado a otras ocho como presuntos integrantes de un grupo criminal jerárquicamente estructurado dedicado al tráfico ilegal de especies exóticas, el contrabando, el maltrato animal y otros delitos contra la flora y la fauna. Los arrestados, considerados los principales responsables de la red, han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente.

Los agentes practicaron cinco registros en inmuebles y tres en naves industriales de Sevilla, donde hallaron un total de 256 especímenes de especies protegidas. Entre los animales localizados figuraban varanos de la sabana (varanus exanthematicus), ranas arbóreas de ojos rojos (Agalychnis callidryas), caimanes de anteojos (caiman crocodilus) e iguanas albinas (Iguana iguana).

De forma paralela, la Guardia Civil encontró 61 perros y 28 gatos presuntamente destinados a la cría para su posterior venta ilícita, dado que los responsables del criadero carecían de autorización para desarrollar esa actividad. En uno de los domicilios registrados, los agentes intervinieron 56.965 euros en efectivo, cantidad que presuntamente procedía de los elevados beneficios generados por el comercio ilegal de estas especies.

Origen de la investigación

La denominada 'Operación Zmija' fue puesta en marcha por el Seprona de Sevilla a finales de 2025, en el marco de los planes específicos de protección de especies de fauna y flora silvestre amparadas por el Convenio CITES. A partir de informaciones recabadas por distintas vías, los investigadores establecieron una línea de trabajo centrada en la posible existencia de una organización dedicada a perpetrar delitos contra la fauna y la flora.

Fruto de esas pesquisas, los agentes interceptaron en el Aeropuerto de San Pablo de Sevilla una maleta que contenía diversos especímenes de animales protegidos por el convenio internacional y que carecía de la documentación exigida. Las comprobaciones posteriores permitieron establecer que el envío tenía su origen en la provincia de Sevilla y como destino Las Palmas de Gran Canaria.

Estructura de la red y métodos de transporte

La investigación reveló que el grupo operaba con una estructura definida y jerarquizada, con funciones diferenciadas entre sus integrantes. La organización contaba además con la colaboración de personal de empresas de paquetería no autorizadas para el transporte de animales vivos, que se valía de tratos de favor y falsificaba la documentación necesaria para trasladar los especímenes.

La operación ha culminado con la puesta a disposición judicial de los dos principales responsables de la red en calidad de detenidos, mientras que otras ocho personas permanecen investigadas por su presunta implicación en los hechos.