Huelga de médicos cancela casi 230.000 actuaciones sanitarias en Andalucía en 4 días

La huelga intermitente de médicos que arrancó el pasado lunes ha paralizado en apenas cuatro jornadas un total de 227.685 actuaciones sanitarias en el conjunto de Andalucía, de acuerdo con los datos facilitados este sábado por el consejero de Emergencias, Presidencia y Sanidad de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz. El paro, organizado por varios sindicatos del sector, responde al rechazo al nuevo Estatuto Marco del Sistema Nacional de Salud impulsado por el Ministerio que dirige Mónica García.

El desglose de las cancelaciones acumuladas entre el 18 y el 22 de mayo revela la magnitud del conflicto. Sanz detalló que "no se han podido realizar 127.608 consultas de atención primaria, 78.502 consultas externas, 17.000 pruebas diagnósticas y 4.574 intervenciones quirúrgicas". Solo en la provincia de Sevilla, el impacto se estima en aproximadamente 57.000 actuaciones suspendidas, lo que supone alrededor de una cuarta parte del total andaluz.

El consejero andaluz cargó con dureza contra la titular del Ministerio de Sanidad. Denunció su "falta de responsabilidad, diálogo y sensibilidad" y lamentó que "son las comunidades autónomas las que tienen que aguantar la carga sanitaria" derivada de la protesta. Sanz fue más allá y afirmó que García "se debería de plantear dimitir y dejar paso a una persona que quiera buscar una solución".

Un conflicto que se prolongará hasta junio

La movilización tiene carácter intermitente y escalonado, con semanas de paro previstas hasta junio de 2026. Los sindicatos convocantes argumentan que el nuevo Estatuto Marco no reconoce de forma adecuada la responsabilidad, la formación especializada y la carga laboral que asume el colectivo médico en el sistema público.

Las demandas del colectivo sanitario

Entre las reivindicaciones planteadas por las organizaciones sindicales figuran la implantación de una jornada laboral de 35 horas semanales, una remuneración justa de las guardias, mayor autonomía profesional y la aprobación de un estatuto propio que contemple la carrera profesional y la especialización. El objetivo último de los convocantes es mantener la presión negociadora para abrir un diálogo efectivo con el Ministerio que permita mejorar las condiciones laborales de los facultativos y garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario público.