La Junta y Fiscalía firman en Granada un convenio de 4 años para proteger a menores andaluces

La Junta de Andalucía y la Fiscalía de la Comunidad Autónoma han suscrito en Granada un convenio de colaboración con una vigencia inicial de cuatro años, prorrogable, cuyo objetivo es mejorar el intercambio de información y la coordinación entre las instituciones implicadas en la protección de menores en toda Andalucía. El acuerdo fue firmado por el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones, Antonio Sanz, y por la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago.

El convenio pretende garantizar una actuación más ágil, segura y coordinada ante situaciones de riesgo o desamparo que afectan a menores en la comunidad autónoma. Para ello, involucra a un amplio abanico de organismos: la Fiscalía, la Unidad de Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía (UPA), los servicios sociales, el sistema sanitario, el ámbito educativo y el Instituto Andaluz de la Mujer, entre otros.

Ana Tárrago destacó durante el acto "la relevancia de este convenio para la Fiscalía en su labor de protección de los menores, donde los tiempos de resolución de los expedientes son de vital importancia en su actuación para las situaciones de vulnerabilidad, por lo que hay que dar prioridad a las respuestas en los informes que se solicita a las instituciones". La fiscal superior subrayó así la necesidad de acortar plazos en los expedientes relativos a menores en situación vulnerable.

Un marco para compartir información sin demoras

El texto establece un marco definido para que el intercambio de datos entre administraciones se realice de forma ágil, segura y debidamente justificada. En concreto, refuerza el uso de canales de comunicación fiables, la identificación de interlocutores en cada organismo y la trazabilidad de las solicitudes de información, de modo que cada petición quede registrada y pueda verificarse su recorrido.

Además, el acuerdo fija pautas específicas para actuar con inmediatez en situaciones de urgencia y contempla la designación de puntos de contacto en cada institución, con el fin de agilizar las comunicaciones y evitar retrasos que puedan comprometer la intervención ante casos de desprotección.

Por su parte, Antonio Sanz valoró que la falta de coordinación o los retrasos en el intercambio de información no deben condicionar la respuesta ante situaciones de riesgo, e insistió en la importancia de situar el bienestar de los menores por encima de cualquier traba administrativa.

Formación profesional y comisión de seguimiento

El convenio incluye también el impulso de medidas de formación y sensibilización dirigidas a los profesionales que intervienen en la protección de menores, desde trabajadores sociales hasta personal sanitario y educativo. El objetivo es mejorar la detección, valoración e intervención en casos de posible desprotección.

Para supervisar el funcionamiento del acuerdo, analizar su desarrollo y proponer mejoras, se creará una comisión de seguimiento integrada por representantes de las partes firmantes. Este órgano será el encargado de evaluar si los mecanismos de coordinación funcionan según lo previsto durante los cuatro años de vigencia del convenio.