Investigadores andaluces exigen paralizar nuevos vertidos mineros en el estuario del Guadalquivir

Investigadores de las universidades de Sevilla, Cádiz y Granada presentaron este martes en la Facultad de Química un estudio que reclama una moratoria inmediata de los vertidos mineros al estuario del Guadalquivir, "en aplicación del principio de precaución". La investigación, publicada en la revista científica Integrated Environmental Assessment and Management bajo el título 'Mining discharges and environmental assessment and management in estuaries: insights from the Guadalquivir Estuary, Spain', concluye que estos vertidos "suponen un riesgo para los ecosistemas, la producción de alimentos derivada del río --como la pesca, la acuicultura y la ganadería-- y para la salud pública".

El acto contó con la presencia de ediles de Coria (Sevilla), Chipiona, Trebujena y Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), además de representantes de las federaciones de cofradías de pescadores, la Asociación de Mariscadores de Corrales de Chipiona, Facua, COAG y Ecologistas en Acción. Algunas de estas entidades anunciaron el inicio de acciones judiciales "para esclarecer las responsabilidades de la contaminación por metales y metaloides potencialmente tóxicos de los sedimentos del estuario".

Nuevos vertidos multiplicarían por diez la contaminación actual

Los científicos advierten de que los nuevos vertidos en proceso de autorización -procedentes de las empresas Cobre Las Cruces y Los Frailes- "multiplicarían por diez la contaminación que en estos momentos afronta el estuario". Según el estudio, autorizar estas descargas implicaría que "se sacrificaría el Guadalquivir y las actividades económicas que dependen de él, en favor de la minería".

La investigación sostiene que los sedimentos del estuario interior del Guadalquivir -desde la presa de Alcalá del Río hasta La Puebla del Río- "están gravemente contaminados con metales pesados que proceden del vertido realizado desde 2009 por la empresa minera Cobre las Cruces". Los investigadores subrayan que los modelos de comportamiento de metales utilizados para justificar los nuevos vertidos "son erróneos, aunque los haya aceptado la Consejería de Industria y Minas".

Un estudio previo de la Universidad de Sevilla, con datos de 2022 y 2023, reveló que la mayor concentración de metales pesados en el estuario coincide con la proximidad del área de vertido de la mina Cobre Las Cruces, según confirmó el Vicerrectorado de Investigación de la institución académica.

Actividad de Cobre las Cruces desde 2009

La empresa minera Cobre las Cruces "ha descargado durante años aguas tratadas con alta salinidad y concentraciones significativas de zinc, cobre, arsénico y níquel en el tramo interior del estuario", detalla la investigación. Los científicos denuncian que, aunque las concentraciones respeten los límites máximos permitidos, "estas descargas suponen cada año la entrada de cientos de kilos de metales potencialmente tóxicos".

En diciembre de 2025, la canadiense First Quantum Minerals anunció la venta de Cobre Las Cruces a Global Panduro, S.L.U., empresa controlada por fondos gestionados por Resource Capital Funds, lo que plantea incertidumbre sobre la gestión futura de los vertidos.

El análisis señala además episodios de "contaminación severa" en los ríos Agrio-Guadiamar-Guadalquivir, provocados por el drenaje ácido procedente de las escombreras de la mina de Aznalcóllar. En este sentido, la reapertura de esta mina conlleva la autorización de un vertido tóxico de 85.520 millones de litros al Bajo Guadalquivir, según datos de Conflictos del Agua, lo que acarrearía impactos ambientales y socioeconómicos en una zona declarada ZEC (Zona Especial de Conservación).

Modelos de impacto calificados de simplistas

Los investigadores califican de "simplistas" los modelos de impacto utilizados por las empresas y la Administración "al no integrar el papel de los sedimentos, la biota ni los efectos acumulativos y sinérgicos de dos vertidos coincidiendo en la misma zona". Según el estudio, estas herramientas de evaluación no reflejan la realidad de un estuario dominado gran parte del año por mareas, con caudales fluviales muy bajos y tiempos de residencia del agua superiores a 100 días en el tramo interior.

Los científicos explican que, en estas condiciones, "las partículas contaminadas se suspenden de nuevo una y otra vez y los metales permanecen durante largos periodos dentro del estuario, lo que dificulta su exportación hacia el mar abierto y aumenta la exposición de la biota". Este fenómeno de suspensión repetida agrava la acumulación de contaminantes en los sedimentos y amplifica los riesgos para los organismos acuáticos.

En abril de 2025, alcaldes y empresarios de Sevilla y Cádiz alertaron de que los vertidos mineros en el Guadalquivir podrían hundir su economía, señalando que los sectores productivos tradicionales ligados al río consideran que los vertidos ponen en riesgo unos 60.000 empleos en Andalucía Occidental, según publicó EL PAÍS.

Dictamen discrepante de la Universidad de Sevilla

Frente a estas conclusiones, el Área de Ingeniería Química Ambiental de la Universidad de Sevilla elaboró un dictamen científico centrado en el periodo 2010-2024 que sostiene que la actividad industrial de Cobre Las Cruces "no ha generado impactos adversos en la calidad del agua ni en los sedimentos del estuario".

Según este informe, los niveles de metales en el agua del estuario "se han mantenido muy por debajo de los valores de referencia ambiental", destacando que el cobre presenta concentraciones "hasta cinco veces por debajo del límite normativo". En cuanto a los sedimentos, el dictamen afirma que sus niveles también "se han mantenido muy por debajo de los valores ambientales de referencia".

El análisis del Área de Ingeniería Química Ambiental concluye que "no se detectan efectos acumulativos a lo largo del tiempo, ni cambios atribuibles a la actividad de CLC" y que "No se han encontrado evidencias que demuestren una alteración significativa del estado del medio receptor tras la puesta en marcha de la planta (minera)".

Precedentes institucionales

La preocupación por los vertidos mineros al Guadalquivir no es reciente. En diciembre de 2024, el Defensor del Pueblo Andaluz solicitó la creación de un comité de expertos para analizar las consecuencias de estas descargas en el estuario, según informó Novaciencia. Esta petición evidencia que diversas instituciones vienen demandando medidas de control y evaluación de los impactos ambientales desde hace tiempo.

Los investigadores que presentaron el estudio este martes insisten en que, ante la evidencia científica de contaminación de sedimentos y las limitaciones de los modelos de evaluación actuales, la única medida responsable es decretar una "moratoria inmediata" de nuevos vertidos hasta que se realicen estudios más completos que integren todos los factores ambientales del ecosistema estuarino.