La US calcula en 12,7 millones el desfase entre lo que gastará en plantilla y lo que recibirá este año

La Universidad de Sevilla (US) afronta un desajuste presupuestario de 12,7 millones de euros en la partida destinada a cubrir los gastos de su personal durante el presente ejercicio. El Rectorado ha trasladado al máximo órgano de gobierno de la institución un análisis pormenorizado que sitúa en 462 millones de euros el coste real de la plantilla para 2026, mientras que la dotación procedente del acuerdo alcanzado en el Consejo Andaluz de Universidades (CAU) asciende a 449,3 millones. La diferencia obliga a la principal universidad sevillana a replantear su estrategia de gasto en un contexto marcado por la prórroga presupuestaria.

De los 449,3 millones asignados, 2,5 millones corresponden a la partida de sostenibilidad financiera, y otros 5,5 millones proceden del acuerdo de abril de 2025, destinados al abono de complementos autonómicos y al 50% del quinto tramo de productividad del Personal Técnico, de Gestión y de Administración (PTGAS). A juicio del Rectorado, esa cuantía resulta "claramente insuficiente para la previsión de los costes de personal de este año 2026, cifrados en 462 millones de euros".

El desfase se explica, en buena medida, por la escalada de la masa salarial. El incremento retributivo del PTGAS alcanza el 6,9% este año -un 4% vinculado a la subida salarial de 2025/2026 y un 2,5% adicional por los atrasos derivados de la subida de 2025-, mientras que el Personal Docente e Investigador (PDI) registra un alza del 12,9%.

Gestión prudente y contención del gasto

Ante la brecha entre ingresos y costes, el equipo rectoral ha adelantado que aplicará una política de contención y establecerá mecanismos de control sobre el crecimiento del capítulo 1, el epígrafe presupuestario que engloba los gastos de personal. El Rectorado señaló que "aunque se recibirán mayores transferencia tras el proceso de auditoría o evaluación técnica prevista, al ser un proceso externo y difícil de cuantificar, se considera necesario cubrir ese desfase en el capítulo 1 con el ahorro de otros capítulos de gasto".

La institución académica también advirtió de que "esta incertidumbre obliga a una gestión de los recursos disponibles en el marco de la prórroga presupuestaria basada en el principio de prudencia y con un escenario que aconseja la realización de ajustes bien sea mediante modificación presupuestaria o con la elaboración de un nuevo presupuesto". En esa línea, el informe presentado por Carmen Vargas subraya que la situación actual exige revisar de forma integral el funcionamiento ordinario de la universidad para identificar márgenes de eficiencia y priorizar el uso de recursos.

El Rectorado está valorando un ajuste del presupuesto de 2026 con el objetivo de garantizar el pago del capítulo 1 según lo estimado. Entre los criterios que guiarán las decisiones, la institución indicó que buscará "minimizar el impacto directo en las personas" y que considerará prioritarias todas aquellas medidas que afecten a las retribuciones y al complemento de los trabajadores y estudiantes. Además, la US tiene previsto presentar medidas adicionales que incidirán en aspectos como la racionalización del gasto, la dedicación docente, la asignación del PTGAS, las promociones y contrataciones de personal y los planes propios. El compromiso de la universidad pasa por garantizar que todo el personal perciba lo consolidado en 2025.

Auditorías y expectativa de fondos adicionales

La US confía en que la situación mejore una vez concluyan las auditorías que tanto los campus andaluces como la Junta de Andalucía llevarán a cabo sobre los gastos de personal. La institución espera recibir incrementos adicionales de recursos cuando se disponga de la información que arrojen esas evaluaciones, si bien reconoce que la cuantía resulta difícil de anticipar por tratarse de un proceso externo.

Una comisión técnica para la cláusula de salvaguarda

El acuerdo de financiación contempla, asimismo, la creación de una comisión técnica en la que participarán la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, y los rectores de las universidades públicas andaluzas. Su cometido será analizar, universidad por universidad, los "criterios y parámetros usados por las instituciones académicas para calcular los gastos del personal universitario --capítulo 1 de los presupuestos--", con el fin de eliminar las diferencias de cálculo existentes entre centros.

Fuentes de la Junta de Andalucía y de los rectores indicaron que el objetivo de este órgano es determinar con total transparencia la cláusula de salvaguarda del modelo de financiación, un mecanismo que garantiza que cada universidad reciba al menos la misma cuantía que el año anterior más los incrementos salariales correspondientes. El trabajo de la comisión tendrá en cuenta retribuciones adicionales como complementos autonómicos, carrera horizontal, trienios, quinquenios y sexenios, además de los incrementos salariales de los últimos años y el crecimiento vegetativo de las plantillas. Las conclusiones deberán estar listas antes de la primera quincena de julio.