PSOE de Diputación de Sevilla exige a la Junta que revierta los 100 millones del canon de residuos para amianto
La moción reclama que el ejecutivo andaluz destine a los ayuntamientos lo recaudado con el impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, más de 100 millones de euros anuales, para elaborar los censos y retirar las instalaciones con amianto en los municipios de la provincia.
El Grupo Socialista en la Diputación de Sevilla defenderá en el próximo Pleno provincial una moción que insta a la Junta de Andalucía a asumir "su responsabilidad técnica y financiera" en la elaboración del censo y la posterior retirada de instalaciones con amianto en los municipios. La iniciativa, impulsada por el diputado del Área de Servicios Públicos Supramunicipales Gonzalo Domínguez, reclama la creación de un programa específico de financiación que canalice hacia las entidades locales los fondos del impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos.
El ejecutivo autonómico ingresa anualmente más de 100 millones de euros procedentes de esa tasa, que se recauda a través de los propios ayuntamientos, "mientras estos no reciben ni un solo euro", denunció Domínguez, quien calificó la situación de "atropello inadmisible".
El diputado socialista criticó que "El Gobierno andaluz vuelve a colocar a los ayuntamientos en un orden jerárquico inferior que rompe los principios de lealtad institucional y colaboración de nuestro Estatuto de Autonomía. Ya lo vimos cuando les endosó la responsabilidad de los planes contra el virus del Nilo, que es un problema supramunicipal de salud pública, y lo repiten ahora con una materia tan delicada como el amianto".
Subvenciones de la Diputación ante la falta de recursos municipales
Frente a la inacción que atribuye al gobierno autonómico, la Diputación de Sevilla ha aprobado una línea de subvenciones dotada con 4.195.000 euros para que los pueblos menores de 20.000 habitantes puedan sufragar la redacción de sus censos de amianto. La convocatoria se materializó mediante la Resolución 3781/2026 de 3 de junio, y responde a la falta de recursos de los municipios medianos y pequeños de la provincia.
En su comunicado, el Grupo Socialista censuró "la última práctica del Ejecutivo de Moreno de endosar competencias a las entidades locales con plazos perentorios y modos amenazantes, sin ofrecer ningún tipo de acompañamiento económico ni técnico".
Reproches por la gestión educativa y la FAMP
Domínguez lamentó también que la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente actúe al margen de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), y denunció que el Gobierno del PP "ha sido incapaz de culminar la retirada del amianto en las infraestructuras educativas andaluzas que estaba planificada por el anterior ejecutivo socialista hasta 2022".