Daniel Rivera seguirá procesado por ayudas ERE de 274.509 euros a Minas de Riotinto

El juez de la plaza número 6 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla ha acordado hoy mantener procesado al exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Daniel Alberto Rivera, por presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad documental. La investigación se centra en el pago de 274.509,76 euros en ayudas a la empresa Nature Pack Minas de Riotinto S.A., que formaban parte de un paquete total de 1.240.060,16 euros concedido irregularmente entre julio de 2008 y mayo de 2010.

La decisión judicial supone un nuevo avance en una de las piezas separadas del macrocaso ERE, que investiga el uso indebido de fondos públicos de la Junta de Andalucía para ayudas sociolaborales. La resolución del magistrado recoge que Rivera, con conocimiento de la omisión del procedimiento establecido y sin cumplir los requisitos legales exigidos -como la justificación, el informe jurídico y la fiscalización previa-, procedió al pago de la ayuda utilizando fondos públicos confiados a su cargo.

El entonces director general de Trabajo ordenó el desembolso en dos tramos: el 75 por ciento de la cantidad el 5 de mayo de 2010, y el 25 por ciento restante -68.627,44 euros- el 8 de julio de 2010. Según consta en el auto judicial, el procedimiento seguido estaba absolutamente viciado, carecía de finalidad pública y no contaba con compromisos ni fechas que lo justificaran, lo que provocó un perjuicio a la generalidad de empresas que sí cumplían los requisitos legales.

Sobreseimientos y prescripciones para otros investigados

El magistrado instructor ha acordado el sobreseimiento de las actuaciones respecto de cuatro investigados: un exdirectivo de la Agencia IDEA y tres representantes de la empresa Nature Pack Minas de Riotinto S.A. La decisión se fundamenta en la falta de motivos suficientes para atribuirles participación en los hechos denunciados.

En el caso de dos de los representantes empresariales, el juez ha declarado prescrita la infracción penal presuntamente cometida, al haber transcurrido más de diez años desde la concesión de una ayuda del préstamo de 273.500 euros el 15 de julio de 2008. La Fiscalía había solicitado esta prescripción, que ha sido estimada por el instructor del caso.

El origen de las irregularidades: concesión sin garantías

La ayuda sociolaboral de 274.509,76 euros fue concedida inicialmente mediante resolución de 22 de marzo de 2010 por el entonces director general de Trabajo, Juan Márquez. Este cesó en su cargo el 6 de abril de 2010 y fue sustituido por Daniel Alberto Rivera, quien asumió la responsabilidad de ejecutar el pago.

Según se detalla en la resolución judicial, la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo tramitó la concesión y el pago de las ayudas a Nature Pack sin seguir el procedimiento legalmente establecido. La ausencia de control previo, la falta de informe jurídico y la omisión de la fiscalización necesaria convirtieron el proceso en un mecanismo irregular que vulneraba los principios de transparencia y legalidad administrativa.

La Junta anuló las actuaciones pero la empresa no devolvió el dinero

La propia Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía acordó iniciar un procedimiento de revisión de oficio de las gestiones e instrumentos utilizados para el pago de estas ayudas. Por resolución del secretario general de Empleo de 20 de noviembre de 2018, se declaró la nulidad de las actuaciones llevadas a cabo por la entonces Dirección General de Trabajo y se resolvió que la mercantil debía proceder a la devolución del importe total de las cantidades percibidas indebidamente.

Sin embargo, la empresa Nature Pack Minas de Riotinto S.A. no ha reintegrado dichos fondos públicos, según consta en la causa judicial. Esta circunstancia agrava la situación procesal, ya que evidencia que el perjuicio económico causado a las arcas públicas andaluzas permanece sin reparar más de cinco años después de que la propia administración autonómica reconociera la irregularidad.

La pelota en el tejado de la Fiscalía Anticorrupción

El magistrado ha dado traslado de la causa a la Fiscalía Anticorrupción y a las acusaciones personadas para que, en el plazo común de veinte días, soliciten la apertura del juicio oral contra Daniel Alberto Rivera o el sobreseimiento de la causa. Esta decisión marca el inicio de la fase final del procedimiento abreviado, en la que las partes acusadoras deberán valorar si existen elementos de prueba suficientes para llevar al exdirector general de Trabajo al banquillo.

La resolución judicial recoge que los hechos denunciados podrían ser constitutivos de tres tipos penales: prevaricación administrativa, por dictar resoluciones contrarias a derecho a sabiendas de su ilegalidad; malversación de caudales públicos, por destinar fondos de la Junta de Andalucía a fines distintos de los legalmente previstos; y falsedad documental, por documentar un procedimiento que no se ajustaba a la realidad administrativa.

Una pieza más del macrocaso ERE

Esta pieza separada forma parte del macrocaso de los Expedientes de Regulación de Empleo fraudulentos en Andalucía, una investigación judicial de gran envergadura sobre el uso indebido de fondos públicos destinados a ayudas sociolaborales. El caso ERE ha derivado en múltiples piezas separadas que investigan la concesión irregular de ayudas a empresas, en las que se ha cuestionado la actuación de altos cargos de la Junta de Andalucía entre 2000 y 2010.

La investigación del Tribunal de Instancia de Sevilla sobre Nature Pack Minas de Riotinto S.A. se centra en un periodo concreto -entre julio de 2008 y mayo de 2010- en el que la empresa recibió ayudas por un importe total de 1.240.060,16 euros. De esta cantidad, la ayuda de 274.509,76 euros abonada por Rivera es la que centra la imputación principal, ya que fue ejecutada cuando ya se habían detectado irregularidades en el procedimiento y sin que el entonces director general adoptara medidas para corregir las deficiencias.

El caso pone de relieve las carencias en los mecanismos de control interno de la Junta de Andalucía durante esos años, que permitieron la concesión y el pago de ayudas sin los requisitos de justificación, informe jurídico y fiscalización previa que exigía la normativa. El importe total de 1,2 millones de euros destinado a Nature Pack evidencia la magnitud de las irregularidades detectadas en esta pieza separada, que ahora podría culminar con la apertura de juicio oral contra el exdirector de Trabajo.